Santiago Candia volvió el año pasado al “Buen Camino”. No porque anduviera por el “malo”, sino porque había pasado casi un año en el Sename. El regreso fue bueno, aunque tuvo más de pena que de gloria.

A sus 42 años, este asistente social fue coordinador intersectorial del Servicio Nacional de Menores y renunció voluntariamente después de lo visto y vivido. Ahora lo toma casi con humor, lo cuenta sin resentimiento, aunque un potente desencanto se cuela en su relato.

Mientras fue universitario, Candia simpatizó con la DC, pero nunca militó en ese ni otro partido. Después, “seguí mi carrera con mi esfuerzo, sin ningún pituto”. En 2014 conoció a la abogada María José Montero (PC), directora regional metropolitana del servicio, y conversaron sobre el Sename. Montero –que no tenía manejo técnico- lo llamó a poco para convertirlo en su “asesor personal”. Obvio, debieron encarar el asunto político. “No soy militante. Ni siquiera voté por Bachelet”, dijo él. “No importa, mientras no sea público; yo me las arreglo con el partido”, contestó ella.

Así dejó su trabajo de director en el Hogar Buen Camino, de la Fundación Padre Semería, para debutar en el servicio público, a contrata, con un sueldo mucho mejor y con la idea de pasar años como coordinador, “aportando” a la institución. No imaginó que en el escritorio esperaban sorpresas, códigos y vicios que, dice, “se replican en muchos servicios”.

Desde mayo de 2015 figura en la web de Gobierno Transparente como “renuncia voluntaria”.

¿Jamás serán vencidos?

Lo de Candia muestra una realidad conocida, pero no comentada. Sería “políticamente incorrecto”. A pesar de eso, algo se filtra.

Alex Cabrera publicó en la web su frustrante experiencia como postulante a cargos públicos. Estudió Veterinaria e hizo un magíster en Microbiología, becado por la Universidad de Concepción. Trabajó un par de años en universidades privadas y públicas haciendo clases part-time, a honorarios. Luego buscó otros horizontes y en 2008 obtuvo una beca de doctorado DAAD/Conicyt, en Alemania. De vuelta quiso entrar al servicio público para aportar “directamente al desarrollo del país”. En 2012 descubre Profesionales por Chile, programa para “atraer y desarrollar capital humano con estudios extranjeros financiados por Conicyt, que desde distintos ministerios, intendencias u otros organismos públicos, pongan su talento al servicio de una mejor gestión estratégica del gobierno y a un mejor diseño e implementación de sus políticas públicas”. Se inscribió, pasaron más de dos años, el portal nunca se actualizó y, finalmente, el programa despareció.

Cambió el gobierno y volvió a la carga. La página seguía caída. Mandó mail al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al día siguiente el banner desapareció.

Perseverante, Cabrera postuló “a cuanto cargo público salió en EmpleosPublicos.cl /AltaDirecciónPública”, sin resultado. También a Conicyt, donde después de prorrogar el plazo de un proceso, ¡el cargo desapareció del portal!

El estéril afán de este veterinario es un botón más para la muestra de un mal de hoy, ayer y anteayer: la mano negra de los partidos políticos que usan el aparato público, lo invaden como cáncer y trabajan desde ahí, no para el bien del país sino de su colectividad.

Clientelismo, captura del Estado, cuoteo y nepotismo unidos ¿jamás serán vencidos?

En estos días ventiló el tema Nelly Díaz, presidenta de los funcionarios del Registro Civil, cuando el servicio se sumó al paro de la Anef en rechazo al reajuste del sector propuesto por el gobierno:

“Si hoy despidiéramos a todos los operadores políticos que ha puesto el gobierno en los servicios públicos, nos sobraría plata (para pagar un reajuste mayor al 3,2% ofrecido). Vemos con pena como los servicios se convierten en verdaderas sedes de partidos. Cuando gastan en ellos, nosotros decimos: ¡‘Échenle una mirada a esas cosas’!”.

Los empleados fiscales saben que un coordinador o un asesor cercano al gobierno que ingresa gana millones, millones y más. Está escrito y publicado. La ley de Transparencia de 2009 obliga.

Allegados y apitutados

La historia tiene larga data. Gabriel Vommaro, magíster en Ciencias Sociales de la U. de Buenos Aires y doctor en Sociología en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, sostiene que el clientelismo se ha estudiado desde los años 50 en Europa y Estados Unidos. En “el norte” –como dice- se minimizó, no aniquiló, formando servicios civiles fuertes y burocracias autónomas que “dan vías de entradas más atomizadas a los partidos”.

En Argentina y México, continúa, no existe algo que señalice los modos de acceso al Estado, “lo que crea una disponibilidad de puestos para distribuir entre los fieles políticos”.

Acá tenemos el sistema de ADP, ChileCompra, Ley de Probidad y Transparencia… e innumerables testimonios de que la cosa no funciona.

Hablar de clientelismo es hablar de corrupción, cuoteo, parcelas de poder, pitutocracia y nepotismo.

Este año, tras las desproporcionadas pensiones en Gendarmería –relejadas en el caso de Myriam Olate, mujer del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade-, y el destape de los 865 menores muertos en el Sename en 11 años, quedó a la vista que el primer servicio es parcela del PS y el segundo, de la DC. En realidad, todos los servicios públicos están y han estado asignados.

Pero Olate, según datos de Gobierno Transparente, es además una de los 43 funcionarios en cargos directivos a comienzos del gobierno con vínculos familiares o parentesco con algún ministro, senador, diputado, subsecretario o intendente de la Nueva Mayoría.

Algunos casos publicados: la subsecretaria de Economía, Katia Trisich, es mujer del senador PPD Felipe Harboe; y la de Turismo, Javiera Montes, es hija del senador PS Carlos Montes.

La jefa de Prensa de la Dirección Económica de la Cancillería es Alicia Galdámez Jeria, prima de Bachelet.

Macarena Ossandón, directora de correspondencia de la Presidenciales, es hija de la titular de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, y Ernesto Galaz, marido de Saball, fue nombrado Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Deporte.

Bernardita Piedrabuena, pareja del ministro Nicolás Eyzaguirre, es asesora de Hacienda; Trinidad Undurraga, hermana del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, es asesora del Sernac.

Marcela, hermana de la presidenta DC Carolina Goic, labora en Contenidos de la Presidencia y su hermano Pedro Tomás es directivo del Sence.

Suma y sigue. Los nombres son muchos y solo una pequeña parte del tema. Tal como los “apitutados” que se acomodan al cambio de signo político del gobierno sin remilgos. En 2010, por ejemplo, cuando asumió Sebastián Piñera, el arquitecto Juan Antonio Muñoz se convirtió en el Seremi más antiguo de los gobiernos democráticos al ser confirmado en Obras Públicas de la Región Metropolitana. Entonces dijo que congelaría su militancia PPD.

Patricio Tapia, confirmado director de Correos ese mismo año, cercano al núcleo duro del PS, había sido blanco de críticas en el gobierno de Bachelet luego que la Alianza lo acusara de ser parte del emblema del nepotismo. En ese entonces, su mujer, Claudia Serrano, era ministra del Trabajo; su cuñada, Verónica, a directora de Arquitectura del MOP, y otras dos cuñadas también trabajaban para el Estado.

Claro que ni apitutados ni familiares están en la médula del problema.

Distancia y desconfianza

Vommaro, el sociólogo argentino, y Hélene Combes lanzaron a fines de octubre “Clientelismo político: desde 1950 hasta nuestros días”, donde analizan la situación de América Latina, Europa, EE.UU., Japón y norte de África. Pero él no está tan convencido de que hoy suframos mayor clientelismo ni mayor captura del Estado que antaño:

“Lo que creció es la atención ciudadana y de diferentes actores (ONG, fundaciones) interesados en el control de la vida política por la forma en que circulan los recursos de origen público”. Esto, se da en casi todo el mundo y más en algunas regiones. En Latinoamérica ha crecido la transferencia de recursos hacia las clases populares y existe “la sospecha de que pueden ser usados de modo arbitrario”.

En los últimos 20 años, a América Latina, el crecimiento económico, el auge de los comodities y los mayores ingresos fiscales llegaron de mano con la crisis del empleo salarial formal. Esto impulsó los programas estatales para ayudar al mundo popular. En general, sostiene el sociólogo, en un 80% esas platas llegan a las personas, pero con sesgo político, con el mensaje de que solo a través de vinculación con las clientelas partidarias se puede acceder a ellos”.

Y la sociedad que hoy es más distante de la política, que tiene una mirada más negativa de lo que hacen los políticos, sospecha y vigila atenta.

Coincide la abogada María Jaraquemada, de Espacio Público y del Observatorio Anticorrupción:

“Cada día sabemos más cosas que, probablemente, pasaban hace mucho y no nos enterábamos o quizá ni nos importaban tanto. Hemos cambiado nuestro estándar. Pero la captura del Estado parece imposible de erradicar; es como el agua, puedes poner diques, pero siempre algo filtrará. El asunto es que sea lo menos posible… Hay que ir jugando con incentivos y desincentivos, con sanciones más potentes y mayor transparencia”.

Según Jaraquemada, “en América Latina vemos distintos tipos de corrupción; acá no tenemos mucho soborno, tampoco está masificado el robo de plata pública por parte de los funcionarios, son más bien excepciones… nuestra corrupción es la captura. Y sin duda ha afectado en la alta abstención electoral y en el resultado de las municipales porque aleja al ciudadano del Estado y de sus representantes. Y éstos, en vez de legislar por el bien de todos lo hacen por el bien de unos poquitos”.