La guerrilla en Uganda y los 43 de Ayotzinapa son parte de las investigaciones que Cox cuenta entre sus mayores experiencias internacionales. En esta entrevista, el jurista habla de las deudas del Chile post-dictadura y su criticado rol en el Caso Penta defendiendo a Jovino Novoa.

Ha sido comparado con el popular abogado Saul Goodman de la serie norteamericana Breaking Bad, y aunque la trayectoria profesional de ambos dista mucho de cualquier similitud real, bien se podría dar cuenta de dos juristas prolíficos que conocen de cerca el poder y los casos de alta complejidad.

Fuera de toda ficción, Francisco Cox es desde hace años uno de los profesionales chilenos con mayor inserción en el concierto internacional. Mientras investigaba el caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, México, fue invitado a defender a las víctimas de la guerrilla en Uganda.

Antes, fue parte del equipo que representó a la jueza Karen Atala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un episodio que, junto con declarar a Chile responsable de violar el derecho a la no discriminación, puso en primera línea las reclamaciones de minorías sexuales en nuestro país y Latinoamérica.

“De alguna forma ese fallo nos permitió avanzar y concebir de otra forma los Derechos Humanos”, afirma Cox, quien destaca que gracias a los recorridos por el mundo ha podido mejorar su opinión de Chile, sus instituciones y clase política. “Suena impopular, lo sé”.

– Fuiste seleccionado junto a otros especialistas para investigar el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Con qué dificultades te encuentras en México?

– Fuimos seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los representantes de las víctimas. En la primera etapa de investigación el Estado tuvo una política de puertas abiertas. Pudimos entrevistar a casi todos los imputados, tuvimos acceso a todas las carpetas investigación y trabajamos en elaborar informes sobre nuestras líneas de investigación. El problema que tuvimos fue que la Procuraduría General de la República ya había dado una versión oficial, que era que los 43 muchachos habían sido incinerados en un basural.

– Ustedes tenían una hipótesis distinta.

-Nosotros nos abocamos a ver qué tanta prueba objetiva existía sobre la versión oficial y nos dimos cuenta de que pruebas objetivas no había. Muy por el contrario, contratamos un experto en fuego y se indicó que en ese lugar era imposible que se pudiese quemar a los 43. Luego de eso se produce un cierre bastante fuerte de acceso a la información, hasta que finalmente el Estado mexicano nos dice que no quiere que sigamos con el mandato y se termina en un contrapunto. No obstante logramos desmentir muchas versiones. Es muy difícil llevar adelante una investigación donde hay pactos de silencio.

– Se corroboró que intentaron intervenir sus comunicaciones como equipo de abogados internacionales. ¿Qué viviste tú en particular?

– Cuando terminamos nuestro mandato, el New York Times saca un reportaje en que describe que las comunicaciones de activistas, periodistas y algunos otros abogados habrían sido intervenidas por un software que, en el fondo, te mandaba un mensaje que si lo pinchabas, vulneraba tu teléfono. Algunos recibimos ese link y recuerdo que alguien lo pinchó y entró a un sitio de una casa funeraria. En ese momento lo interpretamos como una amenaza de muerte y no como una intervención.

– Después partes a Uganda a representar a las víctimas del Ejército de Resistencia del Señor, ¿con qué te encuentras?

– Contrastándolo con México, en México había una violencia muy fuerte pero con una cierta lógica, perversa en sí misma, pero lógica. Cuando llego a Uganda y escucho los testimonios de las víctimas, te das cuentas de que hay cierta lógica, pero hay otras cosas que escapan a cualquier razonamiento. Daño que se produce sin ningún sentido de estrategia militar o comunicativa, simplemente por ejercer daño. Hay una lógica muy perversa, que es el secuestro de niños. La forma en que esta guerrilla se nutre con militares o soldados es secuestrando niños de 9 a 13 años.

– Hablamos de hitos internacionales y en nuestro país también tuvimos uno, el caso de Karen Atala. ¿Sientes que con él cambia la percepción en Chile de los Derechos Humanos?

– Cuando entra el caso Atala a la Corte Interamericana, teníamos el temor de que fuese a ser un fallo muy conservador y en el límite, sin embargo, la corte nos sorprende y establece un estándar muy alto, con una visión, una lectura del fallo, de que el matrimonio igualitario está exigido por la Convención Americana, porque lo que establece la corte en ese fallo es que no se puede negar un derecho con base en la orientación sexual.

– ¿Se han violado los Derechos Humanos en democracia?

– Sin duda. La reivindicación de verdad y justicia de las familias de Detenidos Desaparecidos es una labor que tiene que continuar y nos queda mucho tiempo por delante. Pretender que hay que cerrar esa página y pasar a otro tema es un error. No son temas del pasado, son del presente, porque son familiares que viven hoy ese dolor. Ahora, es llamativo, y esto fue una discusión que se dio muy fuerte en el sistema interamericano, que cuando retorna la democracia en América Latina, se le intenta quitar poder a la Comisión Interamericana y al sistema de protección de Derechos Humanos porque se pensaba que el sistema era solo útil en dictadura, lo que no es cierto. En democracia efectivamente se violan los Derechos Humanos. El caso Sename es claramente un tema de violación de Derechos Humanos.

– ¿Hay temor de Chile a la repercusión internacional?

– Yo creo que es por una parte ignorancia y por otra parte el temor a dejar de ser el alumno aventajado de la región, pero sin duda Chile sí tiene problemas de Derechos Humanos. Las condiciones carcelarias en general, por ejemplo, son situaciones de violaciones a los Derechos Humanos. Distinto es si el Estado no se hace cargo. En esas circunstancias sí se puede generar una responsabilidad internacional si gente recurre al sistema interamericano.

– Mencionabas los pactos de silencio en México. ¿Hay pactos de silencio en Chile?

– Sin duda. No creo que la Comisión Valech sea uno de esos elementos de pactos de silencio. Sí creo que los perpetradores tienen pactos de silencio, sin duda.

– ¿Con nexos políticos?

– Ahí habría que verlos. Yo no tengo antecedentes de eso. Pero a mí no me cabe duda de que quienes cometieron violaciones a los Derechos Humanos saben dónde están los desaparecidos y en eso no hemos avanzado de manera significativa. Una de las obligaciones del Estado es ser proactivo, no esperar que el perpetrador venga y confiese.

Sin conflicto de interés

– Ha sido acusado de pecar de contradictorio. Abogar por los Derechos Humanos en el exterior y en Chile defender a Jovino Novoa (UDI) en el marco del Caso Penta. Cox asegura que se trata únicamente de temas tributarios y no de implicancias de crímenes en dictadura. Ese es su límite.

– ¿Tuviste conflictos por defender a Jovino Novoa?

– Yo, internamente, nunca tuve un conflicto. Me cuestionaron mucho. Yo creo que ahí hay un cuestionamiento equivocado. Yo lo que defendía en el caso de Jovino Novoa es la aplicación de la igualdad ante la ley y el debido proceso. A Novoa se le revisaron todas sus sociedades, hasta las personales, cosa que yo creo no se ha hecho con nadie. Lo que aquí había es que, dado el rol que tuvo durante la dictadura Jovino, yo sentía que había una persecución en contra de él desde el Servicio de Impuestos Internos con una especie de vigor excesivo.

– Sin embargo, Jovino Novoa representa a un sector que participó de la dictadura y aún no se desliga de la figura de Augusto Pinochet. A simple vista parece una contradicción.

– No, porque este es un caso tributario. Yo lo dije en la audiencia, jamás voy a votar por Jovino Novoa pero sí lo puedo defender porque es un tema del sistema tributario. Si hubiese sido otro caso, una causa vinculada con la dictadura, no lo defiendo.

Invitado a Concepción

Francisco Cox fue el encargado de dictar la clase inaugural del Diploma en Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, con la ponencia “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la luz del sistema interamericano”.