El intendente, la gobernadora y el seremi de Gobierno lamentaron que los manifestantes sigan en el principal templo católico de la Región. Incidentes terminaron con 26 detenidos y dos millones de pesos en daños.

Por: Carolina Abello R. / Marcelo Castro B.

La decisión del arzobispo Fernando Chomali de no solicitar el desalojo de la Catedral penquista, tras los incidentes ocurridos la noche del lunes, fue objeto de críticas de las autoridades de la Región.

Y es que la jornada finalizó con 26 detenidos, uno por maltrato de obra a Carabineros, y cinco carabineros lesionados, en desórdenes que comenzaron frente a la Catedral, tomada hace seis días en apoyo a los comuneros en huelga de hambre en La Araucanía.

Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol, están acusados de quemar una iglesia evangélica en Padre Las Casas, y  llevan 112 días sin comer alimento sólido con el fin de presionar para que el caso por el que se les acusa no sea investigado por la Ley Antiterrorista.

La manifestación también fue en rechazo a la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco y 7 comuneros mapuche, acusados de ser los responsables de la quema de camiones en La Araucanía y cuyos nombres fueron prohibidos de difundirse por la justicia.

Los incidentes partieron tras una marcha, tras la cual los manifestantes intentaron tomarse la radio Bío Bío, momento en el cual intervino Carabineros.

El prefecto de Concepción, coronel Rodrigo Medina, confirmó que se intervino tras el intento de toma del medio de comunicación. “Hubo destrozos en la plaza, los que tendrán que ser evaluados por la municipalidad”. De hecho, el alcalde (s), Aldo Mardones, avaluó los daños en 2 millones de pesos.

El coronel Medina agregó que como Carabineros no puede desalojar la Catedral mientras no lo solicite el arzobispo Fernando Chomali, quien ayer optó por no referirse a los hechos.

Sin embargo, los ocupantes del templo seguirán en el lugar, ya que no habrá desalojo, decisión que fue criticada por la máxima autoridad regional, el intendente Rodrigo Díaz, la gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz,  y el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza.

“Existe una forma de actuar que se repite, en donde se utilizan las huelgas de hambre que son parte de una estrategia política. Y cuando hay gente que olvida eso y avala estos hechos, están siendo parciales en su mirada. Entiendo aspectos humanitarios, pero no comprendo cuando alguien se presta y termina siendo útil en maniobras que tienen otro fin y uno está grande debe asumir sus responsabilidades”, fustigó  Díaz.

La gobernadora Muñoz también se refirió al actuar de la autoridad religiosa al no solicitar el desalojo.

“No me corresponde calificar su decisión, pero sí podemos señalar que las manifestaciones que se han  radicalizado están fuera del orden y del estado de derecho, porque toda la acción que se está haciendo en La Araucanía se está haciendo mediante un tribunal que da garantías a todos. En la Catedral hay resguardo policial en el frontis, se desalojó ese espacio, y sólo están adentro los manifestantes que permitió la autoridad eclesiástica. Nosotros tenemos limitaciones para actuar en un bien privado sin la autorización de quien esté a cargo, entonces por eso no podemos aceptar este tipo de violencia en las calles que afecta el buen vivir de las personas. Lo que suceda dentro de la Catedral es responsabilidad de las autoridades eclesiásticas”, precisó la gobernadora.

Al respecto, el seremi Inostroza aseguró que “todos los actores de la sociedad debe condenar este tipo de hechos, así como la Iglesia ha levantado la voz en preocupaciones sobre el pueblo mapuche, yo esperaría una condena mucho más enérgica de los hechos de violencia. Las víctimas son personas de a pie, trabajadores que buscan el sustento para sus familias”.

En cuanto los desórdenes, el intendente Díaz precisó que “acá no se cumplieron los protocolos establecidos para las movilizaciones, y esto incluye la ocupación ilegal de dos medios de comunicación. Yo respaldo el actuar de Carabineros en las movilizaciones de facto que se realizaron el día lunes”.

Esto, ya que además de lo ocurrido en radio Bío Bío, arrojaron bombas lacrimógenas al primer piso del edificio donde funciona Diario El Sur.

La gobernadora aseguró que condenan los hechos, ya que “nada justifica el uso de la violencia, el desorden y el daño, no solo a los bienes públicos y privados, sino a la intranquilidad y molestia en todos los ciudadanos. Esto afecta el movimiento de la ciudad.  Pero Carabineros realizó las acciones destinadas a permitir que la ciudad volviera al orden.

Muñoz agregó que están reuniendo antecedentes para interponer las acciones penales correspondientes.

El intendente Díaz incluso se refirió a los motivos de la huelga de hambre, y aseguró que no corresponde.

“La Fiscalía ha realizado una investigación, en donde un tribunal ha validado algunas pruebas y decreta prisión preventiva. Acá estamos hablando de posverdad o simplemente mentiras y hay un actuar conforme a la democracia con medios de pruebas antes los tribunales”.

El  vocero de la toma de la Catedral, Juan Carlos Tralcal, explicó que todo comenzó con la manifestación en apoyo a los huelguistas, a la cual ellos se plegaron, “pero Carabineros de manera abrupta, empezó a disuadir todo. Ellos lanzaron agua y nos sacaron las carpas. La represión es absoluta, pero reiteramos que no se va a terminar con la huelga hasta que se baje la ley antiterrorista y queremos que la Presidenta Michelle Bachelet responda a nuestras exigencias”. Agregó que la toma del templo seguirá con cinco personas dentro, ya que tienen el compromiso del arzobispo Chomali de no solicitar el desalojo.

Comuneros en huelga en la cárcel de Lebu

El defensor local de Cañete, Javier Pereira, confirmó que cuatro condenados en el caso Cuyinpalihue  iniciaron una huelga de hambre en apoyo a los comuneros de La  Araucanía. Ellos son Dionisio Quiñelén, Miguel Llanquileo, Rodrigo Melinán y Nicolás Railaf.

“La huelga comenzó el lunes y señalaron que va a durar hasta que se solucione el problema en la Araucanía”, dijo el abogado, y agregó que aún no está resuelta su situación judicial, ya que falta que se resuelva un recurso a su favor interpuesto en la Corte Suprema.

“Es complejo. A ningún defensor le podría agradar o gustar que sus representados tomen una medida de esta naturaleza, pero entendemos que es una cuestión de solidaridad, no en contra de su proceso”.

Pereira  precisó que seguirán monitoreando su situación a la espera de lo que decida el máximo tribunal del país sobre el recurso.

Querellas del Ejecutivo

De acuerdo a los números que maneja el Ministerio del Interior, entre 2014 y el presente año, las  querellas presentadas por el Gobierno y que están relacionadas  a hechos de violencia rural ocurridos en la Región del Bío Bío son 108. De éstas, sólo en 14 se invocó la Ley de Seguridad del Estado y en un episodio la Ley Antiterrorista. Este caso se refiere al ataque que sufrió el Centro de Transferencia Tecnológica de la Ucsc, que se ubica en el fundo Peleco de  Cañete.

Sobre esto, el seremi de Gobierno, Enrique Inostroza, señaló que “nosotros acompañamos a la Fiscalía, bajo la lógica de entregar una calificación a estos hechos. Invocar alguna ley, tiene que ver con algo de carácter jurídico. Pero este tipo de hecho y el lugar en donde ocurren, llevan a que las diligencias tomen más tiempo y más temprano que tarde, las personas vinculadas a estos hechos irán cayendo”.