El oficialismo se cuadró con la institución y criticó a Contraloría. La oposición respaldó el accionar del organismo e indicó que la policía “debe responder”.
La investigación que la Contraloría General de la República (CGR) realizó contra funcionarios de Carabineros por la manera en que desarrollaron sus labores de control del orden público durante la crisis social desató una verdadera polémica, puesto que, terminó con la formulación de cargos contra siete generales por no haber adoptado las medidas necesarias para realizar el adecuado despliegue de los servicios.
Tras los resultados de la indagatoria encabezada por el contralor general, Jorge Bermúdez, diputados de la UDI y RN anunciaron la presentación de una denuncia contra el organismo ante entidades internacionales buscando que “estos organismos fiscalizadores no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos” enfatizando en que deben realizar sus funciones con “objetividad, sin dar concesiones o un trato indulgente a quienes resultan afines a sus ideas político-partidistas”.
Con estos antecedentes, parlamentarios de la Región manifestaron su opinión respecto al tema. “La CGR está al límite de la legalidad pronunciándose respecto al procedimiento de Carabineros en el control y cuidado del orden público. La entidad no tiene ni los expertos ni los conocimientos específicos para determinar cuándo se usa o no un carro lanza aguas o se dispara una bomba lacrimógena”, comentó el diputado Enrique Van Rysselberghe (UDI).
Por su parte, el diputado Cristóbal Urruticoechea (RN) apuntó sus críticas al contralor Bermúdez. “De los antecedentes que han trascendido públicamente, pareciera que el contralor Bermúdez se ha excedido en sus atribuciones, inmiscuyéndose en ámbitos que se encuentran al margen de su competencia. Es algo preocupante que pone en jaque nuestra democracia y nuestra institucionalidad”, explicó.
Desde la oposición, respaldaron las indagaciones hechas por la CGR. “La Contraloría sí tiene atribuciones sobre los servicios públicos. Carabineros son funcionarios públicos y deben someterse a estas normas. Que haya existido un estado de excepción constitucional post 18-O no les daba derecho a hacer lo que quisieran. Por lo tanto, tienen responsabilidad penal y administrativa, y ambas deben ser perseguidas. El alto mando de la institución debe responder a la CGR”, comentó el diputado Félix González (PEV).
Por su parte, el diputado Manuel Monsalve (PS) consideró insólito el que el oficialismo quiera llevar a la CGR ante organismos internacionales. “Contraloría tiene el mandato constitucional de fiscalizar a instituciones para que cumplan con sus deberes legales y administrativos. Es insólito que cuando una institución cumple su función, la derecha lo denuncie. Estamos ante un hecho específico y grave como lo fue la vulneración de derechos en el estallido social. Hay que investigarlo”, sostuvo.