Una jornada maratónica se vivió en la comisión de Educación de la Cámara Baja para despachar el articulado que ahora tiene nueva urgencia legislativa.
Con los cambios al Sistema Único de Admisión, SUA, que ahora quedará en manos de una Subsecretaría y no del Consejo de Rectores, fue despachado ayer desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre Educación Superior.
Aldo Valle, vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, había advertido la posibilidad de una burocratización, argumentando que “confunde, lamentablemente, la decisión pública con la decisión gubernamental o con la decisión del gobierno de turno”.
Esto, debido a que “el proyecto radica en la voluntad del Poder Ejecutivo decisiones que hasta ahora han formado parte de órganos colegiados como es el Cruch”.
Consultado en su calidad de vicepresidente alterno del Consejo de Rectores, el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, declinó referirse por el momento al tema, argumentando que están estudiando los antecedentes de lo aprobado ayer en la comisión parlamentaria.
Sin embargo, en entrevistas previas, el titular de la UdeC había manifestado ya su oposición a esta medida.
“Al quedar el SUA en un órgano de Gobierno, político, puede haber problemas respecto de la transparencia que tenga hacia futuro el proceso”, vaticinó en la ocasión.
Además e aprobó una indicación de los parlamentarios para ampliar el Consejo de Rectores y abrirlo a recibir nuevas instituciones que cumplan ciertos requisitos.
Gratuidad
Un punto clave en lo aprobado fue la ratificación de la entrega de gratuidad al sexto decil. Se aprobó el mecanismo propuesto por el Ejecutivo para el financiamiento de este beneficio que, en el futuro dependería del crecimiento del país, es decir, irá en directa relación con el Producto Interno Bruto.
Desde la Comisión de Educación las miradas sobre lo aprobado fueron diversas.
“Algunos dirán que quedó pendiente una fórmula bastante compleja para ir avanzando como es el propósito del Gobierno, pero por lo menos le podemos decir a los jóvenes más vulnerables que pertenecen hasta el sexto decil que tienen garantizada la gratuidad en universidades, institutos y CFT”, manifestó el diputado DC Mario Venegas.
Sin embargo, la visión positiva del proyecto no es unánime. El diputado UDI Jaime Bellolio sostuvo que siente una profunda decepción por cómo fue el trámite de este proyecto de ley. “Siento una tremenda frustración. Este proyecto de ley es un engendro, perjudica a los estudiantes y a las instituciones. Se les promete cosas que son falsas, se juega con las expectativas de los estudiantes, es completamente irresponsable”, planteó.
Entre los artículos que se aprobaron se cuentan sanciones al lucro, que incluso puede ser penado con cárcel; y mayores exigencias en la acreditación de las instituciones de educación superior, que deberán tener al menos 4 años de certificación.