Corbiobío insiste en más atribuciones para futuros gobernadores regionales

Bancada regionalista sostuvo, además, que proyectos de descentralización financiera es contradictoriamente centralista, y no fortalece el Fndr.

El 2021 será un año clave en materia de descentralización, puesto que el 1 de enero entrarán en vigencia parte de la normativa aprobada durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Es decir, el traspaso de 23 competencias desde Sercotec, Fosis, Corfo y los ministerios de Transportes y Vivienda a los Gobiernos Regionales, que podrán ser permanentes o con plazo de vigencia.

Se suma a ello la elección de gobernadores regionales de abril.

Pero, claro, en estos aspectos aún hay debilidades en la actual normativa por lo que el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de Ley que pretende mejorar las falencias existentes, en conflictos que se podrían crear, por ejemplo, entre el gobernador regional y el delegado presidencial.

En este contexto, Corbiobío diseñó una serie de propuestas que pueden ser incluidas en el debate parlamentario. Una de ellas conformar un Observatorio de Descentralización autónomo que defina la situación de las competencias. “Podrían existir tensiones entre los gores y el nivel central por las evaluaciones de las competencias”, explicó el director de la entidad, Andrés Cruz.

“Hay una omisión con respecto a la acusación constitucional de los gobernadores regionales, ya que no quedan claras las causales. Y con respecto a las controversias entre el gobernador y el delegado presidencial, debe ser la Contraloría quien las resuelva”, sostuvo.

Descentralización financiera

Otro de los puntos en donde la organización regional mostró sus reparos fue en el proyecto de ley de Descentralización Financiera de los gobiernos regionales.

Varios promotores de la descentralización esperaban en este proyecto la anhelada ley de Rentas Regionales y que se pudiera tributar en las respectivas zonas, pero nada de eso se incluyó.

Por ello la corporación sugirió que el proyecto de ley debe ser modificado por una “Ley de rentas regionales con criterios y estructura de financiamiento para gores”. A lo anterior, sumó que se deben entregar recursos de forma directa desde los gores a los municipios.

Además, pidieron crear impuesto verde como ingresos de libre disposición que provenga desde las empresas de la región.

Reacciones políticas

En la actividad de Corbiobío, realizada ayer, estuvieron presentes representantes de la bancada regionalista, quienes entregaron su postura de cara al debate que viene.

El diputado, Rodrigo González (PPD), dijo que “entre lo positivo, la ley de descentralización financiera entrega mayor autonomía, criterios objetivos de distribución y responsabilidad fiscal. Pero contradice el espíritu de descentralización, no fortalece el Fndr y es centralista”.

A lo anterior, sumó que existe un enfoque erróneo de la normativa por parte del Ejecutivo, ya que “el proyecto de ley es conservador, centralista y concentrado en el control de los recursos. Se enfoca en el control y fiscalización de los recursos que administrarán los gores”.

Su par, Jaime Tohá (PS), adelantó que será muy difícil lograr un cambio que considere mayor financiamiento a raíz de la situación sanitaria en el país. “La pandemia será un argumento para no hacer modificaciones de fondo. Este año hay una subejecución en el presupuesto y en base a eso el gobierno habla de un aumento. Tenemos límite al gasto, más que un presupuesto”, acusó.

Proyectos de ley sobre descentralización

El 30 de septiembre ingresó al Senado, y en el más absoluto hermetismo, el proyecto de descentralización financiera de los Gobiernos Regionales.

Desde esa fecha, hasta hoy, el proyecto se encuentra con urgencia simple y está estancado en la comisión de Hacienda del Senado en su primer trámite constitucional.

Algo similar ocurre con el proyecto que pretende mejorar la actual normativa, que fue ingresada el 6 de octubre por el Ejecutivo al Senado y cuyo debate también se encuentra paralizado en las comisiones de Gobierno y Hacienda de la Cámara Alta.

Lo anterior, es complejo para la tramitación de ambos proyectos teniendo en cuenta que desde el Gobierno pretenden tener ambas leyes aprobadas antes de la elección de gobernadores del próximo 11 de abril.