Los profesionales concordaron en que el ex secretario de Estado podía negarse a firmar el decreto sobre el futuro del penal.
Revuelo causó la publicación de un video dirigido a los integrantes de la Masonería, en el cual, el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, sostuvo que pese a que él durante su gestión le había planeado varias veces evaluar el cierre del penal Punta Peuco a la Presidenta Michelle Bachelet, “a horas del proceso de transmisión de mando, un acto de esta especie es lo único que iba a lograr era empañar lo que ha sido la tradición republicana chilena”.
En el video, difundido en el marco de la campaña del ex secretario de Estado para ser Gran Maestro de la Masonería, Campos reconoció haberse negado a firmar el polémico decreto de cierre del penal que habría sido impulsado por la ex Mandataria Michelle Bachelet, a solo horas del cambio de mando presidencial del 11 de marzo.
“¿Puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi consciencia y violenten la Constitución y las leyes? Con el propósito de evitar ese bochorno, por cierto que me negué a hacerlo”, añadió. “Les advertí (al entonces Gobierno) que ese acto jurídicamente era ineficaz”, continuó el ex secretario de Estado, quien, además, recalcó que dicho decreto “no iba a producir efecto material alguno y que me parecía solo una maniobra política comunicacional. Yo, para ello, no me prestaba”, apuntó el ex ministro en el video.
Ayer, consultado por la difusión del material, Campos respondió: “quienes filtraron ese vídeo, que ellos respondan”.
Para el abogado constitucionalista Fernando Saenger, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución, el Presidente tiene el gobierno y la administración del Estado, “es decir, es jefe de Estado y Presidente de la República. El Presidente tiene un cúmulo de facultades que están en el artículo 32 de la Constitución y en otras disposiciones más, como la facultad de otorgar indultos. Entonces los ministros de estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente, y los reglamentos y decretos tienen que firmarse por el ministro respectivo, y no serán obedecidos sin ese requisito, dice el artículo 35 de ese cuerpo legal”.
El profesional agregó que, en el caso de Punta Peuco, si el ministro se negó a firmar un decreto, la Presidenta Bachelet tenía varias alternativas, “como decirle que se tome vacaciones, o una licencia médica, y que venga el subsecretario, y lo firme. O echarlo, le pide la renuncia, como lo hacía Carlos Ibáñez: tenía un ministro a las 10 y a las 11 tenía otro. Entonces, si el no quiso firmar, por las razones que haya querido el ministro Campos, entonces no hay decreto, pero ella tenía opciones”.
Para el abogado Saenger, sin ninguna discusión, la Presidenta podría haber tomado una decisión de cerrar el penal. Pero aseguró que el no firmar el decreto no atenta contra la Constitución, como aseguró el ex ministro Campos. “A lo mejor atentaba contra su conciencia, que no es lo mismo. Esa es una opinión política de él. ¿En qué parte está quien firma primero y quién después? Eso no está en ninguna parte”, dijo el abogado, quien recordó que el Presidente tiene la facultad de remover a su voluntad a los ministros de Estado. “Ahora si no lo hizo, es responsabilidad de ella y por eso Punta Peuco sigue aún”.
Más aún, Saenger precisó que, si el decreto hubiese sido firmado por Campos, el nuevo gobierno tenía las facultades para haberlo revocado.
“Constitucionalmente, él podía no firmar si iba contra su consciencia, pero para mí es una discusión artificial, no tiene ningún asidero en la Constitución”.
El abogado Remberto Valdés discrepó con Saenger y aseguró que el firmar el decreto sí atentaba contra la Constitución, ya que “el ex ministro Campos es un funcionario público, conforme a la Constitución su deber es promover y respetar los Derechos Humanos, y la orden dada por la Presidenta viola el artículo 19 número 1 de ese mismo cuerpo legal, sobre el derecho a la vida y a la integridad psíquica de los internos”.
Además, agregó que daba lo mismo sobre quién firmaba primero el decreto, si el ministro o la Presidenta, pero debe estar firmado por ambos, “y si el ministro se niega, pues será el subrogante. Y si no, lo destituirá y en cinco minutos tendrá a otro ministro, que sí firmará el decreto.
Para Valdés, el ex ministro Campos “tiene todo el derecho como ciudadano a estimar que la orden de la Presidenta viola la ley y de la Constitución, y además tremendamente inoportuna, impertinente, y a última hora. Legalmente él podía negarse estimando si era ilegal, argumentando su libertad de consciencia y la Presidenta tenía la facultad de removerlo”.
El abogado insistió en que hay que diferenciar lo jurídico de la oportunidad política: “en lo jurídico, el ministro Campos tiene toda la razón, y en materia de oportunidad política, tiene más razón todavía. Y hay que recordar que la misma Corte Suprema denunció que el sistema carcelario está colapsado, entonces, para igualar se pretende igualar hacia abajo y no hacia arriba, lo que es también absurdo. La decisión de la Presidenta Bachelet es tardía, inoportuna e ilegal y, en mi opinión, el ministro Campos tiene toda la razón”.