Finalmente, prosperó la indicación presentada por las universidades privadas, lo que vuelve inconstitucional que sostenedores de instituciones de educación superior tengan prohibición de lucrar. Estudiantes marcharán el 19 de abril.
Por seis votos contra cuatro, el Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohíbe que entidades como universidades, CFT e IP tengan en condición de sostenedores a personas o instituciones con fines de lucro.
Así, se da pie atrás a uno de los elementos más controversiales del texto legal y que mayor dificultad generó en su proceso de aprobación en el Congreso.
En ese sentido, para los contrarios a la medida, la determinación del TC es una apertura explícita a la posibilidad de lucrar en la educación superior y, por tanto, un retroceso en la discusión. Desde el oficialismo por su parte, llamaron a respetar el fallo y a comprender que si se rechazó el artículo, es producto de la presencia de vicios constitucionales.
El senador del Bío Bío e integrante de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe, indicó a este respecto que “los fallos del TC en tema Sernac, tema aborto y lo que está ocurriendo ahora, dan cuenta de una institución que daña las mayorías ciudadanas expresadas”.
En ese sentido, llamó a generar un gran acuerdo nacional para “eliminar un conjunto de facultades que hoy tiene (el TC)”. En caso contrario, expresó, puntualizando en lo que sucede con la Ley de Educación Superior, “si es necesario recurrir a instancias internacionales, lo vamos a hacer”.
En la vereda opuesta, el diputado del Distrito 20 y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla, lamentó que se cuestione una conclusión únicamente porque “no es del gusto de un sector”.
En esa línea, afirmó que “el fallo del TC no es un fallo político, es un fallo fundado en derecho. El TC vela por que todas las leyes estén de acuerdo con la constitución y si rechazó el artículo es porque no está en acuerdo con la ley superior”.
En Concepción, representantes de federaciones mostraron total oposición a la medida, que, aseguran, tacha una de las victorias del movimiento estudiantil.
“La única palabra que se me ocurre es indignación. Refuerza una cuestión que se venía expresando hace bastante tiempo, respecto a la ilegitimidad democrática de este organismo”, sostuvo Rodrigo Castillo, presidente de la FEC.
Mario Tapia, presidente de la Feutfsm y vocero Confech, hizo hincapié en que “el nuevo escenario amerita reunir al movimiento social. Buscábamos en primera instancia sostener diálogo con el gobierno, pero claramente las señales ameritan que el movimiento se rearticule con urgencia”.
A su vez, Tapia confirmó que la primera marcha convocada por la Confech -más la Cones- se realizará el jueves 19 de abril.
Por su parte, Joel Arroyo, presidente de la federación de la Ucsc, subrayó que “el rechazo es transversal. El fin al lucro es una de las primeras demandas planteadas. Que un tribunal, con mayoría de derecha, pase a llevar la mayoría ciudadana, nos parece insólito”.
Polémica también ha generado que la indicación que cuestionó la constitucionalidad del artículo 63, haya provenido de la Corporación de Universidades Privadas, que en su directorio cuenta con Pilar Armanet, rectora de la Universidad de Las Américas (Grupo Laureate), militante PPD y ex ministra en el primer gobierno de Bachelet.
Mediante un comunicado, el organismo declaró su satisfacción, recalcando que dicho aspecto del cuerpo legal atentaba “contra los principios que rigen al sistema de educación superior: autonomía, diversidad, libertad de asociación y enseñanza, y no discriminación”.