48 funcionarios fueron reincorporados a su trabajo en la municipalidad, tras la aprobación de estos dineros.

Tras tres meses de incertidumbre, el Concejo Municipal de Hualpén aprobó, de forma unánime, el aumento presupuestario que permitirá a la casa edilicia recontratar a parte de los funcionarios desvinculados en agosto pasado por bajo presupuesto.

Son $296 millones destinados a cumplir lo instruido por Contraloría en orden a reincorporar y cancelar obligaciones desde septiembre de 2017 al grupo de 48 funcionarios, que regresó a sus funciones en el municipio el pasado 10 de noviembre, entre ellos, los que contaban con confianza legítima, además de personas con fueros sindicales y maternales.

La alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, indicó que “esto demuestra que teníamos la razón, la municipalidad funciona con las personas, no tenemos déficit y yo agradezco que los fallos de Contraloría hayan permitido que el Concejo Municipal entienda y apruebe una situación que permite a las personas reciban su justa retribución económica”. Esto en alusión a los conflictos que vivió con los concejales de la comuna en dos votaciones anteriores.

La jefa comunal recordó que “tuvimos que llegar a todas estas instancias, pero el resultado es favorable como siempre lo sostuvimos”.

La suma aprobada durante la jornada considera las obligaciones económicas del grupo de 48 funcionarios hasta el mes de diciembre, garantizando el normal funcionamiento del municipio para lo que resta del año en curso en las diversas áreas que se encontraban afectadas al interior de la repartición hualpenina.

Recordemos que en los dos concejos anteriores donde se analizó la situación se rechazó aumentar los recursos, por no estar financiado y segundo por no contar con los informes de Contraloría que entregaban las identidades de las personas que deban ser reintegradas a sus funciones.

Esta votación es un alivio para la autoridad que este miércoles sufrió una orden de detención por no presentarse a una audiencia judicial. A lo que se suma la entrega de pruebas y testimonios en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Electoral Regional, que busca su destitución por notable abandono de deberes.