Algunos creen que era necesaria su partida, mientras que desde la intendencia mantuvieron la postura fijada desde palacio. Y las víctimas califican la situación como un error.
19:00 horas del martes y en el Palacio de la Moneda se colocaba punto final a la polémica de turno: la molestia del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, luego de que su superior, el ministro del Interior, Mario Fernández, quitara la calidad de terrorista a la querella que presentó el Gobierno en el caso Iglesias.
A esa hora, desde la Subsecretaría del Interior, se emitió un escueto comunicado de prensa, en donde explicaban que Aleuy se tomaría vacaciones. Sin embargo, otras fuentes de palacio confirmaban la indeclinable partida del responsable de la seguridad interior. Ambos hechos dejaron más dudas que certezas en la ciudadanía.
La primera en salir al paso de este episodio, fue la propia Presidenta Michelle Bachelet, quien descartó la renuncia de la Aleuy: “Él no me ha presentado ninguna renuncia, lo que yo pediría es que no hagamos de una no situación una situación, porque aquí no hay una crisis en La Moneda”.
Mientras que desde el Gobierno Regional del Bío Bío, el intendente Rodrigo Díaz expresó que “es público y notorio que ha tomado vacaciones y no opino sobre esta situación”, mientras que al ser consultado por las posibles causas, Díaz guardó silencio.
En tanto, el diputado Cristián Campos señaló que sería lamentable la salida del subsecretario: “Él es importantísimo para el Gobierno de la Presidenta Bachelet y ha impedido que el Estado de Derecho se termine quebrantando aún más tanto en la provincia de Arauco, como en la Araucanía”.
Para el senador Víctor Pérez Varela, “el drama de Aleuy es que fue desautorizado y eso debilita lo que es la persecución criminal de los violentistas y creo que se le debilitó, si vuelve lo hará muy cuestionado. De hecho, Alejandro Guillier lo trató muy duramente”, acotó el parlamentario.
Desde la Agrupación Paz y Diálogo en el Bío Bío, consideran que esta situación es un error grave del Gobierno en el manejo de este conflicto. La vocera del movimiento, Solange Etchepare, en efecto afirmó que “la única herramienta que había empleado hasta la fecha el Gobierno que había sido eficaz, fue la ley antiterrorista”.
Cercanía con Díaz
Varias fuentes consultadas por Diario Concepción confirmaron la estrecha relación entre el subsecretario Aleuy y el intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz.
Según ellas, Díaz se relacionaba de manera directa con el subsecretario, construcción de confianza que se facilitó a raíz de que él se mantuvo en su cargo desde marzo de 2014, siendo que durante este periodo pasaron tres ministros de Interior.
Además, es Aleuy quien se encargaba de analizar la situación que ocurría en la provincia de Arauco, tras los diversos hechos de violencia rural que han tenido como escenario esa zona.
Sobre esta relación, Pérez Varela comentó que “Aleuy es una personas que trabaja mucho con regiones. Estuve en muchas reuniones donde estaba el intendente Díaz. La apreciación que tengo, siendo subjetiva, es que había cercanía (entre Díaz y Aleuy)”.
Con esta base, Aleuy promovió la firma de un “Pacto Político Parlamentario para la provincia de Arauco”, el que contó con el apoyo transversal de los diputados de la zona de Arauco y los cuatro senadores de la Región del Bío Bío. Con respecto a esta situación, el entonces subsecretario señaló, ese 5 de enero de 2015, fecha en que se firmó el acuerdo, que “creemos que esto le da esperanza a la Región. Hemos sido insistentes en que en lugares en que se producen hechos de violencia es difícil que las actividades productividad, sociales y culturales se desarrollen. Esperamos que este acuerdo permita tener un cauce efectivo para que los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad en esa zona”.
A más de dos años de este episodio, el senador por la zona Víctor Pérez Varela opinó que en “el acuerdo al que arribamos en enero de 2015, todos los parlamentarios de la región, jugaron un rol muy importante tanto el subsecretario como el intendente. Había coincidencia en los temas.
Fuego cruzado
Un duro cuestionamiento realizó el diputado PPD Cristián Campos por las críticas que realizaron autoridades regionales al arzobispo Fernando Chomali por no autorizar el ingreso de la policía para desalojar a activistas que mantuvieron durante 8 días tomada la catedral, en apoyo a comuneros en huelga de hambre. También cuestionó el que la autoridad no valorara el gesto del religioso de darle trabajo a al ex líder de la CAM, Héctor Llaitul, lo que a la postre permitió que la Corte autorizara su libertad provisional.
Según el parlamentario, “Chomali cumplió un rol humanitario y el Estado no tiene por qué criticarlo, muy por el contrario, debe apoyarlo para defender a quienes se encuentran en una situación compleja que pudo haber terminado con consecuencias fatales. Las autoridades no debieron adelantar juicios, ya que en la mañana dijeron algo y en la tarde debieron cambiar la mirada”.
Informadas de los dichos de Campos, la vocera de la Agrupación Paz y Diálogo en el Bío Bío,Solange Etchepare emplazó al diputado a demostrar algún acto humanitario por parte del Ejecutivo con ellos. Y reiteró sus críticas por la intervención gubernamental en favor de los autores de los ataques: “La intervención de cualquier actor en temas judiciales enloda el trabajo que ellos realizan, puesto que se puede apreciar una manipulación al sistema. Acá hay un doble estándar absoluto por parte del Gobierno, una manipulación abierta”.
Intendente desdice a gobernadora por barricadas
El intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, aseguró que el Gobierno sí puede invocar la Ley de Seguridad del Estado en casos de barricadas en la intercomuna.
De acuerdo a la autoridad, “la ley contempla la posibilidad de que un desorden público pueda ser considerado bajo esta normativa, elevando la pena que tiene en particular sobre los hechos cometidos”.
A su juicio, las declaraciones vertidas el martes por la gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, se enfocaban más en la regla general que en los desórdenes públicos. Sobre una posible utilización de esta normativa, la autoridad fue clara en que “se debe realizar un análisis con los medios de prueba en mano y los antecedentes que maneje el Ministerio Público y que pueda utilizar. Cada vez que hemos damos señales sobre el orden público ello se ha hecho”.