El jefe de la principal casa de estudios penquista analizó el resultado de la tramitación de las reformas a la educación superior, en las cuales se decidió privilegiar a las universidades estatales en desmedro de todas las pertenecientes al Consejo de Rectores.

Muy pocas declaraciones ante los medios de comunicación tuvo el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy Merino, durante la tramitación de las leyes relacionadas con la reforma a la educación superior.

Sin embargo, terminado el trámite legislativo, la autoridad universitaria se refirió a las consecuencias que tendrán estas modificaciones en la universidad, como en otros planteles pertenecientes a la Red G9, las que quedaron en una posición desmejorada en comparación a las casas de estudios estatales.

En conversación con Diario Concepción, Lavanchy se refirió a la designación de Gerardo Varela como nuevo ministro de Educación.

-¿Cómo ve usted el proyecto que sale desde el Congreso?

-Un año y medio de tramitación, pero este se viene trabajando hace casi cuatro años. Es bueno que haya una ley de educación superior y nosotros, los rectores, siempre dijimos que era necesario. En general es positivo que termine un proceso tan tortuoso y complejo. Pero esto cuándo sale desde la Cámara de Diputados al Senado era un pésimo proyecto y la comisión de Educación del Senado hizo un muy buen trabajo, puesto que resolvió una serie de situaciones que nosotros los rectores veníamos planteando. Por lo que al salir del Senado, se aprueba de manera rápida. Creo que eso hace pensar la importancia del Senado, ellos hicieron un trabajo de cosmovisión completo.

Que haya salido rápido, no significa que no tengamos reparos a la iniciativa, ya que desde sus inicios estuvo marcada por un sesgo ideológico, en relación a las 17 universidades del Estado y el resto, que son el G9, desde el comienzo esto estuvo presente.

Nos costó mucho que, por ejemplo, los fondos basales queden garantizados por ley. Pero el apoyo a las instituciones, es a través de los recursos.

-Ya que estamos hablando de recursos, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, expresó hace algunos días que el alto valor de los aranceles se deben a que la universidades incluyen los gastos por investigación ¿Qué tan cierta es esta afirmación en la UdeC?

-Para nosotros fue una sorpresa su nombramiento, puesto que no tenía ninguna trayectoria en Educación, y yo creo que esta ley cuando fue ministro, tuvo una complejidad enorme, ya que podríamos haberlo sacado antes. En esta universidad se encuentran uno de los aranceles más bajos. Con los aranceles se puede cubrir el pago a los profesores, pero en ningún caso utilizamos los aranceles para la investigación, todo se va al pregrado. Esas declaraciones no aplican acá.

-¿Existe discriminación en esta reforma?

– Hay una discriminación muy fuerte entre las Ues que consideramos públicas. Lo que importa es que hayan buenas universidades, pero da lo mismo si es estatal o no, ya que cumple la premisa del Gobierno. Nosotros cumplimos los mismos roles que una universidad estatal. Es bueno que potencien las universidades estatales, pero también es bueno hacerlo con estas otras que tienen el mismo rol de las estatales, pero son privadas. Al incluir esta apreciación existe una discriminación de carácter ideológico. Nosotros le enviamos una carta a la ministra, pero finalmente no fuimos escuchados.

-¿Cómo queda en el futuro el Consejo de Rectores?

– El Cruch se mantendrá, pero la ley establece un consejo técnico  con cinco rectores, pero a cargo de una autoridad política, por lo que esperamos que no pierda relevancia en el apoyo al Estado en las políticas de educación superior.

–¿O sea el Cruch puede aumentar su miembros, cómo puede disminuir?

-Hay una opción de que el Cruch no exista, pero hay una posición para que exista una conferencia de rectores con todos, pero eso ocurre en otros países, con otras realidades. Por experiencia, además, a la hora de influir con los gobiernos en políticas públicas no tiene mucho peso. Las cosas hay que verlas cuando estén funcionando y cómo se comportan con el tiempo, quizás tengamos que hacerle modificaciones.

-Una de las principales críticas realizadas por el G9 es la desaparición de los aportes basales ¿se sabe cuál  será el impacto en las instituciones de la red?

-Los montos de estos aportes basales serán fijados cada año, de acuerdo al presupuesto, pero al quedar fijos por ley, esto significa que no van a desaparecer, y esperamos que aumenten con el correr de los años.

-¿Este proyecto pone por encima a las universidades del Estado, en desmedro del G9?

– Por supuesto que sí, esto obligará a las universidades a ser creativos en la búsqueda de los ingresos, lo hemos sido, pero tendremos que serlo aún más. Acá, a muy corto andar, se creó una figura de donaciones con sorteo, que ahora es la Lotería, y esa es una fuente de ingresos muy importante.

-¿Esperan que el Tribunal Constitucional haga alguna modificación al proyecto?

-Yo creo que no hará cambios, esta vez será sólo un trámite, a diferencia de lo que ocurrió con la gratuidad.

-¿Qué espera de la reunión que solicitó el G9 al nuevo ministro de Educación?

-No esperamos absolutamente nada, puesto que en marzo deberemos reunirnos todos los estamentos y comenzar a tener los primeros acercamientos. Lo que está aprobado por ley no se puede modificar, por ejemplo la gratuidad quedó asegurada al sexto decil, pero ahora podremos ver como se avanza, o lo que ocurrirá con los aranceles regulados, etc.

-¿Qué le pareció la designación de Gerardo Varela como ministro de Educación?

-Yo debo conocer muchos ministros de Educación, todos dicen que este ministro no tiene expertis en el área educacional, hay que esperar su desempeño y no quiero prejuzgar antes de tiempo. A veces hay ministro con base educacional que no lo hacen muy bien, o está el caso de José Pablo Arellano (durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle), quien venía de la Dirección de Presupuesto e hizo un excelente trabajo.