Miles de chilenas y chilenos estuvieron atentos a las distintas plataformas de la Cámara de Diputados el miércoles pasado para saber la decisión de los parlamentarios respecto al proyecto que busca el retiro de un 10% de los fondos previsionales de los afiliados a las AFP.

Una ciudadanía más empoderada, que por momentos colapsó la transmisión online y utilizó redes sociales para un debate muy fundamentado, fue testigo de políticos que se vieron obligados a votar por sus convicciones y dejar de lado las presiones de sus colectividades.

Con las deficiencias propias de lo que significa un retiro masivo de los fondos previsionales en el país, la iniciativa aún así sigue cosechando adhesión, lo que pone presión al Senado y al Gobierno, que ven cómo esta moción sigue su camino en el Congreso.

El director de Creasur de la Universidad de Concepción (UdeC), Esteban Valenzuela, comentó que “Chile ha mejorado mucho su política para mejorar la pobreza, se logró la gratuidad en la educación, la salud tiene problemas, pero funciona, el gran tema que apareció en lo social son las malas pensiones y la vulnerabilidad que provoca”.

Explicó que “ha habido interés y comprensión de los abusos del sistema, la mayoría está por algo mixto, que se siga invirtiendo la plata, pero sin los privilegios que reciben algunos. Países de alto desarrollo tienen un sistema público que mueve los recursos, pero genera una tasa de jubilación cercana al 60% y 70% de lo que ganaban las personas. Organismos demostraron que en el largo plazo retirar un 10%, fondos acotados, es bastante insignificante, es una opción voluntaria, no va a haber ninguna catástrofe”.

El académico de la UdeC y vicepresidente de Corbiobío, Andrés Cruz, señaló que “de la manera que se está abordando este tema es peligroso, se generan muchas expectativas sobre la aprobación de una idea de legislar, tiene que pasar muchas etapas aún. Más que algo que pueda tener efecto social futuro, constituye un golpe simbólico a uno de los pilares esenciales sobre los cuales se construye el modelo económico a nivel nacional, lograr valerse de manera obligada del dinero que ha sido obtenido como consecuencia del trabajo de la población para lograr beneficiar con el trabajo del uso del mismo a sectores privilegiados, ese golpe simbólico implica un remezón importante con consecuencias insospechadas en el futuro, considerando que ahora en la población, hay un alto interés del problema, lo que significa que es muy difícil dar pie atrás”.

La analista política y académica de la UdeC, Jeanne Simon, precisa que “el cuestionamiento de las AFP ha aumentado en el tiempo, emergiendo como uno de los principales problemas en la encuesta CEP de septiembre y octubre del 2017. La movilización ‘No+AFP’ incidió mucho. También fue un tema en el estallido social. Existe mucha preocupación sobre las malas pensiones y los altos costos de salud. Ahora, con el confinamiento, la ciudadanía tiene mayor tiempo para informarse y muchos están preocupados por la falta de ingresos, han pagado su AFP y durante años nos han informado que es ‘nuestro dinero’. El caso de la profesora, quien fue autorizada para retirar sus fondos, abre la posibilidad”.

El doctor en Economía, Leonardo Salazar, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (Facea) de la UdeC e Investigador del Centro Fondap (Incar), detalló que “el proyecto no debería causar efectos negativos si se establece algún mecanismo para que la pensión de las personas afectadas no se deteriore. Además, si el proyecto se concreta, se verificará una mayor liquidez en la economía, lo cual podría causar, temporalmente, un aumento en el nivel de precios de algunos productos. La ciudadanía desprotegida económicamente durante la pandemia, sobre todo la de clase media, por supuesto manifestará adhesión a la medida. La ciudadanía, al ver un deterioro inminente de su bienestar y sin medidas que realmente la apoyen, adhiere al proyecto del retiro del 10% de los fondos de la AFP porque lo ve como una opción pronta, que no generará endeudamiento”.