Socióloga de profesión, Lorena Lobos Castro se desempeña como funcionaria en Serviu. La actual presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), dialogó con Diario Concepción acerca de la vinculación de los empleados públicos con el movimiento social, y el costo que ha tenido ser participantes activos del estallido social.

El desconocimiento ciudadano ha puesto a los empleados públicos en una situación que a juicio de ellos es injusta, y que no refleja la realidad de muchos funcionarios que se plegaron a las movilizaciones para exigir sus propias demandas.

– ¿Cómo han vivido los empleados fiscales el presente estallido social del país?

– Hay varios temas que trascienden que eran parte ya de nuestras demandas, como por ejemplo la estabilidad del empleo de parte del Estado. Hoy día un empleado particular tiene ciertas condiciones de empleo que son mucho mejores que las de un funcionario público, con derecho a indemnización por años de servicio, contratos indefinidos, y prestaciones que no están definidas para los funcionarios públicos. Por otro lado, éramos parte del Instituto de Previsión Social y fueron obligados a cambiarse al sistema de AFP actual, se generó un daño previsional importante. Hay funcionarios que por décadas trabajaron a honorarios sin cotizaciones ni seguros sociales, y que siguen estando sin esas coberturas. Los funcionarios públicos son pobres para acceder a una vivienda propia, pero para subsidios tienen rentas demasiados altas para calificar. No tenemos una cobertura social que permita a los funcionarios subsistir.

– ¿Cómo les afectó ser parte del movimiento social en las renovaciones de contrato?

– Tuvimos más de 1.200 casos de despido. Lo sentimos como el castigo a los funcionarios que decidieron ser parte de este estallido social, manifestarse y ser parte de las demandas de la ciudadanía. Sentimos que se castigó respecto a eso, así como también en el resultado de la ley de reajuste, que coincide con la realidad del país. El reajuste del sector público este año por primera vez en la historia era inferior al IPC.

– ¿Existe un desprestigio del funcionario público en la ciudadanía?

– Existe un profundo desconocimiento de la ciudadanía. Siempre en noviembre existe una campaña de desprestigio, que somos los mejores pagados del sistema, que cualquiera quisiera nuestros sueldos, que tenemos rentar sobre el mercado, y eso no es efectivo. Existen funcionarios públicos con rentas de maravilla, pero no es la realidad de los servicios descentralizados, sino de Fuerzas Armadas, Carabineros, que también corresponden a funcionarios públicos. Existe una distorsión de lo que es hoy día el funcionario público de servicios descentralizados, del área de salud, respecto a otros servicios como fuerzas de orden, de TVN, de Codelco, que son funcionarios públicos, pero con realidades distintas.

– ¿Influye en este desprestigio que los gobiernos de turno integren asesores con sueldos elevados y sin mediar concursos de por medio?

– Tiene que haber una distinción entre la función pública del Estado y del Gobierno. Efectivamente, hay funcionarios de gobierno, los gobiernos tienen que gobernar y nosotros no nos hemos opuesto a aquello. Hoy día esa distinción no existe, y los funcionarios del Estado, que servimos al Estado y no al gobierno de turno, somos un lote de funcionarios que ganamos poco, estamos sometidos a condiciones extremas, a vulneraciones de derecho. Existen diferencias profundas dentro de la administración pública.

– ¿Cómo ha sido la relación de la Anef con el actual gobierno?

– Hoy día existe una falta de diálogo con el gobierno. Es un gobierno que no se ha sentado a dialogar para ofrecer soluciones respecto de la situación de la función pública, de la crisis social, y de cualquier problema que se le ponga en la mesa. Se impone una manera de hacer las cosas y si no resuelve el problema, no es su tema. Es un gobierno que le da la espalda a los problemas y ahí se generan las distancias.