Una de las demandas de las universidades regionales del Consejo de Rectores (Cruch) es que el Estado pueda incrementar los recursos directos que entrega a dichos planteles, los que, según el proyecto de ley de presupuestos, llegarían a poco más de $ 6 mil millones.
Esos fondos se deben dividir entre las 22 universidades regionales, ocho planteles públicos del Cruch y 14 estatales. Si se comparan esos recursos con otros planteles, se constata que, por ejemplo, esas instituciones obtienen un 60% menos que la U. de Chile, que por sí sola obtiene más de $ 15 mil millones. En tanto, la U. Católica, en conjunto con la U. de Concepción, alcanzan los $3.100 millones, a través de los fondos de internacionalización y del apoyo a la innovación en educación superior.
“Cuando se analiza el financiamiento de la educación superior y se ve que hay tan grandes diferencias -que ya existían y que se han radicalizado- no hace bien si no se explica por qué”, planteó el rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán.
El reclamo de los rectores apunta a que, por ejemplo, mientras los fondos para la U. de Chile se incrementaron un 12,3% entre 2017 y 2018, los recursos para las universidades regionales crecieron 2,6%.
Juan Manuel Zolezzi, rector de la U. de Santiago, indicó que si bien esa institución está en la capital, le preocupa lo que ocurre con el desfinanciamiento de los planteles de regiones. “Yo no discuto las platas que recibe la U. de Chile, el problema es que si las universidades regionales continúan así, es probable que desaparezcan”.
Zolezzi añadió que “la cantidad de recursos que se están entregando a los planteles regionales impiden que mejoren su calidad y sus años de acreditación”.
El rector de la U. de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, comparte la mirada de su par de la U. de Santiago: “Yo creo que el aporte a las universidades regionales debe ser directo y suficiente para un desarrollo coherente con lo que se espera del desarrollo de cada región”.
La molestia de los rectores antes mencionados también se repite en Concepción, puesto que las cuatro universidades de la zona se ven afectadas. Por ejemplo, la Universidad de Concepción recibiría cerca del 10% de los recursos destinados a la casa de Bello.
Sobre esta situación el rector (s) de la Universidad de Concepción, Bernabé Rivas, expresó que “de manera permanente se ha solicitado mayor apoyo y compromiso para estas universidades, y así fortalecer a estas casas de estudios que se encuentran de Arica a Punta Arenas. El Estado hace un aporte totalmente insuficiente”.
En tanto, el rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, acusó una discriminación en contra de las universidades católicas más pequeñas del país. “Esto hay que analizarlo de varios ángulos, pero en base a algunos indicadores de financiamiento, existe un claro sesgo a favor de las universidades grandes metropolitanas. Existe un aporte por estudiante matriculado, en donde las pequeñas universidades se encuentran en los últimos lugares, lo que se termina transformando en una discriminación”.
La autoridad recalcó que en reiteradas ocasiones han hecho saber esta situación a las autoridades, pero que no han sido escuchados.
Desde el Ministerio de Educación aseguraron que existe un fondo especial para estos planteles que les permitió recibir más de $ 185 mil millones en aportes directos en 2016 y $ 209 mil millones este año.
“Comprendiendo que las universidades regionales requieren más apoyo, y coincidiendo con sus autoridades respecto de que ellas son claves en el desarrollo del país y en la mejora de la calidad de la educación superior, el Gobierno ha aumentado los recursos para las universidades regionales”, aseguró Alejandra Contreras, jefa de la División de Educación Superior del Mineduc.
Sin embargo, los rectores plantean que esas cifras no corresponden a aportes institucionales directos, porque incluyen recursos que involucran factores que sólo permiten a algunos planteles recibir fondos.
“Dichos recursos se asignan a cada institución en función de indicadores objetivos, como los años de acreditación, matrícula, resultados en investigación, etcétera. De esta manera, cada institución recibe una cantidad diferente de recursos de acuerdo con el nivel de avance de esos indicadores”, explicó Contreras.
Sobre este punto, Bernabé Rivas indicó que “si bien se aumentaron los recursos, fue a todos; al que tenía 1, le aumentó a1,1; y al que tenía 2 le aumentaron a 5. Hay que ver si esto es significativo para las actividades que realizan las universidades”.