Para el lunes quedó fijada la reunión que permitirá a los rectores plantear modificaciones al Proyecto de Reforma a la Educación Superior, que incluye otorgarle mayor participación a las universidades en la toma de decisiones.

Analizar extensamente el proceso legislativo del Proyecto de Reforma a la Educación Superior fue el eje principal de la sesión mensual del Consejo de Rectores que tuvo como sede a la Región del Bío Bío. Además, se informó que el lunes integrantes del G9 se reunirán con el presidente de la Comisión de Educación, Ignacio Walker, para presentar algunas modificaciones.

Luego que en abril se incorporara una indicación sustitutiva y que fuera aprobado, hace una semana,  en particular por la Cámara de Diputados, los rectores se muestran críticos del diseño que tiene el proyecto. Éste a juicio del vicepresidente ejecutivo del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, tiene “regulaciones que nos parece que las instituciones del Consejo de Rectores les generan amenazas e incertidumbres. Por lo tanto, creemos que deben ser modificadas en la discusión que se realice en el Senado”.

Lo que especifican de parte del Cruch es que debe existir un sistema de acceso a la Educación Superior en que las instituciones tengan una participación relevante y evitar que la fijación de vacantes, aranceles y el sistema común de acceso quede reunido en las manos del gobierno de turno.

Las observaciones que realizaron ante la Cámara de Diputados no fueron adoptadas, por eso, deben sumar todos los esfuerzos a que éstas sean recogidas por el Senado. Ante eso, Valle lamentó los resultados del primer trámite constitucional y aseguró que “nosotros no queremos introducir variables que alteren la estructura del proyecto de ley, pero creemos que es posible conciliar la participación de las instituciones y del Gobierno en un sistema de acceso a la Educación Superior”, recalcó.

Por su parte, el rector de la UBB, Héctor Gaete, quien en esta nueva sección actuó de organizador, señaló que “el proyecto así como está, y que esperamos se corrija en el Senado, no resuelve el problema de la duplicidad de los controles de las universidades del Estado. Otro punto importante es valorar la idea de consolidar la gratuidad como un elemento que va más allá de las asignaciones que pueda tener la Ley de Presupuesto Anual”.

Las universidades no estatales

El proyecto de ley, hace una diferenciación entre las universidades del Estado, las seis Católicas y las tres que son corporaciones de derecho privado. Específicamente, en el párrafo 7 del título 3 se establecen condiciones que implicar cambiar las gobernanzas y estatutos.

De esas últimas se encuentra la Universidad de Concepción, Austral y Federico Santa María.

Ante esto, el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, manifestó que “no podemos aceptar de buenas a primeras este punto porque significaría cambiar la tradición de esas universidades que les han permitido desarrollarse de forma exitosa. Por eso, no creemos que porque se quiera, con toda razón, regular el lucro en las universidades que se crearon después de 1981, éstas queden con esa restricción”.

A lo que apunta el rector, es que los aportes básales de esas instituciones queden garantizados por ley y no dependan del presupuesto anual que cada administración decida otorgar a la educación.

Situación de Ufsm

La sede Concepción de la Universidad Técnica Federico Santa María, en el último tiempo se ha visto envuelta en diversos conflictos. Por una parte los alumnos se sienten en desventaja con la realidad de las otras sedes de la casa de estudios y por otro, está la desvinculación de la plana mayor.

Ante esto, el rector de la casa central de Valparaíso, Darcy Fuenzalida, reconoció que “la universidad en Concepción no ha tenido una dinámica de incorporación de infraestructura con la misma fuerza que se ha hecho en otras sedes y es una situación que viene de larga data”.

Para ir avanzando en esa materia, la institución ha establecido mesas de diálogo con los estudiantes, en las que se han explicado las medidas que se están adoptando y los tiempos para realizar los proyectos.

En lo que respecta a la desvinculación del director de la sede penquista, Alejandro Navarro,  explicó que la medida responde a procesos de contraloría y auditoria que se realizaron de las cuales “se detectaron situaciones que no corresponden a la reglamentación nuestra”.

Si bien, el rector no afirmó que se tratará de delitos financieros, aseguró que el tema “se encuentra en un proceso interno de contraloría y nosotros hemos puesto toda la información en manos de la Inspección del Trabajo”.