Si hay una noticia incómoda que ha marcado el año en materia de educación superior, esta ha sido la pérdida del beneficio de la gratuidad, que ha afectado a cerca de 27 mil estudiantes por atrasarse en sus carreras tras reprobar uno o más ramos. Un problema que trasciende con mucho la esfera familiar de los alumnos, pues también está generando graves inconvenientes a las universidades del Consejo de Rectores de Chile, que, en una primera instancia, perderían unos $24 mil millones de origen estatal.

Si bien el problema se origina a causa de un diseño imperfecto en la Ley de Gratuidad aprobada en la administración Bachelet, hoy el Gobierno de Sebastián Piñera tiene la sartén por el mango. Pese a la insistencia de los rectores, a la fecha no se ha allanado a dialogar sobre el tema y buscar una solución. En consecuencia, las reuniones entre autoridades universitarias y políticas se han sucedido cada vez con más frecuencia, dando cuenta de una tensión creciente que podría traspasarse pronto a los propios estudiantes.

Uno de estos encuentros se produjo hace pocos días en un programa en streaming de El Mostrador, donde se reunieron el vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle; el rector de la UdeC, Carlos Saavedra; y el senador de Revolución Democrática y miembro de la Comisión de Educación, Juan Ignacio Latorre. Tras el encuentro, Diario Concepción tuvo la oportunidad de conversar con este último, psicólogo de 42 años, doctorando en Gestión Avanzada de Organizaciones y Economía Social, y único senador electo del Frente Amplio (FA), en representación de la Región de Valparaíso.

Latorre lamentó que el Gobierno no demuestre voluntad política para abordar un problema de carácter social y humano, como es que los estudiantes se atrasen y extiendan su período de formación más allá de un plan de estudios. Un problema que a su juicio es transversal, pero que afecta más a aquellos que están en los 6 primeros deciles, que vienen de sectores más vulnerables. “En la tramitación de presupuesto de 2019, apoyamos junto a la senadora Provoste y al senador Quintana, una iniciativa parlamentaria para que los rectores puedan usar parte del excedente del Fondo Solidario para dar becas y poder ayudar en este primer corte. Estamos hablando de más de 20.000 estudiantes, y en la medida que pase el tiempo va a ir aumentado la magnitud, pero era una medida que transitoriamente podía ayudar. El Gobierno, en lugar de buscar una solución, lo llevó al Tribunal Constitucional, ente que, evidenciando su activismo político de derecha, le dio un portazo al tema”, lamentó el parlamentario.

-¿Y qué hicieron ustedes en el Congreso?

-Presentamos un proyecto, que yo mismo redacté, y que firmamos todos los parlamentarios de oposición, para pedirle al Gobierno que haga una modificación a la Ley de Educación Superior para extender el periodo de gratuidad hasta un máximo de 3 semestres. En el diseño del proyecto que reemplaza al CAE, ellos extienden el crédito hasta 3 semestres, pero vía gratuidad no quieren hacerlo. Les hemos pedido que arreglen el problema con los rectores, que se constituya una mesa de trabajo, que busquemos soluciones legislativas transitorias, pero también pensando en el mediano y largo plazo, porque van a venir más estudiantes que van a estar en esta situación.

-Allí fue cuando la ministra Cubillos respondió que la prioridad era el sistema preescolar, y que invertir más recursos en la educación superior equivalía a quitársela a la parvularia.

-Así es. Por la prensa la ministra pone a competir los recursos de la gratuidad con la preescolar. Yo me pregunto, ¿cómo se cruza este argumento con el debate que estamos teniendo sobre Reforma Tributaria, en donde el m i s m o Gobierno quiere ahorrarle 600 millones de dólares a los más ricos? ¿Por qué no decir entonces que esos millones se lo están quitando a los preescolares? ¿Cómo se explica que teniendo déficit en materia preescolar, escolar y universitaria, y teniendo otras realidades sociales que hay que atender, le quieran ahorrar más de 600 millones de dólares a los más ricos? Eso solo se explica con una intencionalidad ideológica, para beneficiar a un grupo y perjudicar a otro.

-¿Qué herramientas tiene hoy el Parlamento para presionar o para pedirle al Gobierno que cambie la actitud, pues se trata de una iniciativa presidencial?

-La herramienta que tenemos es la presión legislativa para tramitar un proyecto como el que reemplaza el CAE. Si el Gobierno no demuestra voluntad política para enfrentar los problemas de implementación de la gratuidad ni para diseñar cambios en el proyecto de Ley, no estamos disponibles para tramitar su proyecto.

-O sea, la herramienta final sería bloquear este proyecto por un año.

-Exactamente… Bueno, bloquear es una palabra… Es la última opción. Hemos planteado desde la tramitación de la Ley de Presupuesto, instancias de diálogos, protocolos de acuerdo, hemos pedido que convoquen a la mesa de rectores… De parte nuestra ha habido siempre disposición al diálogo, a solucionar esto ahora, pero el Gobierno nos obliga a llegar a esta instancia final, donde le pone suma urgencia al proyecto del CAE, y eso no nos gusta. Hemos escuchado en audiencia a múltiples actores del mundo de la educación superior que tienen una posición muy crítica y, por lo tanto, lo que nos queda es decirle al Gobierno que si no tienen la voluntad política de cambiar, votaremos en contra su proyecto. Eso implicaría que tendrían que rediseñarlo. A la administración Piñera le quedan dos años, por lo tanto, tiene tiempo para rediseñar un nuevo proyecto de Ley que goce de más legitimidad. El actual fue un diseño “pasado para la punta”, con el tejo pasado para beneficiar a instituciones privadas lucrativas, con el fin último de boicotear la gratuidad.

-¿Se refiere al nuevo Crédito Solidario?

-Claro, con el título de “solidario”, este crédito es en realidad un CAE 2.0 administrado por el Estado con plata pública. Los parlamentarios de oposición del Senado, desde la DC hasta el FA, hemos dicho no estamos disponibles si no se hacen cambios sustantivos al proyecto. Si lo rechazamos, tienen un año para presentar un nuevo proyecto de Ley que goce de más legitimidad social y de un consenso construido con todos los actores. El gobierno de Bachelet también presentó un proyecto que reemplaza al CAE al final de su período, pero tampoco gustó, incluso en la Nueva Mayoría. Tampoco fue bien recibido por los rectores, pero aun así era menos malo que éste. Hay tiempo para hacer algo mejor.

-¿Existe consenso entre los parlamentarios, hoy de oposición, que fue un error no haber pulido antes todos estos problemas en la Ley de Gratuidad, y no dejarlos “para más adelante”?

-Sí. Hay dos mea culpa que hacer en la historia reciente. Uno es la creación del CAE, obra de los gobiernos de centro izquierda. Hubo una comisión investigadora el año pasado que sacó sendas conclusiones respecto lo abusivo que fue, una muy mala política pública, perjudicial para los estudiantes, y que generó incentivos para el crecimiento y la expansión de universidades masivo lucrativas, en desmedro de las universidades públicas. Espero que ahora los parlamentarios de centro izquierda estén en condiciones de repararlo. El segundo gran error fue el diseño de la gratuidad, que apunta a negociaciones, a que hubo cosas que no quedaron bien… Sabíamos que iba a haber problemas, pero bueno, una vez que se aprueba la Ley, uno espera poder ir haciéndole ajustes para mejorarla, pero no para retroceder, y en ese escenario estamos ahora.