Apenas un 3,8% de los chilenos mayores de 18 años milita en alguno de los siete partidos que integran la Nueva Mayoría: DC, PPD, PS, PC, PR, IC y MAS.
Pero ¿cuál es el porcentaje que representan los afiliados a esas colectividades entre los funcionarios del Estado? La cifra siempre ha sido una incógnita, debido a que en Chile la nómina de militantes de los partidos políticos es mantenida en reserva por el Servicio Electoral, ya que así lo estipula la Constitución en su artículo 19 número 15.
La Tercera, en un ejercicio inédito en su tipo, revisó las afiliaciones políticas de los funcionarios a planta, contrata y honorarios de 50 reparticiones públicas. Resultado: en organismos como el Servicio Nacional de Menores (Sename), que ha estado en el centro del debate durante el último año, debido a los problemas que arrastra de gestión y a la investigación de fiscalía por el fallecimiento de niños al interior de los centros, se contabiliza un 41,1% de militantes de partidos de gobierno en su dotación de planta (14 de 34 empleados), mientras que entre los funcionarios a contrata hay 592 militantes de la Nueva Mayoría, lo que equivale al 14,1% del total.
En otro organismo vinculado al tema, el Consejo Nacional de la Infancia, creado por este gobierno para elaborar políticas públicas en esta materia, el 35,8% de sus funcionarios, todos a honorarios, tiene carné de militante (19 de sus 53 empleados).
Y aunque la alta representación de militantes es esperable en organismos eminentemente políticos, como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, donde un 50% de su planta está fichada en algún partido, llama la atención las altas cifras que se registran en reparticiones de carácter técnico. Tal es el caso de Senda, a cargo de la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. Allí, el 60% de los funcionarios de planta (12 de 20) son militantes, mientras que el 16,2% de sus funcionarios a contrata tienen esa condición (29 de 178).
O la Subsecretaría de Transportes, entidad que lidera los proyectos para mejorar el transporte público y privado, incluido el Transantiago. El 43,9% de su dotación de planta es militante de partidos de centroizquierda (18 de 41), porcentaje que baja a un 11,7% (87 de 740) entre quienes están a contrata.
En el Instituto de Previsión Social (IPS), en tanto, el32,8% de sus 274 funcionarios de planta son militantes.
Caso aparte es el del Instituto Nacional de la Juventud, Injuv, que orienta políticas públicas para jóvenes entre 15 y 29 años. En el organismo, 20 de sus 23 funcionarios de planta son militantes (86,9%) y 61 de sus 139 empleados a contrata (43,8%) están inscritos en un partido de gobierno.
Los funcionarios de planta son aquellos que tienen un contrato indefinido con el Estado. En tanto, los a contrata deben renovarlo cada año.
¿Cuánto pesa la militancia política en el currículum? ¿Qué tan importante es estar inscrito en un partido de gobierno para obtener un cargo en la administración pública y ascender en la carrera funcionaria? La estimación en ambientes académicos es que al menos en el gobierno central el porcentaje de militantes del oficialismo alcanzaría a un 12% de los empleados públicos, mientras que la cifra podría llegar al 14% en la dotación a honorarios.
La alta representación de los militantes en el aparato estatal se explicaría en que estos tienen mayor interés en el área del servicio público y que es habitual que las autoridades de gobierno contraten militantes afines, propuestos por los partidos, para garantizar lealtad política, sobre todo en cargos de confianza.
El problema radica en que se desincentiva la participación de profesionales independientes capacitados, sobre todo si los militantes copan las plazas en organismos técnicos. En el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, el 23% de sus funcionarios de planta integran las filas de alguno de los partidos de la Nueva Mayoría. En el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 35,8% es militante; en el Registro Civil, uno de cada cinco funcionarios de planta -el 20,1%- figura como inscrito en los partidos; en Sernapesca, el 27,4%; mientras que en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), además de contar con miembros de los pueblos originarios entres sus funcionarios, un 39% de su planta es militante de partidos de gobierno. En la Superintendencia de Educación, el 33,3% de sus empleados de planta pertenece a alguna colectividad de gobierno.
En cambio, a lo largo de Chile y en el mundo privado, la participación activa en política partidaria es marginal. Cerca de 900 mil personas (7,2% de los chilenos mayores de 18 años) milita en partidos políticos, mientras que los afiliados a la Nueva Mayoría, según información del Servel, no llegan a las 500 mil personas. Esto incluyendo a quienes no se reficharon en el reciente proceso de reinscripción, los que para efectos de la ley siguen siendo militantes, pero en calidad de “suspendidos”. La condición de independientes sólo la obtendrían al ir a desafiliarse personalmente, ya sea al partido o a las oficinas del Servicio Electoral.
Aunque la nueva ley de financiamiento público a los partidos políticos los obliga a transparentar en su página web cierta información sobre las colectividades, allí sólo informan la cantidad de militantes que ocupan cargos de autoridad en el gobierno y no en las dotaciones de funcionarios. Así, por ejemplo, la DC informa que tiene 83 de sus miembros en puestos de jefatura, mismo número que el PS. El Partido Radical señala que 78 de sus militantes tienen jefaturas en el aparato estatal, y el PPD suma 32, entre ministros, subsecretarios, gobernadores y embajadores.
Para contabilizar los militantes en los servicios públicos, La Tercera, con la asesoría de expertos y académicos, obtuvo la nómina de militantes de la Nueva Mayoría a partir del padrón electoral de las pasadas elecciones primarias del 2 de julio de 2017 de Chile Vamos y el Frente Amplio, donde los únicos que no podían sufragar eran los militantes del oficialismo, el PRO y partidos minoritarios.
Así, al cruzar la lista de inhabilitados para votar en primarias con los funcionarios que registra el portal Gobierno Transparente a septiembre de 2017, se pudo establecer el número y la identidad de los militantes que trabajan en el aparato público.
Ya que la nómina fue obtenida del padrón de inhabilitados en primarias, no fue posible obtener un listado con los militantes de Chile Vamos y el Frente Amplio.