Para el ex ministro del presidente Ricardo Lagos, los juicios como el de los comuneros mapuches son complejos por la falta de acuerdos entre el Poder Judicial y la política.  

Exponer sobre la corrupción, sus categorías y los efectos en la sociedad, promover la negociación y conciliación como medidas principales para resolver los conflictos judiciales y dejar de acudir inmediatamente al litigio para así evitar sobrecargar el trabajo de los jueces, fueron algunas de las temáticas que abordó el ex ministro de Justicia del presidente, Ricardo Lagos, y actual director de Chile Transparente, Luis Bates, en su visita a la Universidad San Sebastián.

Profesores y alumnos de la sede Las Tres Pascualas asistieron a la charla del abogado y hoy director del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la casa de estudios. Allí conversó con Diario Concepción sobre política, demandas del pueblo mapuche, conflictos de interés y financiamiento irregular.

Ante lo anterior y fiel a su estilo aseguró que “la corrupción y la delincuencia no podrán ser erradicadas porque han acompañado al ser humano toda su vida.

– ¿Chile perdió la categoría de ser uno de los países con menor corrupción de Latinoamérica?

– Efectivamente, nosotros tradicionalmente teníamos bajos índices de corrupción en los rankings internacionales, donde Chile aparecía en el tercer lugar, sólo después de Uruguay y Costa Rica, pero eso ha cambiado y no solamente a causa de la corrupción pública sino también la privada. Los casos de Penta y Soquimich, entre otros, visibilizaron conductas que se comentaban pero no estaban en conocimiento de la ciudadanía.

-Entonces, ¿hay un trabajo que no se hizo para controlar esas acciones?

– Por el contrario, hemos avanzado muchísimo en los últimos 10 ó 20 años. Se han dado pasos importantes en Transparencia, con la ley de Derecho a la Información Pública. Esas medidas han permitido que esos hechos que estaban ocultos, hoy se puedan comprobar y así dimensionar el daño que producen en el ámbito social, económico o a generar desconfianza a las instituciones, por ejemplo. Había un parlamentario amigo que decía: cuando vienen las elecciones les pasamos el platillo a todos los empresarios. Y así funcionó durante tiempo, en cambio ahora con la tecnología es mucho más fácil que los ciudadanos conozcan y comprueben esas irregularidades.

– ¿Está el país en riesgo de caer en una corrupción sistémica?

– Siempre se decía que Chile estaba en la primera fase de corrupción: la accidental, o sea, situaciones puntuales, pero bajo mi percepción y en base a los antecedentes que hemos expuesto, creo que hoy en día estamos en la etapa sistemática que consiste en la corrupción de determinados sectores de la sociedad. Pero descarto que lleguemos a una sistémica porque significaría que todo el país estuviera infectado por este fenómeno y ese no es nuestro caso.

– Luego de todos los casos que han salido a la luz, ¿cree que se frenarán estas malas prácticas?

– Lo primero es volver a mencionar que esto es algo permanente en las sociedades. Por eso no les crean a los candidatos que prometen terminar con esas prácticas. A mí me tocó vivir el proceso de corrupción del 94’ con lo de Codelco y qué pasó: se formaron comisiones, proyectos, leyes, códigos de autorregulación, etc. Luego pasaron 9 años, era Ministro y salió el caso MOP-Gate y nuevamente se tomaron las mismas medidas. Que quiero decir con esto, que todo se repite.

– Acá hay algo muy importante y utilizaré lo que dijo Gandhi, sé tú los cambios que quieres ver en la sociedad, hay que dejar de ver todo desde el palco y asumir la responsabilidad de cada uno. A mi juicio, uno de los principales antídotos está en la educación y la formación. Lo que estamos viviendo nos debe servir para reflexionar y sacar un aprendizaje.

– Con respecto a la querella de los comuneros mapuches, ¿considera que se ha tratado correctamente el conflicto?

– Mi opinión es que el poder judicial está actuando adecuadamente, pero hay que tener conciencia de la complejidad de investigaciones como estas porque se conjugan dos elementos: el político y el jurídico. Esto hace que se torne complejo llegar a acuerdos, como quedó en evidencia cuando el ministro del Interior, Mario Fernández, afirmó que se mantendrían las acciones por delitos terroristas, pero sin embargo están instando a que se les modifique la prisión preventiva, cuando esa es una decisión que deben tomar los jueces.

– En estos casos, ¿condiciona a los jueces las presiones sociales?

– Las manifestaciones y las tomas tienen como objetivo desafiar el funcionamiento del sistema judicial, el cual actúa razonablemente. Los jueces y los fiscales están haciendo su trabajo, pero evidentemente las presiones sociales hacen que queden muy expuestos y más cuando no converge lo que estipula la ley y el tratamiento que se le quiere dar políticamente.

– ¿Qué opinión le amerita la toma de la Catedral penquista?

– Todas las tomas son un delito de usurpación y eso está contemplado en la ley penal hace mucho tiempo. Esto significa privar al dueño de un bien de, al menos, dos componentes del dominio que son el uso y el goce de éste, y que por lo tanto debe ser restituido con la mayor rapidez posible. Cualquiera que obstruya a la justicia para hacer su trabajo e impida el desalojo para retomar el uso del mismo, está coparticipando de la toma. Eso podría, eventualmente, llegar a ser una infracción penal.