La licitación para la reconstrucción del Palacio de los Deportes, en Talcahuano (el recinto que se encuentra a un costado del gimnasio La Tortuga y que fue destruido por terremoto y tsunami de 2010), parecía marchar viento en popa, tras años de postergaciones.
No obstante, un dudoso correo electrónico recibido por el alcalde, Henry Campos (UDI) y tres concejales de la comuna, donde supuestamente un representante de una empresa (lobbista o gestor de intereses) agradecía la adjudicación de los trabajos, antes que se conocieran los resultados, cambió abruptamente el escenario.
La historia es compleja y está llena de matices, pero a la fecha lo concreto es que existe un querella que el jefe comunal interpuso ante la Fiscalía por tráfico de influencias y cohecho; una denuncia de la empresa Ingetal contra quienes resulten responsables del delito de estafa (la empresa asegura que ningún representante suyo envió un correo electrónico a las autoridades mencionadas); una petición de la concejala, Pamela Cortés (PPD), para que Contraloría se prenuncie sobre el proceso; y la solicitud de un grupo de ediles para la realización de un Concejo extraordinario que permita clarificar las dudas que la mayoría de los integrantes de la instancia tiene.
De hecho, durante la tarde del lunes pasado se realizó una sesión extraordinaria de Concejo solicitada por los concejales Cortés, Eduardo Saavedra (PS) y Edtih Burgos (DC). No obstante, dijeron algunos de ellos, la instancia no permitió dar respuesta a las interrogantes que rondan en el municipio y la comuna.
Se trató, contó el edil Saavedra, de un reunión de una hora, donde la mitad del tiempo fue ocupado por representantes de la Dirección de Construcción del municipio, quienes explicaron, en términos generales, cómo funcionan los procesos de licitación.
La licitación para la reconstrucción del recinto deportivo ya había sido adjudicada por la administración anterior. Sin embargo, la gestión en ejercicio volvió a licitar. Contaba para lo anterior con $5 mil 500 millones provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
Según contaron algunos ediles, la licitación habría quedado en manos de la segunda mejor oferta, de la empresa Andes, aunque sobrepasaba en $250 millones la primera opción, la de Ingetal. Claro, a la última empresa mencionada no se le habría adjudicado los trabajos por los supuestos correos.
Hasta ahora las dudas rondan el municipio porteño y los ediles insisten en una sesión extraordinaria, pues les interesa que la discusión sea abierta a la comunidad, a diferencia de lo que ocurre con las reuniones de comisiones.
“Quizás se llegue a la conclusión de que no existe nada irregular, pero este momentos hay dudas, y tenemos todo el derecho a saber que pasa”, dijo la concejala Cortés.