Rectores intentarán hacer ver al Ejecutivo que se está generando un problema social con los alumnos que perdieron el beneficio y que el diseño defectuoso de la gratuidad podría, incluso, hipotecar el futuro de las universidades.
Mariela Aravena
En un jardín infantil de la comuna de Santiago, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, reafirmó la postura del gobierno de priorizar la educación parvularia por sobre la demanda de ampliar la gratuidad en educación superior a quienes se extiendan en la duración formal de sus carreras. Con esto, los 27 mil alumnos que perdieron la gratuidad por dicha causal, sólo podrían optar a créditos para seguir estudiando.
La titular del Mineduc señaló que se decidió apostar por la educación parvularia por razones éticas, para así terminar con las brechas y nivelar la cancha al inicio. “Cuando al lado tenemos cerca de 170 mil niños que ni siquiera asisten al colegio, (…) cuando uno de cada dos niños solamente asiste a jardines en los niveles más vulnerables, cuando tenemos que la gratuidad hoy está beneficiando a un 30% de los alumnos vulnerables, pero la gran mayoría de los alumnos que están en los primeros seis deciles no estudia con gratuidad, es cuando tenemos que tomar opciones éticas fundamentales”, enfatizó Cubillos.
La ministra indicó, además, que le parece “una acusación muy fuerte calificar una ley diseñada y aprobada en el gobierno anterior como una ley cruel”. Ello, en relación a las críticas realizadas en torno a cómo se configuró la reforma, dejando sin gratuidad a quienes se atrasen en sus carreras.
Postura del Mineduc que fue analizada en extenso en la sesión mensual del Consejo de Rectores, que se desarrolló en dependencias del ex Congreso Nacional en Santiago; reunión en que, además, se dio la bienvenida a las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado.
A la reunión del Cruch asistió el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, quien insistió en que los alumnos que hoy pierden la gratuidad por atrasarse en sus carreras, pueden optar a créditos con “cuotas que son razonablemente bajas, que, sin duda, un egresado de la educación superior va a poder afrontar sin ningún problema”.
Junto a eso, reafirmó la postura del Ejecutivo de optar por la educación parvularia, asegurando a su vez que cualquier propuesta distinta se puede debatir en el Consejo Asesor para la Educación Superior para así “ver de qué maneras creativas poder abordar el problema. Pero aquí tenemos un problema que no es de fácil solución y hay que tener consideración de que, finalmente, los recursos son escasos. Si la solución fuese extender el beneficio de la gratuidad, eso va a ir en perjuicio de los niños de la educación parvularia”, sostuvo.
El vicepresidente del Consejo de Rectores y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, señaló que el Cruch insistirá en que se amplíe el beneficio de la gratuidad en al menos dos semestres más a la duración formal de una carrera y que, en primer lugar, lo harán con una carta dirigida a la ministra Cubillos. “Vamos a hacer llegar una propuesta, porque entendemos que aquí hay ante todo un problema social, de un diseño defectuoso de la gratuidad”.
Sin embargo, si no se tiene una respuesta favorable, el Cruch no descartó sumarse a las determinaciones que pueda tomar el Consejo Asesor para la Educación Superior y “recurrir a los órganos que deben determinar esto para la administración pública, específicamente, la Contraloría General de la República y -ojalá que no- el Tribunal Constitucional cuando hay vulneración de derechos, ya sea para las instituciones o para los estudiantes”, comentó Aldo Valle.
Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, subrayó que el gobierno debe ser coherente con lo que dice y con lo que propone. Especificó que el actual proyecto del nuevo Fondo Solidario -propuesto por el Ejecutivo- tiene una cobertura hasta tres semestres después de la duración formal de una carrera. “Entonces, en eso entendemos la voluntad del gobierno actual, de asumir que los estudios tienen una duración más allá del tiempo ideal de duración de las carreras”.
Por lo anterior, pidió que el mecanismo se haga extensivo también a quienes tienen gratuidad. Además, hizo una invitación al diálogo entre instituciones y autoridades, incluso, más allá del Ministerio.
“Hemos planteado soluciones y vamos a seguir sosteniéndolas. Vamos a trabajar al interior del Consejo de Rectores, pero hoy día el desafío es legislativo y la invitación al legislativo es a analizar en coherencia, una ley de educación superior que está en marcha y cómo se relaciona con los proyectos de ley recién planteados”, sentenció Saavedra.
Su par de la Universidad del Bío Bío, el rector Mauricio Cataldo, se mostró en extremo preocupado por los cerca de 24 mil millones de pesos que estarían perdiendo las universidades del Cruch en función de los estudiantes que quedaron sin gratuidad. Situación que, para la UBB, se torna particularmente dramática: “Esto ha significado para nosotros una pérdida de 1.452 millones, cifra que se puede duplicar si no pagan los estudiantes que perdieron la gratuidad. Si esto se sostiene en el tiempo, las universidades vamos a a estar en serios problemas económicos, vamos a tener que tercerizar servicios, se va a afectar la planta docente, etc.”.
A su juicio, el Gobierno no debe desentenderse del tema argumentando que fue un error o una falta de cálculo de la Administración Bachelet, pues se trata de un problema de todos y donde hay responsabilidades compartidas.
Para el rector Christian Schmitz, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, se trata de una noticia con un impacto que a nivel país aún no se dimensiona. “Está claro que nuestras universidades no tienen la capacidad económica de sustituir la gratuidad a través de becas y tampoco es la función de nuestras universidades. Es función del estado brindar igualdad de oportunidades y no corresponde que nos hagamos cargo de un problema estatal”, aseguró.
A Schmitz le parece evidente que no se puede pretender que la gran mayoría de los estudiantes finalice sus estudios durante la duración nominal de las carreras, como lo contempla la ley de educación superior. “Esa es una utopía, pues en ningún país del mundo existe. En las universidades de regiones recibimos a alumnos con graves problemas socioeconómicos, mala preparación intelectual y que sufren carencias, y precariedades sicológicas y psicosociales. Realizamos un tremendo esfuerzo durante los primeros años de estudio para nivelarlos”.
Y concluye: “El gobierno está con una actitud intransigente, en el sentido de no reconocer un problema social de su población, que va a aspirando al legítimo derecho de educación. La ley de educación superior emana de un gobierno anterior, reconoce que es una norma legal realmente imperfecta, pero se niega a administrarla adecuadamente y a asumir un riesgo político de solicitar y debatir las modificaciones que son absolutamente necesarias de incluir en esta ley”.