Justicia confirma expulsión de estudiantes por Aula Segura

El 3 de abril pasado, un grupo de alumnos agredió a una profesora y a una asistente en una protesta. Sólo uno de los alumnos siguió con la acción legal hasta el fallo.

En la Corte Suprema terminará el conflicto entre uno de los seis estudiantes del liceo Enrique Molina, expulsados del establecimiento en abril pasado, tras la agresión a una profesora y a una asistente de la educación en una protesta que terminó en las afueras del recinto.

Esto, porque la Corte de Apelaciones penquista validó el procedimiento realizado por el liceo y confirmó la expulsión del estudiante S.R.A, el único que siguió adelante con la acción legal. De los seis expulsados, cuatro recurrieron a la justicia.  Sin embargo, tres desistieron en el camino, por lo que uno solo llegó hasta la resolución del tribunal de Alzada.

En su fallo, los ministros indican que la ley 21.128, más conocida como “Aula Segura”, estableció el deber de los directores “de iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar”.

Agregó que, en este caso, “el director ejerció la facultad de disponer la medida cautelar de suspensión del alumno en favor de quien se recurre, con lo que cobra aplicación lo previsto en la citada ley en orden a que, en tal caso, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar”. Es decir, no hubo actuar ilegal ni arbitrario en la decisión de expulsar a los alumnos.

El seremi de Educación del Bío Bío, Fernando Peña,  aseguró que están conformes con la resolución judicial.

“Finalmente se le da la razón no solamente al reglamento interno y a la ley Aula Segura, sino que también se les da la razón a las víctimas de la agresión que es el foco y lo más importante en este caso”.

Desde la Municipalidad de Concepción, Humberto Toro, asesor de gabinete de la alcaldía de Concepción, aseguró que a su juicio bastaba con el reglamento interno del colegio para ordenar la expulsión de los estudiantes.

“La Corte estimó que no había acto ilegal aplicado por parte del reglamento interno del colegio. Creemos que el derecho a movilizarse está garantizado en esta municipalidad, pero debe darse con respeto”.

El abogado del estudiante, Francisco Ugarte, ya adelantó que no están conformes con la resolución, por lo que llegarán al máximo tribunal del país.

“Nos toma por sorpresa el contenido del fallo y nos da la impresión de que si bien la Corte aparece haciendo un estudio profundo de los antecedentes, entendemos que aquí de verdad no se estudió nada, porque no se consideraron elementos que hicimos presentes, por eso estamos estudiando los antecedentes que obran en el recurso para poder proceder a la apelación y concurrir para que la Sala Constitucional de la Corte Suprema pueda conocer del recurso y resolverlo como en derecho corresponde”, expresó. El profesional insistió en que no hubo un procedimiento de fondo, por lo que deberá pronunciarse el máximo tribunal del país.