Evo Morales: el peor enemigo de la causa boliviana

Pudimos presenciar en el marco de los alegatos orales del juicio de Bolivia contra Chile por la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico como por primera vez ante la CIJ se cita un tuit como una declaración presidencial. Con ello se pone en evidencia que el Presidente Morales no sólo le mintió a la Corte, sino que también le está mintiendo a su pueblo.

De manera insólita, la delegación boliviana concurrió a la fase de los alegatos orales en el juicio de Bolivia contra Chile encabezada por su Presidente de la República, Evo Morales. En un juicio entre Estados, como éste ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las partes están representadas por un equipo jurídico dirigido por un Agente, y la delegación normalmente está encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores. Pero Bolivia, demostrando la politización que ha hecho de este proceso, apareció en La Haya con el Presidente Morales, quien rápidamente transformó a Países Bajos en el centro de operaciones de su campaña electoral.

El problema está en que los abogados bolivianos con mucho esfuerzo construyeron un caso para poder llevar la aspiración del país vecino de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico a La Haya, pero los dichos (incluso por Twitter) de Morales, solo ayudaron a hundir su causa.

Bolivia le pidió a la Corte que declare que Chile tiene una obligación de negociar con Bolivia con el objeto de alcanzar un acuerdo que le entregue a dicho país un acceso soberano al Océano Pacífico; que Chile ha violado dicha obligación; y que debe cumplir con ella de buena fe y en un plazo razonable. Esto significa que el caso fue construido de forma tal que deja intacto el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fija la delimitación territorial de ambos países, documento que no puede ser modificado sin el acuerdo de ambas partes y que no puede ser objeto de este juicio. Pero Morales ha manifestado públicamente que esa es justamente la intención de Bolivia: modificar el Tratado para cambiar las fronteras. Ha llegado al extremo de señalar que la real aspiración boliviana es recuperar Antofagasta.

Esto significa que Bolivia le está mintiendo a la Corte, fabricando un caso para obtener un resultado que sabe no podrá conseguir de otra forma. Por un lado, acusa a Chile de no haber negociado de buena fe, pero por otro demuestra que al ver que no existen argumentos jurídicos para recurrir al Tribunal, se puede presentar una demanda con un objetivo encubierto. ¿No responde esa actitud a la definición de mala fe? El extraordinario esfuerzo de la defensa boliviana en presentar su aspiración como un caso serio ante una Corte seria, perdió toda validez con las afirmaciones de su Presidente. Así, Morales no sólo se convirtió en el peor enemigo de la causa boliviana, sino que también en un excelente aliado de la causa chilena.

Lo que dijo Chile.

Nuestro país centró sus alegatos orales en mostrarse como una nación seria, que cumple con sus compromisos internacionales. Demostró que Bolivia ha tergiversado la historia, buscando presentarse como la víctima de un país tirano. Por ello indicamos que “la frustración de un Estado no significa la obligación de negociar de otro”, y que Bolivia “confunde aspiraciones con la realidad”. Indicamos directamente a la Corte que lo que los bolivianos intentan conseguir es modificar el Tratado de 1904, y que para ello han presentado un caso que no es serio, en el que se ha hecho una “citación selectiva”, mostrando al tribunal solo fragmentos de documentos que podrían apoyar su causa, pero obviando el contexto, en el cual queda claro que Chile nunca tuvo la intención de obligarse. Incluso se señaló que Bolivia llevó a Chile ante la Corte por sus propios imperativos constitucionales, no por algo que Chile haya hecho o dicho.

Por ello se solicitó a la Corte que desestimara todas las peticiones de Bolivia, argumentando que el vecino país no fue capaz de probar que existe una obligación. Lo que los bolivianos señalaron a la Corte es que la acumulación de declaraciones chilenas son actos jurídicos que obligan, y que dicha obligación es una de resultado, es decir, que deber concluirse otorgándole a Bolivia un acceso soberano al Pacífico. El problema para la defensa del país vecino es que olvidó que en una negociación ambas partes deben ofrecer algo, no solo una reclamar algo a la otra, y que la naturaleza misma de una negociación indica que esta termina cuando se llega a un punto muerto en el que las conversaciones no pueden seguir avanzando. Si esto no fuese así, todos estaríamos obligados a negociar a perpetuidad hasta que todas las partes alcancen el resultado que esperan. Esto no sería razonable en ningún contexto.

Política versus Derecho

La defensa chilena señaló que “todos tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos” para mostrar a la Corte cómo Bolivia ha politizado un tema jurídico. Dichos como “ni Dios ni la corona española le otorgaron el litoral boliviano a Chile”, que esperan “liberar al pueblo boliviano de la injusticia a través del derecho”, y que han tenido por 139 años una posición consistente, ya que “es y será una causa irrenunciable”, nos muestran un discurso político, ideal para un foro multilateral como la Asamblea General de la ONU o de la OEA, pero no para una Corte de Justicia. Además olvidan la historia del Derecho Internacional, bajo el cual era perfectamente legítimo adquirir territorio por la fuerza durante el siglo XIX.

Chile ha sido muy cauteloso con el uso del lenguaje. Hemos manifestado voluntad de conversar sobre un problema del vecino, para evitar obstáculos a las buenas relaciones, y en todas las negociaciones y declaraciones a lo largo de la historia hemos dicho estar dispuestos a poner sobre la mesa el “tema marítimo”, jamás hablando de una “obligación de negociar”. Bolivia insiste en que sí existe dicha obligación, pero que ellos esperan que el resultado de la negociación sea que “todos ganemos”. Cabe preguntarse cómo un Estado con tan buenas intenciones decide llevar a otro a un juicio cuyo costo es millonario, y cómo no ve que esa sola acción deja cualquier negociación en un punto muerto, extinguiendo así la presunta obligación de negociar.

¿Qué se viene?

La Corte tiene tres opciones claras, siguiendo lo que solicitó el demandante: declarar que no hay obligación alguna; estimar que hubo obligación pero que esta ya fue cumplida; y señalar que hay obligación y que Chile debe cumplirla de buena fe y en un plazo razonable. En los dos primeros escenarios la Corte apoyaría lo alegado por la defensa chilena. En el tercero, en cambio, se acogería la petición boliviana. La Corte señaló en el fallo de la excepción preliminar que la eventual obligación debe ser de conducta o comportamiento, es decir, solo puede  instruirse a las partes que negocien, sin imponer un resultado predeterminado. Esto significa que tendríamos que sentarnos a conversar, pero esa negociación podría concluir sin éxito. Un cuarto escenario es que la Corte señalara que sí debe haber un resultado preestablecido, pero esta posibilidad significaría que el tribunal iría en contra de lo que él mismo señaló, por lo que es casi imposible.

Lo más complejo es que sin importar lo que falle la Corte, este no va a ser el fin del conflicto. Morales ha utilizado este proceso para intentar unir a su pueblo en una causa común, esperando así aumentar su aprobación y buscando una reelección. Pero para ello ha mentido, no sólo a la Corte, si no que a su gente. La CIJ no le va a entregar mar a Bolivia. Ningún organismo internacional lo hará. La promesa de retrotraer el tiempo a la época anterior a la Guerra del Pacífico es imposible de cumplir. Esperemos que Bolivia vea que el problema es su presidente y no Chile.

Constanza Fernández Danceanu
Abogada y Analista Internacional