Largo y complejo ha sido el debate durante este 2019 sobre la forma en que se está financiando la educación superior en nuestro país. La aplicación de la gratuidad terminó generando más de un dolor de cabeza, tanto en el gobierno como en las casas de estudios, por lo que ahora se buscan fórmulas para mejorar la actual normativa.
Son muchas las causas que podemos mencionar que nos han llevado a la situación que viven hoy en día las universidades del país, especialmente aquellas que se encuentran en gratuidad.
Algunos argumentos, como los del actual gobierno, hablan de una mala normativa y que solo deben aplicar, otros actores hablan de una falta de voluntad. Pero hasta el minuto ninguno ha llegado a un consenso sobre cómo se debe mejorar el sistema de financiamiento de la educación superior.
Esto fue parte del debate que se tomó el pasado jueves una nueva edición de los “Diálogos del Presente” que se realizó en la Universidad de Concepción y que contó con la presencia de Natacha Pino, rectora de la Universidad de Aysén, Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, quienes analizaron las causas de la normativa, las realidades y lo que viene.
La propuesta que realizaron los rectores Carlos Saavedra y Carlos Peña que se relaciona con incluir nuevas variables al momento de calcular la extensión de la gratuidad universitaria, como el ranking de duración de las carreras que tiene la Ocde, la vulnerabilidad de los estudiantes, regionalización, entre otros factores pueden ser recogidos como una alternativa, puesto que muestra distintas realidades.
“El desafío es relevante, Chile es el país de la Ocde que más invierte en educación terciaria un 2,7% del PIB, pero la composición es distinta. Un 1,1% lo aporta el Estado y la diferencia las familias y lo que pretendemos abordar es cómo afecta este cambio en las políticas públicas a las familias y una real inclusión”, argumentó el rector de la UdeC Carlos Saavedra.
Las visiones y realidades de las otras universidades, a continuación.
“La Universidad surge por una necesidad, a los niños desde chicos los preparan para irse a estudiar fuera de la región. En este minuto funcionamos con 30 académicos de planta y es un gran desafío, queremos marcar más diferencia en la región”.
“El financiamiento es un problema para todas las instituciones, independiente de su tamaño, nos financiamos de la gratuidad y nos va a pasar lo mismo cuando nuestros estudiantes empiezan a retrasarse y tendremos que ver cómo cubrimos esa diferencia, pero todo lo tenemos a escala más pequeña. Tenemos que ver cómo diversificamos nuestros ingresos”.
“Nosotros aportamos con un espacio formativo y bien normado con todo lo que puede aportar una universidad estatal, nos falta conexión ya que región de Aysén es muy dispersa geográficamente y es parte de nuestro propósito llegar a todas las comunas, pero a algunas te demoras 16 horas. Todavía te encuentras con estudiantes que no tienen internet, hay mucha ruralidad y alta aislación y queremos avanzar en conectarnos con la región”.
“La gratuidad no se puede transformar en una beca, es tu derecho a estudiar. El proyecto original apunta a algo universal y vamos en el sexto decil y ya vemos problemas en el financiamiento de las universidades. No es lo mismo hacer universidad en Santiago que en Magallanes o en Antofagasta, tampoco es lo mismo tener un cuerpo investigador de mil académicos al mío, que es de 30, son realidades distintas”.
“La gratuidad, que es el financiamiento bajo rentas generales de quienes ingresan a la Universidad Diego Portales y pertenecen a los seis primeros deciles, ha generado una cierta merma que estimamos entre 2015 y este año en 8 mil millones de pesos. Ese monto se ha compensado con el crecimiento proporcional de los estudiantes. Mirando las cifras, uno puede llegar a la conclusión de que los ingresos se han mantenido, pero los ingresos por estudiante han disminuido”.
“Un tercio de nuestros estudiantes pertenece al décimo decil y no tiene arancel regulado y eso es distinto a las universidades regionales y públicas. Tenemos una fuente diversificada de ingreso, pero la gratuidad nos ha generado una lesión financiera estratégica”.
“La propuesta que hicimos con el rector Saavedra se relaciona con el financiamiento del exceso en la duración nominal de la carrera. Si esto dependiera del esfuerzo del estudiante o del buen diseño que hace la universidad, es razonable distribuir el coste del atraso entre esas dos instituciones. Pero a la conclusión que llegamos, es que el atraso de los estudiantes depende de factores distintos a la universidad y a los propios alumnos; son factores contextuales o ambientales. Es sensato tomar en cuenta esos factores para distribuir el costo, por lo que debe salir de rentas generales. La universidad no puede acelerar la salida de estudiantes y ellos no lo pueden hacer por déficit de capital cultural u otro, no es razonable poner sobre ellos el coste del año excesivo sobre la duración nominal”.
“En la discusión de la ley no nos sentamos a conversar sobre el tipo de financiamiento y sobre qué tipo de educación queríamos generar o alcanzar. También es claro que producto del diseño de la gratuidad se han generado una serie de problemas en su implementación, ahí vemos lo que está ocurriendo con la sobre duración, los déficits que están ocurriendo en las universidades y los topes que hay en ellas, puesto que no se les permite un desarrollo general de la educación en innovación, investigación, etc.”
“La gratuidad se plantea como la forma de acceso y sólo se preocupa de eso, el problema está en que se piensa en políticas acotadas y cortoplacistas y no se tuvo en consideración todo lo que implica el financiamiento y sus efectos en la educación superior”.
“Uno de los objetivos de la gratuidad era mejorar el acceso a los estudiantes más vulnerables y eso no lo ha logrado. Con todas las ayudas estudiantiles uno veía un mayor ingreso, ahora se ve una mayor distribución de los estudiantes y todos estos problemas se dijeron”.
“La ley de Educación Superior pretendía ser una gran reforma, pero nos dejó con muchas confusiones en muchas materias, no solo en el financiamiento y no hay una voluntad política para realizar un debate sobre un real sistema de educación a largo plazo como una política pública necesaria. La gratuidad obliga a las instituciones a golpear la puerta para pedir más recursos”.