Constanza Fernández Danceanu
Abogada y Analista Internacional
Directora de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad San Sebastián

No cabe duda de que vivimos en una época de desconfianza, donde quienes reciben el mayor golpe son nuestros representantes. En muy pocos lugares de mundo la clase política está bien evaluada. Esta crisis influye sustancialmente en la participación electoral, ya que la ciudadanía está desencantada con la política en general y con la mayoría de los políticos en particular.

Desde mi perspectiva hay una razón fundamental, que al hacer análisis internacional resalta de sobremanera: el doble estándar. Usemos a Venezuela como ejemplo.

Recordemos que los problemas en el país comenzaron mucho antes de Hugo Chávez y su democracia participativa. Luego de dos largas dictaduras, Venezuela tuvo 40 años de democracia representativa, época que tuvo en la presidencia a quienes hoy son oposición. Dicho período terminó con cifras alarmantes: según datos oficiales del Banco Mundial durante los 90’s el país alcanzó una inflación del 100% y casi un 60% de pobreza. Eso explica, en gran medida, la elección de Hugo Chávez. Él asumió el poder en una época de bonanza económica, por lo que consolidó su popularidad gastando, sin pensar en el futuro. A Nicolás Maduro, en cambio, le tocó una época en que los petrodólares disminuyeron, lo que ha generado una crisis económica que significará una inflación de más de un 700% en 2017, según cifras del Fondo Monetario Internacional, y que durante el 2016 superó el 80% de pobreza, con más de un 50% de pobreza extrema.

Rol de la comunidad internacional

La oposición de hoy responsabiliza a Maduro por la crisis y por el manejo que este ha hecho de aquella. Han pedido que se acaben las ejecuciones, que se respeten los derechos humanos y que se termine con la corrupción. Pero olvidan el Caracazo, cuando el 27 de febrero de 1989 la comunidad salió a la calle a protestar contra el gobierno por el mal manejo de este de la crisis económica y por los altos niveles de corrupción. El ejército y la policía salieron a detener las manifestaciones. El resultado fue más de 300 ejecuciones y cerca de 3.000 desaparecidos, de acuerdo a cifras de Human Rights Watch. También se olvidan de que fueron ellos quienes orquestaron un golpe de Estado para derrocar al presidente democráticamente electo, Hugo Chávez, en 2002.

Un segundo doble estándar está en la reacción de la comunidad internacional.

La elección de la Asamblea Constituyente el pasado 30 de julio ha generado un rechazo mundial general. Un gran número de países ha desconocido la votación realizada por orden de Maduro y le han solicitado restablecer la democracia en su país. Pese a las dudas sobre el proceso eleccionario, el amplio rechazo internacional y las protestas de la oposición que declaran que este es el fin de la democracia en Venezuela, Maduro instaló su Constituyente, la que tendrá poderes ilimitados por tiempo indefinido y sesionará en el Palacio Legislativo, lugar en que trabaja la Asamblea Nacional, el verdadero Congreso venezolano, actualmente compuesto por una amplia mayoría opositora.

La irrelevancia en la que Maduro pone a la Asamblea Nacional tiene como consecuencia que Venezuela ya no es solo un país en una seria crisis democrática, sino que entra en la definición de dictadura. Esto llevó al Mercosur a tomar la decisión de aplicar la cláusula democrática contemplada en el Protocolo de Ushuaia, lo que en la práctica significa expulsar a Venezuela del bloque. Asimismo, la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha cuestionado y desconocido la elección. El mismo mensaje ha entregado la Unión Europea. Hasta ahora solo la Federación Rusa, Bolivia y El Salvador se han manifestado a favor de la Constituyente, en la que ven una solución a la crisis.

¿Dónde está el doble estándar? En la solicitud de intervención por parte de la comunidad internacional. La gran mayoría de los países que cuestiona el gobierno de Maduro (en mi opinión, con toda razón para hacerlo) son los mismos que cuestionan cualquier nivel de intervención de la comunidad internacional en sus asuntos internos. Chile, por ejemplo, rebatió el principio de jurisdicción universal cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, cuestionamos la relevancia del Pacto de Bogotá y decimos que no tenemos porqué cumplir con las resoluciones de La Haya, y nos oponemos a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada vez que tocan un tema ‘sensible’ para el país.

La vara con la que nos medimos tiene que ser la misma para todos, al menos el desde. No podemos objetar las dictaduras solo cuando son de izquierda o de derecha, dependiendo del propio color político. No podemos defender los derechos humanos y olvidarnos de ellos cuando nos convenga violarlos. No podemos pedir intervención internacional para otros, pero proclamar nuestra soberanía como un valor sagrado. Abandonando el doble estándar y juzgándonos a nosotros mismos con igual seriedad con la que juzgamos a los demás daremos el primer paso para recuperar la confianza de la ciudadanía.