Desde la Moneda, argumentaron que el Nuevo Servicio Especializado de Protección de la Infancia no puede estar supeditado a la ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez.
El mismo día que el Gobierno no pudo frenar la aprobación del proyecto que permitió que miles de chilenos retiren su 10% de las AFP, se ingresó al Parlamento un veto aditivo respecto a las reformas que buscan terminar con el actual Servicio Nacional de Menores (Sename).
El veto busca de estar forma amarrar el inicio del nuevo Servicio Especializado de Protección de la Infancia con la entrada en vigencia de la ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que va recién en su segundo trámite legislativo en el Senado, luego de tres años de tramitación.
Para justificar dicha acción, desde La Moneda, argumentaron que “está en tramitación en el Congreso Nacional y no fue parte de lo acordado en ninguna de las instancias previas a la Comisión Mixta, precisamente para evitar que ambos debates estuvieran condicionados”.
La situación fue catalogada de lamentable, por la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien indicó que “vetar la Ley de Servicio Especializado de Protección de la Infancia, conforme fue definido en tramitación legislativa, por tener dentro de los ámbitos del veto la eliminación de la norma que condicionaba el surgimiento del Servicio a la Ley de Garantías, que es una ley elemental y urgente para poder avanzar en la protección de los niños, niñas y adolescentes, fomentando una estructura de garantías que parta en fomentar los derechos como elementos centrales a nivel territorial y que cada día sean menos los niños que deban relacionarse con un servicio de protección especializado”.
Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabaja con niños vulnerables, explicó que el 30 de julio se iba a discutir la admisibilidad del veto, situación que no ocurrió, y considerando que el presentado por el Presidente Sebastián Piñera tiene más de 30 indicaciones, pone en riesgo todo lo que se pretende modificar.
Otro de los factores que esperan que no prospere son aquellas supresiones que hace el veto, en términos de eliminar exigencias adicionales que puso la Comisión Mixta al rol de los organismos colaboradores.
“Esto es preocupante, porque el veto va al corazón del ‘Acuerdo por la Infancia’, porque eliminaría gran parte de las facultades de fiscalización, la responsabilidad, inhabilidades, el conflicto de interés y otras disposiciones de los Organismos Colaboradores, los cuales están cuestionados por vulneración de derechos, establecidas en informes de comisiones especiales del actual Sename, auditorías de organismos internacionales, del Poder Judicial y del Ministerio Público, entre otras, lo que sería perjudicial, pues de aprobarse sería mantener todo lo que ya está”, explicó Sánchez.
Por su parte, la defensora Patricia Muñoz sostuvo que “nos parece clave y central que estos organismos tengan exigencias muy contundentes en términos de todo lo que involucra la responsabilidad en el ejercicio del cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes, porque de otra manera puede ocurrir que organismos que ya han sido vinculados a hechos de vulneraciones de derechos, en definitiva, puedan reacreditarse, lo que nos parece crítico. Hemos solicitado al Parlamento que considere los estándares de Derechos Humanos, para efectos que la Ley de Garantías surja con la máxima brevedad y con calidad para establecer los derechos de los niños y sus familias”.
El no vetarlo permitiría que no se vuelvan a repetir situaciones de vulneraciones de derechos gravísimas, como abusos sexuales, como la ocurrida en el Hogar Nido de Hualpén.
“Lo ocurrido en ese hogar, surgió en el año 2017, después hubo nuevos antecedentes el año 2019 y si no es por la querella que presenta la Defensoría de la Niñez, este tema habría muerto ahí. Además, aparecieron otras denuncias, de acuerdo a las adopciones irregulares, donde la tasa de susceptibilidad de adopciones era cerca de un 80%, lo que se podría evitar si no se avanza con el veto”, sostuvo el gerente de San Carlos de Maipo.