La persona a cargo del sistema de compras públicas en el país se refirió a los hechos de colusión que se han producido en el último tiempo a través de la plataforma, como también a lo que están haciendo para evitar este tipo de sucesos.

En marzo de este año, María Trinidad Inostroza cumplirá cuatro años a cargo del sistema de Mercado Público, encargado de las compras que hacen distintos organismos del Estado.

Un sistema que ha sido destacado a nivel mundial, pero que aún presenta falencias, como la colusión de los proveedores en distintos tipos de situaciones, las que son detectadas tras su adjudicación. Trinidad Inostroza tiene conocimientos de basta en el área de los delitos económicos y la regulación de los mercados, entre 2006 y 2014 fue la jefa jurídica corporativa del organismo y antes fue la propulsora de la Fiscalía de Delitos Económicos de la zona Centro Norte en Santiago, en donde le tocó investigar distintos hechos, entre ellos una estafa al interior de funcionarios de Gendarmería.

-¿En qué consiste este convenio para la adquisición de la electricidad para el servicio público?

-Es una experiencia inédita a nivel nacional, que es agrupar la demanda de consumo de energía eléctrica que tienen 10 organismos públicos. Esto equivale al consumo que tienen 16 mil viviendas al año, ellos salen a comprar la energía eléctrica y esperamos un ahorro en los pagos que se realizan por este concepto.

-¿Con esto buscamos evitar casos de colusión en la presentación de ofertas?

-En sistemas como este, la transparencia es uno de los mejores antídotos para evitar la corrupción. Y esta puede ser de todo tipo, por parte de los proveedores, de funcionarios públicos, pero al ser abierto tienes millones de ojos que están mirando los procesos y está a la vista de todos, por lo que se limita la comisión de delitos. En esta licitación buscamos competencia.

-Depende de lo que ocurra con este proceso, ¿se podría emular en otras partes del país?

-Por supuesto, esto es un plan piloto a nivel nacional que ha generado bastante expectación en distintos organismos públicos, entre ellos el mismo Ministerio de Salud, de poder replicarlo a nivel. Tenemos confianza en que se puedan coordinar los servicios públicos de manera colaborativa.

-A nivel general ¿cuál es el balance del sistema de ChileCompra?

– Es un sistema perfectible, pero que en este minuto es uno de los referentes a nivel mundial y es uno de los mejores que existen. De que tiene brechas, las tiene, pero es de los sistemas más transparentes de los actualmente en funcionamiento, con una transacción que alcanza los 7,8 billones de pesos a nivel nacional.

-A pesar de ser un buen sistema, igual ocurren irregularidades. Un ejemplo es lo ocurrido con los laboratorios Baxter y Sanderson en una licitación para comprar sueros en el Hospital Regional de Concepción. A esto sumamos episodios de licitaciones dirigidas, las que apuntan a un sólo proveedor. ¿Qué se hace en estos casos?

-Primero, la transparencia es muy importante ya que dejan al descubierto situaciones que atentan en contra de la libre competencia, a pesar de los organismos fiscalizadores. Es por esto, que desde ChileCompra hemos estado promocionando la probidad en la contratación pública de parte de los propios funcionarios públicos, de garantizar la probidad, integridad y los proveedores de las compras públicas. Acá puede haber un funcionario corrupto, como también un proveedor dispuesto a cometer este tipo de acciones, por lo que necesitamos actores que participen de forma correcta, con las mejores prácticas. Los casos que eluden la norma son repudiables y que merecen todas las penas, y deben ser denunciadas.

-¿Se ha analizado la opción de aplicar sanciones en el propio sistema de compras públicas, cuando ocurren casos de colusión o de compras dirigidas?

-Nosotros apuntamos a abrir las competencias, por lo que en las licitaciones dirigidas buscamos que se hagan las denuncias respectivas. Nosotros tenemos canales de reclamo para que se detecten este tipo de situaciones. También hay algo positivo, puesto que las denuncias han aumentado y los organismos públicos están acogiendo estas situaciones.

En caso de haber faltas mayores, toman conocimiento el Ministerio Público y la Contraloría. Estos dos organismos, además, tienen acceso a las bases de datos de ChileCompra y realizamos un trabajo conjunto para promocionar las mejores prácticas, la probidad y la transparencia en las compras públicas.

-¿Qué le falta al sistema de Mercado Público?

-Falta que otros organismos que utilizan recursos públicos se sigan sumando. Este es un tema que está en franco crecimiento, en donde participan ambas policías y ahora, de a poco, se incorporan las Fuerzas Armadas en situaciones en donde no esté implicada la Ley Reservada del Cobre. Siempre esto da paso a la transparencia en el Estado. Y esto es el primer paso para un mejor comportamiento y uso de los recursos públicos, además de la mejor gestión del Estado. Hace poco se incorporó el Ministerio de Obras Públicas, que implica la transacción de muchos millones de pesos.

-Hablando de Obras Públicas ¿se puede licitar una obra por menos del monto pactado?

-No, aquí todo es transparente y se debe hacer por el monto total. Lo que puede ocurrir, son situaciones relacionadas con los aumentos en los plazos de ejecución de los contratos y la planificación que se hace de estos, o sea, los aumentos en los plazos de las obras se deben disminuir con el plazo del tiempo.

“El Estado tiene el derecho a defenderse  y perseguir las responsabilidades también”

Diario Concepción consultó a Inostroza por los pasos que debió seguir la Municipalidad de Tirúa tras el fatídico accidente que le costó la vida a 11 personas en noviembre pasado.

Recordemos que la casa edilicia licitó a través del sistema público el arriendo de un bus año 2016, pero la empresa Flota Clacort envió una maquina 11 años más vieja, incumpliendo el contrato.

¿Qué pasa cuando se incumplen los contratos?

-Eso es esfera del mandante, por lo que los organismos deben estar atentos a estas situaciones contractuales y las sanciones a aplicar, que van desde las multas, cobro de boletas de garantía hasta el cese de los contratos. La normativa entrega soluciones para este tipo de situaciones.

-¿La normativa permite las acciones legales en materia civil y penal?

-Por supuesto, el Estado tiene el derecho a defenderse y perseguir las responsabilidades también, esto es independiente al organismo que se trate.