Juicios orales, salidas alternativas y separaciones de causas serán parte de los escenarios que tiene el Ministerio Público en contra de personeros de la Región.
Para muchos chilenos el mes de septiembre puede ser sinónimo de fiestas, empanadas y chicha en cacho, pero para algunos políticos del Bío Bío, serán días tensos, puesto que el Ministerio Público deberá definir los pasos que seguirán las investigaciones en las que están involucrados.
El primero que conocerá su suerte será el presidente regional de Renovación Nacional (RN) y candidato a diputado por el Distrito 20, Claudio Eguiluz, puesto que este jueves 14 de septiembre finaliza el plazo de investigación fijado en su contra. Recordemos que el dirigente fue formalizado el 14 de septiembre de 2015, por delitos tributarios relacionados con la emisión y facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas, de su propiedad y dos empresas más en las que participa y que fueron a parar a la contabilidad de SQM y SQM Salar.
De acuerdo a los antecedentes que tiene la Fiscalía, a los que tuvo acceso Diario Concepción, los dineros involucrados en esta rebaja impositiva son cercanos a los $600 millones. Estos montos también incluyen una red de 10 boleteros que tuvo Eguiluz entre los años 2012 y 2014, cuando ya ejercía como consejero regional (core).
Desde el Ministerio Público confirmaron que Eguiluz será llevado a un juicio oral, donde podría arriesgar penas de cárcel y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de hasta tres años. Situación que lo perjudicaría al momento de ejercer su cargo como diputado en caso de ser electo.
Escenario distinto tendrán dos de sus boleteros, el abogado Alex Cañete (quien postula el Consejo Regional) y el presidente de la Juventud de RN en la Región, Daniel Gutiérrez. A ellos se les ofrecerían salidas alternativas que incluirían el pago del 10% del fraude realizado, además de cumplir con ciertas condiciones como no cometer nuevos delitos y fijar un domicilio. En este caso, no existe la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Esta salida es similar a la que tuvieron las ex funcionarias de la Junji regional, entre ellas la que tuvo Ninfa Gatica, quien acusó que fue presionada por personeros de RN para emitir una boleta por $20 millones, que fueron retirados desde un banco por el propio Eguiluz.
Separación de Corpesca
Durante la semana del 18 de septiembre, la Fiscalía Regional del Bío Bío deberá informar al cuarto Juzgado de Garantía de Santiago e intervinientes, la separación de la causa Corpesca.
Esto se debe a que en la causa principal se encuentran agotadas casi todas las diligencias y sólo se encuentra pendiente la reformalización del senador Jaime Orpis, que se podría concretar en los próximos días.
Fuentes de Diario Concepción, ligadas a la investigación, comentaron que la nueva arista se radicará netamente en la Región del Bío Bío, ya que involucra a las pesqueras de la zona y a su asociación gremial, Asipes.
Esta persecución, en comparación a la causa madre, presenta un avance menor, puesto que sus diligencias recién comenzaron a concretarse en julio del año pasado, tras la petición de antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII), que realizó el entonces fiscal de la causa, Emiliano Arias. Cabe consignar que estos antecedentes recién fueron enviados en mayo de este año, tras una publicación de Diario Concepción.
Entre las autoridades que han aparecido mencionadas en esta arista se encuentra el ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), los seremis de Educación, Sergio Camus (PS) y de Obras Públicas, René Carvajal (PS) y los diputados en ejercicio Cristián Campos (PPD), Jorge Ulloa (UDI) y Clemira Pacheco, además de los candidatos a diputados Frank Sauerbaum (RN) y Gabriel Torres (RN), entre otros.
Cabe consignar que en contra de los mencionados no existen acciones legales, por lo que una formalización de cargos a ellos es bastante improbable.
Caso distinto es el de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien se encuentra en calidad de imputada en la causa, tras la querella presentada por el diputado Hugo Gutiérrez (PC) por posible cohecho a la parlamentaria que se habría realizado en el año 2014 por parte de su amigo, el entonces presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada.
Hay que hacer presente, que en la causa existen más de 120 diligencias que están en calidad de secretos y que el pasado viernes las defensas de algunas de las pesqueras involucradas lograron un alzamiento parcial de esta documentación. Además, no existe ninguna formalización y las audiencias realizadas han sido por vulneraciones a la debida defensa. A esto, se suma que no existe ninguna querella del SII.
Injurias en Hualpén
Quien sí o sí deberá enfrentar a la justicia tras las fiestas patrias será la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, por la querella por injurias que presentó en su contra la consejera regional Alicia Yáñez (PPD).
La acción legal llega tras una declaraciones emitidas por Torres en medios regionales, en donde acusó a Yáñez de emitir boletas falsas.
En la causa ya se han realizado dos audiencias, pero en ninguna de ellas se han presentado, puesto que se han pedido nuevas diligencias. Eso sí, el próximo 21 de septiembre deberán llegar hasta el tribunal de Talcahuano para definir si se logra una salida alternativa o van a juicio oral.