Los parlamentarios habrían llegado a la convicción de que este tipo de proyectos de ley son de exclusiva responsabilidad de la presidencia.

No son muy buenas las caras al interior de la Fiscalía Nacional cuando se les consulta por la exclusividad que mantiene el Servicio de Impuestos Internos para presentar querellas y dar paso a investigaciones por delitos tributarios.

Inclusive, en mayo pasado, los diputados analizaron un informe para que el Ministerio Público tuviera también la iniciativa en este tipo de causa, en la ley se incluía un párrafo con la frase “El Ministerio Público podrá investigar y ejercer la acción pública por los delitos tributarios de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones que realizare”.

El proyecto de ley fue presentado en marzo de 2015 por los diputados PPD Jorge Tarud y Jorge Insunza para modificar la exclusividad que tiene el Servicio de Impuestos Internos en la presentación de acciones judiciales en delitos tributarios y hoy estaría quedando en nada.

De acuerdo a un informe en derecho, mandatado por el Ministerio de Hacienda y realizado por los abogados y ex miembros del Tribunal Constitucional, Juan Colombo y Enrique Navarro, el proyecto presenta algunos visos de inconstitucionalidad, puesto que este tipo de modificaciones es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y no de los parlamentarios.

Según el estudio, “El proyecto de ley que motiva el presente informe corresponde a una materia que evidentemente es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al incidir en las atribuciones de un órgano de la administración del Estado, como es precisamente el SII. Ello contraviene una reiterada jurisprudencia del TC”.

Algunos parlamentarios, esperan que el Gobierno no lleve esto al Tribunal Constitucional, porque será un triunfo seguro para ellos.

¿Y la Fiscalía?

En el órgano investigador la postura es la misma que hace unos meses, se requiere que la Fiscalía pueda tener la iniciativa y no tener que depender del órgano recaudador.

Para el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, este informe establece “que la iniciativa es exclusiva de la presidencia es un hecho que discrepamos. Ahora esperamos que el Gobierno se pronuncie sobre este hecho”.

En tanto, el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, quien mantiene un entrevero con el Servicio de Impuestos Internos, a raíz de la no presentación de querellas en delitos tributarios que están relacionados con la arista local del Caso Corpesca, estima que “en la Región existe una buena relación con el organismo, pero en casos relacionados al robo de madera o Masvida. Pero la contingencia hace que nos preocupemos. Yo no tengo problema con esta situación, pero a mí me hace ruido que en delitos como el cohecho y el soborno, que son hechos graves y en donde se afecta la credibilidad del servicio público, están asociados a delitos tributarios, por lo que el SII tiene el deber moral de generar este tipo de acciones”.

Para Contardo, en este tipo de delitos, se debe cautelar una autonomía del Ministerio Público, “existen ciertos tipos de hechos, en donde se involucra a la corrupción, es necesario que se cautele el accionar de la Fiscalía. Se debe seguir debatiendo, pero, a mi juicio, y no representa al organismo, es que en algunos delitos el Ministerio Público debiera accionar de manera independiente”.

En el Ministerio Público local todavía esperan las querellas en contra de dirigentes políticos y parlamentarios involucrados en el caso Corpesca, situación que no ocurre, a pesar de los reiterados oficios al órgano recaudador.

Mientras que en los Tribunales de Justicia, estiman que aquí sólo se debe aplicar la ley, según el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, “la iniciativa tiene que venir desde el Servicio de Impuestos Internos, y siempre ha funcionado así, actualmente corresponde y está bien que siga así”.