Era el escenario que menos querían que ocurriera en la Fiscalía, pero el que tenía mayores opciones tras la determinación del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, informara que recurrirán a los Tribunales Aduaneros y tributarios en contra de algunas empresas que rectificaron declaraciones de impuestos en el año 2015.
La llegada de Barraza al organismo fiscalizador trajo de la mano una serie de situaciones en las presentaciones judiciales que protegieron a los políticos que aparecieron mencionados en la investigación, que durante ese año, estuvo a cargo del ex fiscal nacional, Sabas Chahuán.
Eliminar frases como “en contra de quienes resulten responsables” o la presentación de querellas con nombre y apellido conocidas jurídicamente como nominativas- fueron parte de las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos que han limitado el trabajo de la Fiscalía, siendo que por mandato constitucional, el SII debe denunciar que todo en donde tengan la sospecha de la existencia de delito y será el Ministerio Público quien investigará.
Esto no ocurrirá en la investigación que sigue el fiscal del Bío Bío, Julio Contardo, ya que no se presentaran acciones legales en contra de las pesqueras, ni quienes realizaron estos documentos. Los beneficiados son el ex alcalde de Lota, Patricio Marchant, el seremi de Obras Públicas, René Carvajal, la contadora cercana a la diputada Clemira Pacheco, Lilian Garrido Vera, entre otros.
De acuerdo a fuentes de Diario Concepción en el organismo, la no presentación de querellas va de la manera con el actuar que ha tenido el ente recaudador desde el año 2015 en causas ligadas al financiamiento irregular de la política, cuando las esquirlas de la bomba de racimo en la que se transformó la investigación en contra de Soquimich llegaron al Palacio de la Moneda.
El fiscal Julio Contardo, en entrevista con Diario Concepción el pasado 7 de mayo, señaló que no sabía todavía el alcance que podría tener esta determinación en la investigación “Existe más de un centenar de diligencias pendientes, por lo que a medida que avance la investigación puedan surgir nuevos antecedentes que remitiremos al SII”.
Para la ex jefa de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete, esta determinación era esperada, “ésta ha sido la tónica desde que apareció Soquimich en el financiamiento irregular de la política. El SII ha retrocedido en su criterio tradicional de que cada vez que aparecía un delito de relevancia, ejercía el proceso penal”.
Para la abogada, el organismo recaudador está actuando de forma arbitraria contra los intereses y objetivos que le señala la ley, “el SII no desea perseguir ningún delito tributario, en donde estén implicadas las grandes empresas y la clase política”.
El abogado del SII que participa en el Caso Corpesca, Manuel Navarrete, fue consultado por esta situación, declinó referirse a esta situación, ya que no maneja antecedentes.
El oficio reservado n° 227 del 16 de junio de 2016 generó polémica al interior del Servicio de Impuestos Internos y en los abogados especialistas en materia tributaria. Allí, el subdirector jurídico, Bernardo Lara, entregó una serie de observaciones que comenzarían a ser consideradas por los fiscalizadores sobre la remisión de antecedentes constitutivos de delitos.
En el documento, de cuatro puntos al que tuvo acceso Diario Concepción, se aprecia que “el director podrá discrecionalmente interponer la respectiva denuncia o querella o enviar los antecedentes al director regional para que persiga la aplicación de la multa que correspondiere a través del procedimiento administrativo”. Esto se suma a que el director analizará si existe el presupuesto para la acción penal.
Pero el punto más polémico para las investigaciones de platas políticas se encuentra al final, allí se pide a los fiscalizadores del SII que “los informes de recopilación de antecedentes deberán excluir todas las eventuales infracciones respecto de las cuales se encuentre cumplido el plazo previsto en el inciso final del artículo 200 del Código Tributario”. Ese plazo es de tres años, por lo que toda opción de delito ocurrida antes de 2013 queda fuera de los informes, siendo que la prescripción judicial de los delitos tributarios es de cinco años.
La filtración de este documento, generó al interior del SII una investigación interna, que derivó en un sumario en contra de funcionarios de la Dirección Regional del organismo en el Bío Bío. Puesto que desde algún personero se habría derivado el archivo. Funcionarios del SII en Concepción, consultados por este hecho, acusaron una caza de brujas en contra de los trabajadores, ya que este tipo de indicaciones va en contra del trabajo de los fiscalizadores.
Diario Concepción intentó tener acceso al sumario, mediante el sistema de Transparencia Activa, pero éste no estaba disponible.
Una señal muy potente envió el pasado viernes el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago a los fiscales que investigan el financiamiento irregular de la política.
Esto luego de que en forma unánime, los 28 ministros de ese tribunal rechazaran el desafuero del diputado de la UDI por la región de Los Lagos, Felipe de Mussy Hiriat, quien se encuentra formalizado por la facilitación de dos boletas ideológicamente falsas por un total de $7.200.000.
De acuerdo al presidente del tribunal capitalino, Miguel Vázquez, 24 ministros estimaron que los hechos imputados no están considerados en la denuncia del Servicio de Impuestos Internos, mientras que cuatro consideraron que si estaban comprendidas en la imputación, pero que existían situaciones de fondo.
Para el fiscal del caso, Carlos Gajardo, la resolución del desafuero debe ser estudiada, “las consecuencias de este fallo, en principio dicen que mientras no exista querella o denuncia del SII no es posible seguir con esta investigación. Con estos antecedentes se reafirma la postura del Ministerio Público de que la normativa que exige la denuncia previa de Impuestos Internos no se viene a cumplir con el mandato de igualdad ante la ley”.