Política

Subdere y tema cores: “la mejor solución es la que genere mayor consenso”

Por: Ángel Rogel 17 de Diciembre 2017
Fotografía: Agencia UNO

Ricardo Cifuentes explicó los alcances que tendrán los proyectos aprobados y manifestó la voluntad del Ejecutivo para llegar al mejor acuerdo en el recorte al periodo de los consejeros electos.

“Estamos muy contentos, pues estamos culminando una etapa”, dijo de entrada Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional (subdere), quien conversó con Diario Concepción sobre la aprobación, el martes pasado, de dos proyectos sobre descentralización: el de fortalecimiento de las regiones (o de traspaso de competencias) y la ley orgánica para la elecciones de los gobernadores regionales.

Sobre el primero, dijo, solo queda la toma de razón del Tribunal Constitucional, para su promulgación, lo más probable, en enero. Y, sobre el segundo, contó que el presidente de la comisión mixta que resolverá la polémica por el recorte del periodo a los consejeros regionales (cores), el senador Rabindranath Quinteros, citó a reunión mañana a las 15.30 horas.

“Hay dos alternativas, que el recorte se haga ahora o se pueda hacer el año 2021. Ese periodo duraría hasta el 2024 y ahora se mantendrían los cuatro años. Desde el Ejecutivo estamos disponibles para lograr un acuerdo (…). Creemos que será un trámite relativamente corto, pues se trata de un solo artículo y es una definición muy precisa la que hay que tomar”, comentó.

– A propósito de esas dos posibilidades, ¿Cabe la posibilidad que, la primera, sea inconstitucional? Así lo han manifestado algunos diputados.

– No es inconstitucional, porque cuando se creó la figura del gobernador regional y se modificó la Constitución, en 2016, se estableció claramente, en el artículo 28 transitorio, que se acortará el periodo de los cores para hacerlo coincidir con la elección de gobernadores regionales y de alcaldes y concejales. Eso es lo que mandata la Constitución, explícitamente. Además, el proyecto se discutió antes de la elección. Los cores ya fueron electos y creemos que es adecuado hacer la difusión en este contexto.

– ¿Faltó más información sobre la posibilidad real de encontrarse con un escenario como este?

– Creo que no, porque los parlamentarios conocen la reforma y el artículo 28 de la Constitución. Ellos la aprobaron hace menos de un año…

– Pero la consulta se la hago porque son los cores los que se quejan, pues les van a acortar el periodo.

– Es que todo el mundo se queja, pues a nadie le gustaría que el acortaran el periodo, menos cuando son electos… Pero, le insisto, nosotros estamos muy disponibles a que se encuentre la mejor solución el lunes. Y la mejor solución es la que genere mayor consenso. Si usted se fija en la votación que hubo en la Cámara de Diputados, diría que hay una señal muy potente. Hubo 107 votos que estuvieron por mandatar a esta comisión mixta para que busque una solución que, creo, está muy fácil. Comprenderá que yo no la puedo plantear, porque está en manos de los parlamentarios en el pleno uso de sus facultades.

– Respecto al proyecto de traspaso de competencias, entiendo que estos traspasos serán paulatinos y podrán ser solicitados por las regiones de acuerdo a su realidad.

– Ese es el principio general. Ahora, esta ley crea nuevas competencias a partir del próximo año. Por ejemplo, la posibilidad de desarrollar un Plan de Ordenamiento Terrritorial que nos parece un instrumento decisivo, para las nuevas facultades que va a tener el gobierno regional. Aquí, casi un opinión personal, lo ideal es que el plan se trabaje en los próximos dos o tres años de modo que se apruebe cuando esté electo el gobernador y así el plan tenga una discusión ciudadana amplia (…). Otro tema es la nueva estructura administrativa, pues la ley crea tres nuevas divisiones que se pueden crear ya a partir de marzo próximo. Se crea la figura del administrador regional; del auditor externo del Gobierno Regional, que tendrá un relación muy fuerte con los cores, porque va a generar equilibro y transparencia en la toma de decisiones que ejecute el gobernador regional. Se podrá solicitar la creación de un área metropolitana. Y sobre las competencias se establece que los primeros tres años, el gobierno central va a transferir competencias de oficio, estimamos que más de 20. Las que tendrá que aceptar el Gobierno Regional para que puedan operar. Y segundo, la región puede solicitar nuevas competencias, que serán distintas por región, dependiendo de sus prioridades.

– ¿Este largo proceso de instalación implica recursos?

– Todas las competencias que se transfieren tienen que estar respaldadas con los recursos.

– ¿Qué pasa con los funcionarios?

– Vamos a ir viendo caso a caso. Se puede dar un caso en que el gobierno regional tenga la competencia y la decisión, y puede encargar a un servicio que ejecute los programas. Es un poco complejo, pero la estructura del Estado es así de compleja. Habrá algunos casos en que se transferirán funcionarios, pero dependerá de la definición que tome la región y la decisión del nivel central. Hay servicios que son muy pobres en cuanto a funcionarios, por ejemplo, el Sernatur. Hasta ahora, el Gobierno Regional ha financiado funcionarios para ese servicio, a través de programas. Ahora podrá hacerlo de manera directa y trabajar o no con Sernatur.

– ¿Cuál es la diferencias entre el administrador regionales y el delegado presidencial regional?

– El delegado es el representante del Presidente de la República en el territorio y se dedicará a cosas muy específicas, como abordar seguridad o extranjería (…). El administrador regional es un cargo que depende del gobernador regional, es una persona que gestiona al interior del servicio público. Es como un gerente en la empresa privada.

– Y la gran pregunta. ¿Quién mandará en la Región, a quién recurre el ciudadano con sus requerimientos: al gobernador regional o el delegado presidencial?

– Dependerá del tema.

– ¿Qué pasará con las protestas, por ejemplo?

– Ese tema es un tema que obedece a gobierno interior y no se descentraliza, por tanto, es una materia del delegado presidencial. Ahora, a quien va a recurrir la gente cuando quiera pavimentar una calle o financiar un programa turístico o de desarrollo productivo, al gobernador. Lo importantes es que cada uno tendrá facultades distintas, privativas, no chocarán.

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