En la comuna puerto surgen dudas en uno de los participantes en la licitación para la repavimentación de Jaime Repullo. Mientras que en la otra acusan problemas en la ejecución de un programa de cámaras de seguridad.
Dos peticiones de fiscalización fueron ingresadas durante este viernes en la Contraloría Regional de la República.
Ambas se relacionan con dineros provenientes del aparato estatal y cuyo futuro genera ciertas dudas en los recurrentes.
El primero que llegó hasta las oficinas de O’Higgins 74 fue el diputado por el Distrito 20, Gastón Saavedra, quien realizó una presentación que se relaciona con la licitación de las obras que se deben realizar en la calle Jaime Repullo de Talcahuano, las que tienen una inversión de $10.010.973.000, que es financiado íntegramente con dineros del Fndr.
De acuerdo al documento, la empresa “Tapusa S.A. Agencia en Chile” no cumpliría uno de los requisitos expresos de las bases de licitación, que es presentar un “certificado de experiencia en obras civiles ejecutadas en el rubro y emitidos por organismos públicos o privados, reconocidos por el Estado”, que en caso de ser fuera de las fronteras, debe ser validado por Cancillería, MOP y el Ministerio de Vivienda.
El parlamentario aseguró que “hay materias que generan dudas, no se cumplen las bases de licitación y aquí los temas de probidad y transparencia no deben estar exentos. Esta empresa ha trabajado en el país y ellos no son claros en la presentación documentación”.
Saavedra manifestó que desde el propio municipio existió una observación al proceso realizado.
Desde el municipio chorero, el alcalde Henry Campos aseguró que no es primera vez que alguien de la familia Saavedra hace acusaciones en Contraloría. “Estamos en un estado de derecho y esto se puede hacer, el concejal Saavedra ya ha hecho esto y Contraloría no dio a lugar. Tras esto, hay informes en derecho y es la propia comisión de adjudicación que propone a la empresa y dudas técnicas siempre pueden haber. Acá hay razones políticas que es retrasar el avance de Talcahuano”, acusó el jefe comunal.
En tanto, los concejales de Hualpén también recurrieron al ente fiscalizador en contra, otra vez, de la alcaldesa Katherine Torres.
Esta vez, por la no ejecución del plazo previsto de un proyecto con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para la instalación de 13 cámaras de televigilancia para la comuna.
Si bien el proyecto se realizó e, incluso, será inaugurado hoy, los poco más de $143,6 millones que se invirtieron por la subsecretaría deberán ser restituidos por el municipio.
Esto generó molestia en los ediles de la comuna, quienes acusaron irresponsabilidad por parte de la alcaldesa Katherine Torres.
El concejal Felipe Rodríguez (RN) aseguró que existe una negligencia con los recursos municipales “Hace más de dos años, se adjudicaron estos proyectos de seguridad ciudadana, pero está administración no los ejecutó y desde la Subsecretaría están pidiendo la restitución de los dineros involucrados”.
Mientras que Oclides Anriquez (PS) fue aún más tajante y acusó a la jefa comunal de ser irresponsable. “La alcaldesa ha cometido estos errores, ella no ha hecho la pega y debe asumir desde su propio pecunio. Esto es muy grave, ya que se le advirtió a la alcaldesa de esta situación y no nos hizo caso, ella no está pensando lo que hay que hacer”, aseveró.