Mientras en Santiago, el ministro del Interior, Mario Fernández, y la Presidenta Michelle Bachelet se reunían con la madre de los comuneros que se mantenían en huelga de hambre, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy se preparaba para una reunión con la ministra de Seguridad Pública de Argentina, Patricia Bullrich.

Se suponía en que en la cita, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Aleuy entregaría antecedentes del presunto tráfico de armas por pasos fronterizos ilegales entre ambos países, además de datos de interceptaciones telefónicas y triangulación de antenas de telefonía móvil, cuyos datos serían utilizados en la búsqueda del joven artesano Santiago Maldonado, que desapareció los primeros días de agosto en medio de una manifestación pro mapuche que se generó en Esquel. Finalmente, nada de esto ocurrió.

De acuerdo al relato del diario trasandino La Nación, “la expectativa se evaporó en los primeros cinco minutos de la reunión”, puesto que la autoridad chilena no entregó ninguno de estos antecedentes. Este encuentro fue calificado por la propia Bullrich como “vacío de contenido”. Testigos de la reunión afirman que no se les entregó nada , por lo que catalogaron el encuentro como “muy raro”.

Cercanos a Aleuy, comentaron que en los momentos previos a la reunión con la autoridad trasandina, se enteró de la reunión que sostuvo la Mandataria con familiares de los huelguistas, y que eso, habría motivado cambios en la actitud del funcionario, que incluyó adelantar su vuelo de retorno a Chile.

De lo único que se habló en la cita, fue de la visita que realizará el Papa Francisco en enero próximo, por lo que se intensificarán los controles en los pasos fronterizos y se cerrarán los cruces ilegales. Además, se establecerá un centro de ayuda para los argentinos que viajen a la actividad. Tras este viaje, Aleuy habría decidido presentar su dimisión al cargo, siempre y cuando se concretara una reunión con la presidenta, la que se realizó la tarde del martes, en donde se sellaron sus vacaciones.

La reunión se gestó por petición de la Subsecretaría del Interior, tras la formalización de los ocho comuneros mapuche detenidos en la denominada “Operación Huracán”, puesto que en los mensajes de texto que se encontraron en los teléfonos de los detenidos, se habló de entregas de dineros y armas provenientes de al otro lado de la cordillera.