El pago de los permisos de circulación puso en el escenario político nuevamente enfrentamientos entre distintos poderes del Estado, a través de sus autoridades.

Lo que era un trámite simple y rutinario, debió abordarse de forma más prolija a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Sin embargo, descoordinaciones entre gobierno, parlamentarios y alcaldes, generó que muchas personas salieron a exponerse innecesariamente en días que se recomienda el aislamiento social.

La falta de comunicación entre los representantes de la ciudadanía se ha hecho evidente en los tiempos de crisis, dejando principalmente a la población como los más perjudicados por este desorden administrativo.

“Desde el gobierno se observa una tendencia de centralizar la toma de decisiones, a pesar que no tiene suficiente conocimiento de la diversidad territorial. Los alcaldes han utilizado los medios de comunicación para poner sus temas en la agenda y han logrado generar presión al gobierno central. Los parlamentarios en tiempos normales juegan un rol de broker en relación con los alcaldes. Todo lo que pasó demuestra la falta de coordinación, la falta de confianza, y la falta de conocimiento de las atribuciones de los distintos niveles de gobierno. Se ha mejorado con la Mesa Social Covid-19, pero aún falta mayor comunicación y confianza en las buenas intenciones del otro”, señaló Jeanne Simon, académica y analista política de la Universidad de Concepción (UdeC).

Por su parte, la socióloga y directora del magíster Política y Gobierno de la UdeC, Violeta Montero, comentó que “hemos observado muestras de descoordinación, falta de acuerdo y legitimidad entre las distintas autoridades políticas del país. El rol del Estado parece ser clave en un contexto de emergencia, pero al mismo tiempo, valoro la existencia de autoridades locales con más espacios de acción, construcción y propuestas en base a su conocimiento directo”.

En su opinión, “el problema es resolver las decisiones entre unas y otras autoridades. Las autoridades centrales son necesarias, uno asume que tienen conocimiento, y acceso a recursos fiscales para asumir esto con criterios de equidad, dejar la decisión a las comunas es riesgoso, porque no hay igualdad de condiciones económicas entre ellas. Sin perjuicio de lo anterior, hay que avanzar hacia grados mayores de autonomía de las autoridades locales porque gozan de mayor legitimidad política”.

Cristian Duarte, director del Centro de Estudios Impulsa Bío Bío, indicó que “como consecuencia de la baja aprobación del Presidente, Sebastián Piñera, y el Ejecutivo en su conjunto, por el mal manejo de la crisis política de octubre, se instaló la idea de que los alcaldes eran los interlocutores válidos con la ciudadanía y las organizaciones sociales. En el transcurso de esta emergencia, los alcaldes han aprovechado la cobertura mediática ad portas de la próxima elección municipal, con anuncios y medidas fuera de sus atribuciones. Es el momento de cerrar filas tras la gestión del ministerio de Salud”.

Para Andrés Cruz, académico de la Universidad de Concepción, y vicepresidente de Corbiobío, es “indudable que se requiere de mayor prolijidad a la hora de legislar. Más aún cuando se trata de situaciones de excepción y no siendo un asunto altamente complejo, como el permiso de circulación, de lo que se desprende la mala calidad de la asesoría parlamentaria, lo que nos lleva, por supuesto más adelante, a evaluar en serio cómo se están gastando los recursos públicos asignados al Congreso para estos efectos”.

En cuanto a los enfrentamientos entre autoridades, Cruz comentó que “mientras se den dentro de los canales institucionales, son propios de un sistema democrático”.