Diputados de la zona explicaron su voto. Ex directores regionales calificaron el hecho como “una vergüenza”.
Molestia en toda la ciudadanía causó lo ocurrido la tarde del martes en la Cámara de Diputados, donde por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones, fue rechazado el informe de la Comisión Investigadora del Sename II, el cual responsabilizaba a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco frente a la crisis del servicio.
El documento de 535 páginas expone las conclusiones de los parlamentarios tras indagar la forma en que las autoridades atendieron las propuestas planteadas por la primera comisión investigadora sobre la materia en 2014, además contiene 64 propuestas para mejorar el sistema.
Los parlamentarios del oficialismo, que en su mayoría votaron en contra o se abstuvieron, estimaron que el informe fue “parcial” y que no reflejaba los avances que ha promovido el Ejecutivo en la materia. La oposición, cuyos diputados votaron mayoritariamente a favor del informe, criticó el cambio de postura de algunos legisladores de la Nueva Mayoría.
El único parlamentario de ese bloque que votó a favor del documento y además presidente de la comisión, fue el PPD Ramón Farías, quien acusó al ministro Nicolás Eyzaguirre de hacer lobby para que se rechazara el informe.
“Veo con desazón cómo parte de la clase política discute sobre la pertinencia de incluir o no nombres de ex autoridades. Veo con desesperanza que lamentablemente se olvidan que aquí el centro debe ser la infancia y su protección”, dijo el parlamentario oficialista.
De los diputados de la zona, votaron a favor Enrique van Rysselberghe (UDI), Jorge Ulloa (UDI) e Iván Norambuena (UDI), mientras que estuvieron por rechazarlo Jorge Sabag (DC), José Miguel Ortiz (DC), Loreto Carvajal (PPD), Roberto Poblete (PS), Clemira Pacheco (PPD), Cristian Campos (PPD), Carlos Abel Jarpa (Prsd), José Pérez (Prsd) y Manuel Monsalve (PS).
Votos opuestos
Para el diputado van Rysselberghe, “es muy grave que el Gobierno haya intervenido en la Cámara para alinear a sus parlamentarios y echar abajo los contenidos de la comisión sobre el Sename. Claramente, el Ejecutivo demostró una vez su nula voluntad política de investigar, establecer responsabilidades e identificar a los culpables de más de 1300 niños vulnerables del Sename”.
Agregó que “es muy inquietante que el Gobierno asuma una actitud de protección a quienes objetivamente violaron los Derechos Humanos de cientos de niños de nuestro país. Nos parece que ningún gobierno puede amparar ni promover la impunidad en materia de abusos, violaciones y vulneración de los derechos de la infancia. Esperamos que la presidenta Bachelet se pronuncie sobre esta maniobra que pretende desligar a su gobierno de toda responsabilidad en los lamentables episodios ocurrido en el Sename.
Desde la otra vereda, el diputado Jorge Sabag explicó que rechazó el informe porque “lamentablemente, la Cámara de Diputados es una cámara política, y el informe se preocupó más de endosarle las responsabilidades políticas a la ex ministra Javiera Blanco, más allá de buscar soluciones concretas sobre cómo mejorar la atención que el Estado les da a los niños de Sename. Acá se pretendió decir que todo lo que está ocurriendo en el Sename se debe a la gestión de la ministra Blanco, y eso no nos parece, creemos que el tema va mucho más allá”.
Recordó que cuando se acusó constitucionalmente al ministro de Educación Harald Beyer, en 2013, y que le costó su salida del cargo, “yo consideré que era injusto porque él llevaba apenas un año y medio en el cargo”.
Para el parlamentario, si se hubiera aprobado el informe, “Chile Vamos se habría anotado un triunfo al apuntar con el dedo a la ministra Javiera Blanco, pero no había medidas concretas para solucionar el problema”.
“Es una vergüenza”
En la Región del Bío Bío, Jessica Flores, ex directora de Sename, aseguró que esto “demuestra la indolencia y la complicidad de los diputados. Aquí estamos hablando de dejar en la impunidad absoluta la muerte de más de mil niños en manos del Estado, entonces es una vergüenza, es frustrante, es como si todos los diputados patearan en los ataúdes de los niños y les dijeran que nadie los va a defender”.
Flores tampoco manifestó confianza en la labor que está haciendo el fiscal especial del Ministerio Público Marcos Emilfork en esclarecer las muertes de los niños, “porque las penas son un chiste. En el caso de la muerte de la niña Lissette Villa, a las responsables les va a salir costo cero, como en todos los otros casos de los niños que murieron en manos del Estado”.
Recordó que también fracasó la comisión creada durante el gobierno de Sebastián Piñera, “y se usó con fines políticos. Y no se llegó a nada. Esto es transversal, para lo único que yo escucho hablar de los niños es para hablar de la adopción homosexual, porque beneficia a un grupo que vota, que son los homosexuales, pero para nada más”, argumentó.
Robert Contreras, también ex director regional del servicio, calificó de “impresentable e impresionante”, el lobby del Gobierno para lograr que el informe fuera rechazado. Lo más patético fue ver a gente como Camila Vallejo abstenerse, siendo así que ella fue parte de la comisión, entonces es como votar en contra de tu propio trabajo. Esto es darle una bofetada a la infancia vulnerada y a los niños fallecidos”.
Agregó que ahora las conclusiones de la comisión pasan a ser letra muerta, “y no va a causar ningún tipo de obligación al estado chileno, y eso es lo más lamentable, porque se iba a responsabilizar a personas que tuvieron la oportunidad de cambiar el destino de la infancia en Chile y no lo hicieron. Hoy el servicio está intervenido políticamente y sólo importa proteger a sus miembros”.
“No hay voluntad política”
El secretario nacional de la Asociación de Funcionarios de Sename (Afuse), Cristián Araya, calificó de lamentable lo ocurrido, “porque haber estado más de un año investigando y no poder llegar a una conclusión es decepcionante. Da cuenta del desorden de las bancadas de ambos sectores, porque se supone que en este caso se intentó favorecer a la Nueva Mayoría, pero hay que reconocer que en el gobierno de Sebastián Piñera se presentó el proyecto para hacer la separación administrativa del servicio, entre menores vulnerables e infractores de ley, sin cargos nuevos y sin recursos”.
Para el dirigente, hay responsabilidades de todos los gobiernos para solucionar los problemas históricos y estructurales del servicio, donde nunca ha existido voluntad política de ningún gobierno para abordarlo como corresponde”.
Araya agregó que todos los presidentes anteriores prometieron modificaciones y no pasó nada, “entonces no tenemos expectativas de que esto vaya a cambiar porque nunca ha habido voluntad de resolver los problemas de fondo de la institución”. Recordó que no es la primera comisión que se hace para tratar los problemas de Sename que termina sin resultado alguno, “y son los gobiernos los responsables, pero ningún presidente ha querido hacer un cambio de fondo sobre los problemas de la infancia vulnerada de este país. Estamos igual que cuando murió Lissette y a nadie le importa. Todos rasgan vestiduras, pero al momento de resolver, no están”.