El abogado constitucionalista y militante del PS, Fernando Atria, no obstante remarca que la acusación contra los jueces de la Corte Suprema es una facultad de la Cámara de Diputados, afirma que podría generar efectos nocivos en caso de prosperar. Por ejemplo, la alteración de la correlación ideológica al interior del tribunal.

En ese marco, defiende un abordaje político del tema de los Derechos Humanos, como nunca antes se ha hecho. De paso por Concepción, ahondó en el punto, aseverando que solo así se conocerá, efectivamente, qué es lo que piensan los parlamentarios chilenos.

— ¿Comparte la vía de la acusación a los jueces de la Suprema tras la libertad condicional a los reos de Punta Peuco?

— Es verdad que si prosperara respecto de los tres (jueces), habría más posibilidades del Gobierno de tener una Corte Suprema más afín, y eso es grave. Ya sabemos lo que significa un tribunal controlado por la derecha, que es el Tribunal Constitucional, y la Corte Suprema no ha sido así. Sabemos también que el ministro de Justicia está deseoso de netear los jueces, así que yo creo que esa es una situación que los diputados, cuando se pronuncien, van a tener que tomar en consideración. La acusación está dentro de las atribuciones de los diputados así que no hay mucho más que decir respecto de eso.

— Dentro de la misma oposición hay sectores que piden echar pie atrás.

— Todo este discurso de que es una acusación irresponsable, que pone en riesgo la institucionalidad, yo creo que son críticas completamente infundadas. Lo que sí, lo que yo creo que es más de fondo, es que ya es hora de que empecemos a notar que el problema de las violaciones a los DD.HH., que es probablemente el tema central que ha afectado la convivencia nacional el último medio siglo, es un problema que ha sido sistemáticamente ignorado políticamente. Se confía en que a través de decisiones judiciales e interpretaciones del Derecho Internacional, más la Ley de Amnistía, se va a lograr avanzar, y esas cuestiones deberían ser decididas legislativamente. No es extraño que exista esta jurisprudencia. Para evitar estas decisiones, se necesita una ley que se pronuncie sobre las condiciones de acceso a la libertad condicional, que diga que estos delitos no son prescriptibles y que derogue la Ley de Amnistía.

— ¿Qué sucedería si existiera esa ley que señala?

— Si hubiera una ley, si eso se legislara o, por lo menos,  se discutiera en el Parlamento, sabríamos quiénes están por derogar la Ley de Amnistía y por impedir la aplicación de la prescripción. Yo creo que el hecho de que esto no se haya discutido políticamente en ningún momento, es lo que a la derecha le ha permitido zafar. Y ahora resulta que la derecha se presenta a sí misma como si fuera la más grande defensora e impulsora de los DD.HH., cuando le dio soporte político al gobierno que desató el terror en Chile. Eso creo yo que es la cuestión más allá de esta acusación.

— El decreto de ley de libertad condicional data de 1925. ¿Urge actualizar?

— Eso es un problema, efectivamente. Pero a mí lo que me interesa es destacar que ya es hora de que el tema de los DD.HH. sea objeto de discusión política y no solamente de alegato de jueces. Este es un tema país.