Se le ha señalado como la contraparte técnica del Ministerio de Educación, o bien como el principal exponente de la experiencia al interior de la cartera, producto del escaso vínculo del ministro Gerardo Varela con el mundo de las políticas públicas en lo que a formación refiere.

Fuera etiquetas, lo cierto es que Raúl Figueroa (43), actual subsecretario de Educación, abogado, colaborador de Sebastián Piñera en su primer gobierno y ex director de Acción Educar, juega un rol central en el proceso de implementación de reformas, tanto en la interna como en el despliegue con actores.

En ese marco, en esta, la primera entrevista que concede a un medio fuera de la capital, pide transversalidad política a la hora de desarrollar discusiones. También comprensión en lo gradual que debe ser la instalación de las nuevas reparticiones que contempla la Ley de Educación Superior, proyecto recientemente promulgado que lleva el sello de Michelle Bachelet y que hoy le toca poner en práctica a Chile Vamos.

– ¿Cuán grande es el giro que representa la Ley de Educación Superior?

– Implica cambios estructurales al sistema. Desde el punto de vista de la institucionalidad, la ley obliga a generar una nueva Superintendencia de Educación Superior, una subsecretaría, un sistema de admisión que pasa a ser administrado por el ministerio y cambios en el sistema de acreditación. Desde el punto de vista de las universidades, CFT e IP, establece una nueva mirada respecto de la forma en que las instituciones de educación superior se financian y específicamente en cómo los estudiantes pueden acceder al él en lo que se enmarca en la gratuidad.

– No obstante, un proyecto que lleva la importa del gobierno anterior.

– Estamos convencidos de que un sistema de educación superior que pueda enfrentar los desafíos del futuro requiere importantes niveles de autonomía, un reconocimiento a lo virtuoso de la diversidad de proyectos y requiere ciertamente flexibilidad para que las instituciones puedan adecuarse. La ley que ya entra a regir si bien genera por un lado certezas, tiene también, sobre todo en la estructura de financiamiento que implica, un riesgo de generar ciertas rigideces. Nuestro compromiso es implementar esta ley haciéndonos cargo de las dificultades. Lo más importante será trabajar en conjunto con las institucionalidades y con una transversalidad política que tenga altura de miras.

– ¿Se buscará un punto medio para las universidades que han dicho no a la gratuidad?

– Debemos instalar la comisión encargada de fijar los aranceles de las instituciones, que son necesarios para transferir los aportes por gratuidad. En esa fijación las universidades ven cierto riesgo, porque podría derivar en rigideces o eventualmente en alguna baja en calidad. Está el desafío para que en ese proceso se eviten esos efectos. También hay un desafío para las instituciones, que bajo esta nueva estructura se ven en una necesidad de buscar nuevos mecanismos para incorporar recursos. Esos mecanismos van a decir, necesariamente, con la vinculación con el mundo privado y la necesidad de generar investigación. Eso más el compromiso que tiene el Gobierno que es diseñar un nuevo sistema de crédito para los estudiantes.

– ¿Es un objetivo para el Gobierno que la mayor cantidad de instituciones se sumen a la gratuidad?

– Lo que nosotros buscamos es el máximo desarrollo posible del sistema educacional chileno. En ese sentido, es importante que se den las condiciones para que las universidades, CFT e IP se desplieguen en todo su potencial y para ello hay distintos mecanismos. La gratuidad es un mecanismo de financiamiento que favorece a un grupo de estudiantes y que en algunas instituciones genera ciertas dificultades con las cuales habrá que lidiar. Las universidades que están fuera de gratuidad han optado por desarrollar su proyecto bajo instrumentos de financiamiento diferente, lo que es legítimo.

– Hay plazo hasta 2020 para la nueva acreditación institucional. ¿Cómo se atraviesa ese proceso?

– Nos parece prudente imprimir una lógica de aseguramiento de la calidad que no tenga un carácter sancionatorio, sino que, por el contrario, apunte precisamente a que el mayor número de instituciones de educación superior se incorpore a una lógica de mejoramiento continuo y que por esa vía logre acreditarse. Este sistema, que va a pasar a ser obligatorio, debe ser compatible con la diversidad de proyectos educativos que hay.

– ¿Se avanza en el mismo carril del nuevo mecanismo de admisión universitaria?

– Son carriles separados. Tenemos nueve meses para la conformación de la nueva comisión de acreditación. Luego, en el cronograma que está establecido para los nuevos estándares de calidad, hay un año para las nuevas superintendencia y subsecretaría. De aquí a la vuelta de uno o dos años debería estar completamente consolidado. El nuevo sistema de admisión entraría en marcha en 2021.

– El fallo del TC volvió a sembrar dudas frente al lucro.

– Con esta reforma el lucro en las universidades queda absolutamente prohibido. La ley establece diversos instrumentos que apuntan a dar la seguridad de que las eventuales utilidades que puedan haber en un proyecto universitario, no pueden ser retiradas.

– ¿Hay una evaluación de los servicios locales en lo que refiere a desmunicipalización?

– El proceso de creación de los nuevos servicios locales de educación es, al igual que las otras reformas, altamente complejo. Son 70 los servicios locales que se crean y a lo largo de este período de gobierno deberán ser once los instalados. Ya tenemos dos en operación -Barrancas y Puerto Cordillera- y el primero de julio entran en operación dos más -Costa Araucanía y Huasco-. La instalación de los servicios que ya están operando ha sido compleja y es natural que así sea, pero ha sido útil para recoger experiencias. En el caso de la Región del Bío Bío, que contará con el servicio local de Andalién en 2019, vemos que va a poder instalarse en mejores condiciones.

– ¿A qué se refiere el ministro cuando habla de elegir establecimiento o aporte voluntario de los padres? ¿Copago?

– En el ámbito escolar los mecanismos de admisión fueron modificados por Ley de Inclusión y se estableció un mecanismo centralizado que nosotros debemos implementar y que tiene una composición en que las familias marcaban sus preferencias y en la circunstancia de que no hubiera vacantes disponibles, operaba una lógica aleatoria. Nosotros tenemos el compromiso de, junto con implantar adecuadamente los cambios, identificar los aspectos que puedan entorpecer las posibilidades de las familias de que sus hijos accedan a una escuela de su preferencia.

– En cuanto a educación no sexista, ¿cree que las propuestas se ajustan a las demandas?

– Desde el punto de vista del Mineduc, creemos que hay tres grandes elementos de los que hacernos cargo. Uno, la retención de toda clase de violencia, abuso y acoso en contra de las mujeres en el sistema. En ese sentido estamos trabajando en promover la existencia de protocolos de actuación en las universidades y esperamos que las instituciones rápidamente los incorporen. Dos, la necesidad de evitar que las diferencias de género determinen las trayectorias formativas de las personas. Y tres, lo que dice relación con algo más cultural, donde se requiere un cambio de mirada y donde la educación colabora.

– ¿Un cuarto elemento podría ser incorporar cuotas en cargos de universidades?

– Mecanismos de cuotas tienen ciertas deficiencias que, a mi juicio, pueden chocar con la necesaria autonomía de las universidades.

– ¿Hay preocupación por los resultados del Simce?

– Son muy preocupantes porque dan cuenta de un estancamiento que debemos abordar. Creemos que la manera de abordarlo dice relación con volver a poner foco en la mejora en los aprendizajes. El intenso debate en el que ha estado el país el último tiempo nos desvió de ese objetivo y vemos que hoy tenemos una gran oportunidad.