Órgano fiscalizador determinó que las instituciones podrán cobrar el 100% del arancel a aquellos estudiantes beneficiados entre los años 2016 y 2018, y que han excedido los años formales de sus carreras.
Siete páginas tiene el documento que emitió la Contraloría General de la República el pasado martes 25 de junio, que da respuesta a solicitudes realizadas por la Subsecretaría de Educación y el Consejo de Rectores relacionadas con la gratuidad universitaria.
La autoridad pidió un pronunciamiento con respecto a “la aplicación del artículo 108, letra a), de la ley N°21.091, en relación a los beneficiarios de gratuidad que la obtuvieron antes de la entrada en vigencia de ese texto legal y al monto que corresponde cobrar por parte de las universidades a los alumnos que se han retrasado hasta un año en la duración formal de su carrera”.
De acuerdo al subsecretario Raúl Figueroa, con fecha 5 de noviembre de 2018, se informó a las universidades que “si un estudiante fue beneficiado anteriormente con esa ayuda y durante el año 2019 permanece en una carrera o programa de estudios que, de acuerdo a su duración formal, debió haber concluido en la anualidad anterior, la entidad educacional podrá cobrarle como máximo el 50% del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula durante el primer año de exceso y si se extiende en más de ese periodo, deberá requerirle el pago del total de los mismos”.
Mientras que desde el Cruch argumentan que el articulado contenido en la ley N°21.091, sólo es válida a contar del 29 de mayo de 2018 y no tiene efecto retroactivo como lo está haciendo valer el Ejecutivo.
El contralor Jorge Bermúdez aseguró en su dictamen que no es posible que las normativas transitorias, en este caso, las glosas presupuestarias, puedan extender más allá del periodo su aplicación, a menos que normas posteriores lo estipulen así.
Según Bermúdez, en el presupuesto de este año queda de manifiesto que “aquellos estudiantes que fueron beneficiados en años anteriores, mantendrán dicho beneficio según las condiciones establecidas en el año de asignación, siéndoles aplicable también lo dispuesto en los artículos 105, 106, 107 y 109 de la ley N° 21.091”.
El documento continúa con que “por expresa disposición del legislador durante el presente ejercicio presupuestario, a los alumnos que accedieron a la gratuidad en los años 2016, 2017 y 2018 no les resulta aplicable la ley N° 21.091, sino que se continúan rigiendo por las reglas fijadas en las glosas presupuestarias de las respectivas anualidades”.
“En virtud de lo anterior, los aludidos estudiantes están excluidos de la aplicación del referido artículo 108, por lo que las instituciones educacionales incorporadas al sistema podrán cobrarles, para esta anualidad, el total de los aranceles correspondientes, indistintamente del tiempo que hayan excedido la duración nominal de la respectiva carrera o programa en que se encuentren matriculados”, finaliza el texto.
El vicepresidente ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, valoró el dictamen del órgano contralor. “Siempre sostuvimos que no estaba autorizado hacer aplicación de ese artículo y la Contraloría se ha pronunciado respecto a que la aplicación que se está haciendo para este año, claramente tiene un efecto retroactivo no autorizado por el ordenamiento jurídico”, aseguró.
En este contexto, Valle agregó que “hemos acordado formar una mesa de trabajo en conjunto para buscar una solución. Desde luego nos preocupa que esto pueda afectar a los y las estudiantes, y no queremos que esto ocurra”.
Esta mesa de trabajo se encuentra integrada por el propio Aldo Valle, además de los rectores Carlos Saavedra, Carlos Peña, Oscar Galindo y Emilio Rodríguez.
Se espera que la primera sesión de esta mesa técnica sea la próxima semana en Santiago.
El también rector de la Universidad de Valparaíso manifestó que “creemos que hay un error, pero el Gobierno tiene las herramientas para corregirlo”.
En el plano local, este dictamen abre una serie de interrogantes, el rector de la UdeC, Carlos Saavedra, aseveró que esto no lo sorprende. “Siempre ha dicho que no se puede aplicar retroactividad en una ley, yo quiero ser preciso en que en nuestro caso, este dictamen no modifica lo establecido con los estudiantes. Quien generó una interpretación administrativa de la ley fue el Ministerio de Educación y les corresponde a ellos, junto con el Cruch, generar una solución.
Al mismo tiempo, el rector de la Ucsc, Christian Schmitz, pidió al Ejecutivo que revise este documento de forma exhaustiva. “Este dictamen deja bastantes problemas pendientes y preguntas no resueltas, evidentemente queda establecido que la decisión del Gobierno tiene un límite y debe ser respetado, para el año 2019 existe un criterio y para el futuro no está resuelto”.
Mauricio Cataldo, rector de la UBB, planteó la situación de los estudiantes y cómo será el futuro de ellos. “El Ministerio habría interpretado mal la ley y eso genera a un problema a las universidades con esos estudiantes. Ahora, como le digo a mis estudiantes que a mitad de año se les cambia las condiciones en el financiamiento de sus estudios. Esto va a generar a problemas y tenemos dudas sobre cómo va a terminar esto. En la UBB vamos a analizar en equipo la situación de estos estudiantes”, acotó.
Por su parte, Darcy Fuenzalida, rector de la USM complementa: “Aquí corresponde resolver un error por parte del Ministerio de Educación al interpretar erróneamente la ley, haciendo responsable a las universidades de algo que no les corresponde. No son los alumnos los que deben asumir los costos de este error”.
Los rectores apuestan a que el resultado de la mesa técnica que tendrán con el Ministerio termine en cambios que deberán ser analizados en el Parlamento.
La diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Camila Rojas, aseguró que esperarán las propuestas de la mesa, antes que las universidades entren en crisis. “Es lamentable lo que está pasando, pero el problema se encuentra en el diseño e implementación de la gratuidad misma. El costo de los problemas de la gratuidad lo van a terminar pagando los estudiantes.
En tanto, su par de la UDI, Sergio Bobadilla acotó que este tipo de situaciones ocurre cuando se hacen leyes “a la rápida”. “Esto da cuenta de que cuando las cosas se hacen a la rápida generan resultados como este. En el gobierno anterior hubo muchas leyes que tenían una muy buena finalidad, se cometieron errores que nos lleva a este tipo de situaciones. Aquí corresponde acoger lo que plantea Contraloría y desde el punto de vista legislativo, hacer los cambios que sean necesarios”.