Según establece el abogado Patricio Zapata, sólo las imputaciones en investigaciones abiertas dejarían fuera de la nómina a un postulante, cosa que no ocurre con ambos representantes del Bío Bío.
Como algo más allá de lo legal, así lo han definido al interior de la Democracia Cristiana, el documento que elaboró el abogado Patricio Zapata y que servirá como parámetro para definir las candidaturas para las elecciones de noviembre próximo.
Son tres criterios, cuyo primer ítem apunta a aquellos que hayan sido condenados a penas aflictivas -superiores a tres años y un día de presidio- e inhabilitación de participar en cargos públicos. Este es el único impedimento definido por la ley.
A estos, se suman las condenas en otras materias del ámbito judicial, como civil, laboral y familiar. Y por el último, que las personas no estén formalizadas.
Este último criterio sembró dudas en algunas personas, puesto que existen casos en la Región en donde hay formalizados, pero no condenados. El presidente regional de la falange, Nicolás Hauri, explicó que esta situación sólo se aplicará para investigaciones que se encuentran abiertas. El dirigente cree que “es algo positivo, donde se va más allá del estándar legal. Este debiera operar en todos los partidos y es una medida que hacemos como un ejercicio de convicción de nuestra candidata. Aquí estamos entregando señales concretas a la ciudadanía”.
Si aplicamos este criterio, solamente el diputado Ricardo Rincón queda fuera de las nominaciones. A él, se podría haber sumado el senador Jorge Pizarro, pero su circunscripción (Coquimbo) tiene elecciones en el año 2021.
Con esta definición en la mano, Diario Concepción revisó los antecedentes de los postulantes que estarán en la nómina que revisará Patricio Zapata. De todos, existen seis que no presentan causas en el sistema del Poder Judicial.
En tanto, Martín Zilic, tiene tres causas en su sistema, de ellas sólo una es penal. Se trata de una querella por injurias interpuesta en el año 2012 por el ex presidente de la juventud de la UDI, Sebastián Abudoj, por una declaraciones emitidas en este medio. Finalmente, Zilic es sobreseido, por no existir antecedentes que acrediten el delito.
Mientras que el seremi de Bienes Nacionales, Eric Aedo, presenta cuatro causas, dos de familia, una civil en calidad de seremi- y otra como querellante cuando se desempeñó como concejal. En ninguna de ellas hay una condena en su contra.
Situación distinta ocurre con los actuales diputados Jorge Sabag y Marcelo Chávez, quienes sí fueron formalizados, pero no enfrentaron un juicio oral y menos una condena, puesto que no fueron desaforados.
Sabag fue formalizado el 23 de marzo del año 2010, por el delito de negociación incompatible, en el marco de una investigación que realizó la Fiscalía Regional de Valparaíso, dirigida por el actual fiscal nacional, Jorge Abbott, a las asignaciones parlamentarias. Allí, se encontró que el diputado arrendaba una sede parlamentaria en Cabrero, pertenecía a Inmobiliaria Nabatieh S.A, cuyo accionista es su padre, el ex senador Hosain Sabag.
En este caso, el pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción negó el desafuero y después Sabag recurrió al Tribunal Constitucional.
Misma situación ocurre con Marcelo Chávez, quien fue formalizado en abril de 2015, por manejo en estado de ebriedad, tras protagonizar el 13 de junio de 2014 un accidente de tránsito en la Avenida Michimalonco de San Pedro de la Paz.
En agosto de ese año, la Fiscalía pidió su desafuero, lo que fue acogido, pero la Corte Suprema lo revirtió el 18 de octubre, por no reunir los antecedentes suficientes para acreditar el tipo penal del hecho.
Según el presidente regional de la DC, Nicolás Hauri, “las investigaciones en contra de Sabag y Chávez están cerradas, por lo tanto, quedan fuera de este criterio”.