En una semana marcada por la “caída” de seremis, en el Gobierno Regional notificaron a 27 honorarios y 6 contratas que no seguirían en sus puestos.
Es por estas fechas, cada cuatro años, con el cambio de Gobierno, que se producen las principales transformaciones en el servicio público y no precisamente por la instalación de las nuevas autoridades, sino por las desvinculaciones de funcionarios. Este año no ha sido la excepción.
De hecho, sin ir más lejos, en la semana que ya termina, específicamente el pasado jueves 29 de marzo 33 funcionarios del Gobierno Regional fueron comunicados que no seguirían cumpliendo labores en esa repartición del Estado. Se trata de 27 personas que cumplían contrato a honorarios y otros seis que estaban a contrata.
Desde el oficialismo explicaron que las desvinculaciones se realizaron tras un análisis a la gestión de los trabajadores, por parte, de los jefes de división del Gobierno Regional.
En medio de una semana que estuvo marcada por “la caída” de tres seremis, que tras sus designaciones no pudieron asumir porque no cumplían con determinados requisitos que exigía a la ley, la salida de los funcionarios generó molestia en la oposición.
“Es impresentable que un gobierno que tiene que sacar seremis porque no cumplen con los años de experiencia laboral necesarios, acuse injustamente a profesionales de carrera para tener más cargos que llenar. Que sea honesto el Gobierno Regional y diga de frente que quieren los cupos para seguir llenando con operados políticos”, dijo la consejera regional del PC, Tania Concha.
El presidente regional de la DC, Nicolás Hauri, dijo que estaban en conocimiento de lo acontecido, pues cinco de las personas desvinculadas son militantes del partido.
Fuentes de Diario Concepción contaron que se trataba de una medida política considerando que la mayoría de quienes no seguirán trabajando en el edificio de calle Prat son militantes de partidos opositores a la actual gestión.
Hauri comentó que “hay de todo, pero efectivamente a algunos se le pone término a su contrato, porque son personas que estuvieron vinculadas al Gobierno anterior. En este contexto, se han esbozado varias situaciones y justificaciones, pero a la luz de lo que es la jurisprudencia tanto judicial como administrativa están totalmente infundadas”.
Hauri dijo que lo más probable, es que tal como ocurrió con los seremis, la actual administración tenga que salir a reconocer que cometieron un error.
“En estricto rigor, lo que se fueron eran los equipos de confianza de los seremis, los que formaban parte de los gabinetes, y los que se quedaron fueron los que tenían vinculo jurídico, sin ninguna relación con lo político”, aseguró.