Maduro versus Guaidó, ¿quién preside Venezuela?

Desde los que sostienen un reconocimiento estricto a la Constitución, hasta acusaciones de intervención extranjera, la mirada internacional de la crisis en Venezuela tiene tantos ángulos como ojos que la analizan.

Constanza Fernández Danceanu
Abogada y Analista Internacional

Hay cosas que pareciera nunca cambian. La necesidad de ideologizar los acontecimientos debió haber quedado atrás con el término de la Guerra Fría y la desaparición de la división del mundo en dos bloques. Pero la identidad misma de la izquierda y de la derecha chilenas pareciera sentirse amenazada si no se ideologiza cada situación.

Estos días, debido a la situación en Venezuela, han abundado comparaciones odiosas, que sólo sirven para demonizar a la ideología contraria: entre Nicolás Maduro y Augusto Pinochet, entre las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX, el principio de la libre determinación de los pueblos y el reconocimiento a Juan Guaidó como cabeza del ejecutivo.

La primera comparación, además de exacerbar un ensimismamiento del que muchos chilenos sufren, es un absurdo. Tanto Nicolás Maduro como Augusto Pinochet deben ser llamados dictadores ya que cumplen con todos los requisitos para referirse a su régimen político como dictadura: por la fuerza se concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización, que no se somete a ningún tipo de limitación, y que reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Pero, aunque llamemos las cosas por su nombre, la comparación termina ahí. Durante la dictadura de Pinochet, Chile era un país completamente distinto a la Venezuela de Maduro de hoy. Las demás comparaciones requieren de mayor profundidad en el análisis.

¿Apego a la Constitución?

El pasado 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela invocó la Constitución del país para declarar la presidencia de Maduro como ilegítima y, por tanto, la oficina de la presidencia como vacante. Esta establece en su artículo 350 que “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Así, Juan Guaidó juró como presidente encargado, a cargo del Ejecutivo durante un período de transición, hasta que se efectúen elecciones libres.

A través de un comunicado oficial, y de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que los venezolanos han sufrido por demasiado tiempo en manos del régimen ilegítimo de Maduro, por lo que reconoce al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de dicho país, ya que la Asamblea es la única rama del gobierno elegida por el pueblo venezolano. A esta acción se han sumado una veintena de países, entre ellos Canadá, Australia y la mayoría de los países sudamericanos, incluido Chile. La Unión Europea, en un tono bastante más moderado, sólo hizo un llamado a “comenzar un proceso político que conduzca a elecciones libres y creíbles” y destacó su apoyo a la Asamblea Nacional como la institución elegida democráticamente, sin hacer referencia explícita a si reconoce a Guaidó como presidente interino.

Por su parte la Federación Rusa, Turquía, China, Irán, Siria, Bolivia, Cuba, México y Uruguay han respaldado a Maduro, los últimos dos destacando que sus gobiernos siguen una política de no intervención en los asuntos internos de otros países.

¿Intervención extranjera?

En este punto es donde la división izquierda/derecha en Chile se hizo manifiesta. Luego de que el gobierno declarara que Chile no reconoce la legitimidad de las elecciones de 2018 y que, por tanto, apoyará a Guaidó como presidente encargado, diferentes sectores de izquierda mostraron su oposición. A través de comunicados oficiales el Partido Socialista señaló que “condenamos el intervencionismo encabezado por el Presidente de Estados Unidos”, el Partido Comunista indicó que “rechazamos la injerencia directa de Piñera en Venezuela”, y el Frente Amplio destacó que “nos parece que el gobierno sostiene una posición contraria al principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención internacional”.

El senador y ex Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, tuvo un acercamiento más diplomático a la decisión, señalando que Guaidó “puede tener argumentos constitucionales, no los niego, pero desde el punto de vista nuestro, creo que es un poco apresurado reconocer un gobierno que no tiene control sobre nada en el territorio nacional”.

Este último punto es donde la crítica puede radicar, ya que, en efecto, el principio de no intervención es un pilar del derecho internacional que está consagrado en la Carta de la Naciones Unidas. Pero este principio no es absoluto, tiene como límite la protección de los derechos individuales proclamados en la misma Carta, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los Tratados específicos ratificados por los Estados. Si el principio fuera absoluto se dejaría en manos de cada Estado el control sobre si el mismo está respetando los derechos humanos de sus ciudadanos, lo que generaría un sistema infértil.

Llevar la democracia a Venezuela

Junto con reconocer a Guaidó, Trump señaló en su comunicado que “continuaré usando todo el peso del poder económico y diplomático de E.E.U.U. para presionar hacia la restauración de la democracia venezolana”.

Esta necesidad estadounidense de llevar democracia a los países con petróleo es lo que ha generado más ruido. Países como Haití están viviendo crisis políticas y humanitarias peores que aquellas en Venezuela, pero el nivel de atención que estos reciben es menor, por no decir nulo.

El problema de ideologizar es que terminamos viendo en blanco y negro una situación llena de matices. Condenar a Maduro no significa apoyar una intervención del país del norte. Y no reconocer como legítimas unas elecciones que no cumplieron con los estándares mínimos de legitimidad no significa apoyar a un presidente que no tiene ningún poder real sobre el país que pretende dirigir.

El color político puede determinar a qué presidente se quiere apoyar en Venezuela, pero la argumentación debe ser razonable. Si hay algo que estos últimos años nos han enseñado es que el uso del lenguaje técnico debe ser exacto. Las politiquerías y populismos no deberían caber en las voces de nuestros representantes, a menos que queramos una crisis política del tamaño del Brexit.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro, ya que la presión internacional históricamente ha servido para proteger a la población. Pero la única solución a largo plazo posible en Venezuela son elecciones amplias, donde todos puedan participar –sin restricciones ni exclusiones–, con supervisión internacional estricta, donde sean los venezolanos los que decidan sobre su propio futuro.