Gore Bío Bío admite que no hay plan “B” por inicio de ley de Jibia

Desde el Ejecutivo aseguran que los mayores problemas no se verán al momento que se implemente la normativa, sino que los efectos se dejarían sentir con más fuerza a partir de enero.

La entrada en vigencia de la ley que regula el arte de pesca de la Jibia está trayendo más de un dolor de cabeza a los incumbentes en el área; Gobierno, pescadores (artesanales e industriales) las propias pesqueras y los parlamentarios que deben definir el futuro de la iniciativa.

Y es que uno de los problemas que se avizora si es que se cumple el pronóstico de las fuentes consultadas por Diario Concepción, la prórroga en el inicio de la Ley de la Jibia será rechazado en la sala. Y según han anticipado los propios industriales, la entrada en vigencia de la normativa traería consigo una ola de despidos, en las firmas que se verán desplazadas por la nueva regulación.

Macarena Cepeda, presidenta de Asipes, aseguró en entrevista con este medio que serán cerca de 1.700 los empleos que ellos proyectan que se perderían una vez que entre en vigencia la nueva ley.

La ejecutiva aseguró que las empresas por el minuto no tienen un plan de reconversión para esas personas. “No. Por el momento no están las señales regulatorias claras para poder proyectar una reconvención de este tipo por parte de la industria. Nosotros necesitamos certeza jurídica para poder proyectar nuestro crecimiento e inversión”, explicó Cepeda.

Y pese a que se avisora una fuente de conflicto futuro, en el Gobierno aseguraron que hasta el minuto no tienen ningún plan de contingencia para ayudar a paliar las pérdidas de trabajo en el sector de la pesca industrial.

De acuerdo al intendente Sergio Giacaman, no es necesario tenerlo en este minuto, ya que los mayores problemas serán en el mes de enero: “El problema no se va a suscitar inmediatamente, ya que en el mes de agosto dejaban de capturar este elemento y es en el mes de enero que comenzaría esta dificultad”.

“Todo mal hecho”

Las declaraciones de la máxima autoridad regional no fueron recibidas por la oposición, desde donde acusan improvisación, aunque matizando que el problema, más que local, viene desde Santiago. El diputado PS Jaime Tohá, que es miembro de la comisión de Pesca, estima que existe un mal trabajo por parte de La Moneda en el tratamiento de esta normativa desde su génesis. “Primero, dijeron que era inconstitucional y que la llevarían TC; no lo hicieron, después anunciaron un veto que tampoco concretaron. Ahora está la moción que no tuvo urgencia y el Gobierno le puso urgencia cuando el plazo ya se acababa. Desgraciadamente el Gobierno queda en un muy mal pie frente a todos los actores”.

En su opinión, el Ejecutivo tuvo seis meses para trabajar un plan de contingencia y no lo hizo. Pero sus críticas apuntan más allá: “La industria tuvo el mismo plazo para adaptar sus embarcaciones, pero tampoco han hecho nada”.

En tanto, su colega en el hemiciclo, el diputado Gastón Saavedra, indicó que por los plazos de la normativa ya debería existir un plan de contingencia. “Acá hay que observar la realidad del mundo pesquero, las plantas van a tener un problema complejo y debemos tomar decisiones para paliar las dificultades socioeconómicas y el Gobierno debe asumir una responsabilidad”.

Pescadores molestos

Para ayer viernes, se esperaba el inicio de una mesa de trabajo entre los pescadores industriales y el intendente Sergio Giacaman, la que fue suspendida por la autoridad.

Giacaman justificó la medida en que “lo conversamos con ellos y definimos en conjunto que este no era el mejor momento. Una cosa es sentarnos a la mesa, pero hay conversaciones de forma permanente con ellos”.

Mientras que Hugo Roa, dirigente de los pescadores industriales, lamentó la actitud tomada por la autoridad. “Por lo menos, podría haber dado una explicación, él debería haber seguido con la citación, se nos falta el respeto y pareciera que el tema no es importante para él”.