Á. Rogel | M. Castro | J. Cisternas

“Estamos experimentando la crisis de la jerarquía, porque fue ella la que cometió los ilícitos, pero también la crisis es la jerarquización de la experiencia de fe. O sea, un laico no llega a una institución de iguales, sino que se transforma en súbdito del cura. Es por eso que la Iglesia hoy es una institución peligrosa, porque nos vuelve a todos vulnerables, pues no estamos en un espacio entre iguales, donde el disenso es mal visto y perseguido”.

La frase es de Juan Carlos Claret, vocero de la Comunidad de Laicos de Osorno, que estuvo en Concepción invitado por sus pares del Bío Bío, para contar la experiencia de su grupo tras la polémica llegada del obispo Juan Barros a la ciudad.

Claret no está en contra de la Iglesia, al contrario. Cree en ella y participa activamente. Pero sostiene que hay que cambiar ciertas cosas que impidan escándalos de abusos sexuales como los que se comienzan a conocer ahora en Concepción. Cree en la horizontalidad, en la necesidad de tender puentes entre comunidades, en la transparencia y en el involucramiento del Estado.

En entrevista con Diario Concepción, también habló de las denuncias contra Hernán Enríquez y el accionar de los arzobispos Fernando Chomali y Ricardo Ezzati.

– ¿Qué opina sobre el llamado del arzobispo de Concepción a las víctimas para que se acerquen a la Iglesia y a la Justicia civil? De hecho, suplicó que lo hicieran…

– Me recordó al Papa cuando regresaba de Perú a Roma y en el avión dijo: “Bueno, no hay ninguna denuncia en contra de Juan Barros. Si alguien las tiene que se acerque”. La Iglesia ha perdido su espacio protector y eso lo gráfica (Fernando) Chomali. No me es extraño, después de escucharlo del mismo Papa, pero Chomali no ha caído en cuenta que el mismo Papa cambió la actitud (…). También falla en algo legal, porque si él hubiera cumplido con su obligación canónica, la víctima o el papá de la víctima debieron ser contactados por el promotor de justicia, que es la persona encargada de investigar. (Nota del editor: Chomali aseguró en entrevista que contactó a los denunciantes al asumir en 2011, pero que ellos se negaron a proseguir con acciones en ese momento).

– ¿Puede haber negligencia considerando que el caso se conoce en 2009 y el 2011 lo vuelve a conocer el nuevo arzobispo?

– En este caso la línea que separa la negligencia del dolo es muy sutil y solo con el tiempo vamos a saber si la negligencia fue dolosa. Hoy Ezzati dice a La Tercera que no se va a referir al caso de la religiosa, porque no conoce los hechos, pero en Ciper están relatados (…). Por otro lado, Chomali cae en una triple negligencia. El artículo 1717 del Código de Derecho Canónico dice que cuando un obispo tiene noticia de algún delito, tiene que proceder inmediatamente con la investigación, con determinadas condiciones. La Comisión Nacional de Prevención del Abuso de la Iglesia Católica describe que noticia es un “te conté”, un correo electrónico, un rumor o una información en la prensa. Y Chomali reconoce que le llegaron recién asumido. En segundo lugar, la negligencia estriba en el plazo de la investigación previa. Él dice que está en una investigación previa. ¿Es una investigación previa de siete años o una investigación previa después de siete años? Y tercero, él, a diferencia de Ezzati, tenía la obligación, desde el año 2010, a remitir todos los antecedentes de casos que involucraban a menores de edad, en el momento del hecho, a la Congregación Para la Doctrina de la Fe.

– ¿Usted ha dicho que el Estado se debe involucrar más en este tipo de casos?

– Es deseable de que hayan nuevas formas de hacer Iglesia. Pero para cambiar la institución, se debe hacer del Estado de Chile un aliado. El 3 de julio fue invitado a la Oficina de Asuntos Religiosos de la Segpres. Ahí les dije, a Javier Castro, y Javier Luis Egaña, que fue embajador de Chile en la Santa Sede, que o se ponen manos a la obra y presionan a la Iglesia o ustedes van a ser responsable por omisión de violación sistemática de derechos humanos en contra de los niños.

– ¿Y el Estado es consciente de su responsabilidad?

– No. Y no sé si deba a desinformación. A decir verdad estos asuntos están trabajados por gente de edad que creen que los únicos que violan derechos humanos son los Estados, no los particulares. ¿Será un problema etáreo? ¿O por qué el juego político hace que la Iglesia se vuelva un ser intocable?

– ¿Qué cree usted?

– Hay un poco de todo (…). La Iglesia, lo queramos o no, es un actor político. Ni siquiera en tanto a fieles, sino en tanto a jerarquía. Por eso es importante que el contrapeso venga del Estado (…). Lo cierto, aquí está en juego que las instituciones sigan perdiendo humanidad, por eso es bueno que como católicos demos esta pelea, hay que hacer de las instituciones más humanas.

– El arzobispo Ezzati dijo que no le preocupaba los encubrimientos, sino el clima de maledicencia que hay en el país. ¿Qué opina?

– Ezzati en algún momento debería guardar silencio. Es triste lo que voy a decir, pero no me sorprende ni me llama la atención, porque es la práctica habitual, no solo de Ezzati, sino de todos los obispos. Cuando todos los obispos llegaron a Roma, en febrero de 2017, para hacer un estado de cuenta de la Iglesia, varios obispos querían comentarle al Papa sobre la situación de Osorno. Pero el Papa habló y se guardaron las carpetas. Nadie habló y se dedicaron a turistear. Eso es una demostración de obispos funcionarios. El discurso de Ezzati en La Tercera es cruel, pero es esperable en la lógica de un obispo que lo único que le interesa es la institución, no la persona. Pero las instituciones están hechas por personas y eso Ezzati lo perdió de vista.