Dentro de las prohibiciones está el tener como socios a personal contratado. El plantel tiene en su junta a 300 de sus académicos. 
 

La que viene será una semana crucial para el proyecto de ley sobre Educación Superior, con jornadas maratónicas al interior de la Comisión de Educación (mañana y el martes) y de definiciones en cuanto al ingreso de indicaciones al texto.

Una semana clave también para el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, no sólo porque se cumplen los 98 años de la institución que lidera, sino también porque mucho de lo que está en juego podría afectar directamente la corporación, tal cual hoy la conocemos. 

Lavanchy está entre quienes creen que es bueno que exista una reforma, pero aclara: "una cosa es estar de acuerdo con el cambio y otra distinta en cómo hay que hacerlo".

A su juicio existen aspectos que se deben revisar cuidadosamente, entre los que, las potestades que tendrá la nueva institucionalidad para la Educación Superior, es una de sus principales preocupaciones. 

"Tenemos que mirar con mucho detalle cuáles son las atribuciones que se le están dando a la Subsecretaría", advierte Lavanchy.

Restricciones

Una de las preocupaciones, en este sentido, y que es trasversal al Consejo de Rectores, es la extirpación del Sistema Único de Admisión de la dependencia del Cruch. 

"Al quedar el SUA en un órgano de Gobierno, político, puede haber problemas respecto de la transparencia que tenga hacia futuro el proceso", vaticinó.

Algo similar pasa con la Superintencia, que presenta también un poder que pone en riesgo el buen funcionamiento de instituciones como la UdeC. Particularmente, en lo que se refiere a reglas y prohibiciones aplicadas a entidades organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, como es el caso de la UdeC.

"Hay cosas que son muy delicadas porque a estas universidades que son del Cruch y que consideramos de esencia pública, se le aplica una norma que es común para todas las que no son estatales… Obviamente quien hace esto no considera o no conoce bien la historia del sistema de Educación, porque, por ejemplo, las católicas están organizadas como de derecho público, lo que implica que quedarían fuera de esto… Hay una serie de desprolijidades en el detalle de la ley".

Estas reglas y prohibiciones se refirió también el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, en su presentación frente a la Comisión de Educación a principios de semana. Valle acusa que el artículo 60 "excluye la participación de personas jurídicas con fines de lucro como asociados en la Corporación", pero tanto la Universidad de Concepción como la Austral, tienen numerosas empresas regionales entre sus asociados, lo que no implica que estos tengan derechos patrimoniales sobre las instituciones. 

Al respecto, el rector UdeC señala: "nosotros tenemos una junta de socios académicos y no académicos y son instituciones que no tienen ningún derecho patrimonial, son sólo colaboradores, pero ya no podrían serlo". 

Asimismo, el artículo 62 dispone que los integrantes del órgano de administración superior no podrán realizar o aprobar actos que contravengan la obligación de destinar sus recursos y reinvertir los excedentes o las ganancias generadas, lo que afecta también al plantel, por cuanto, la institución realiza actos que podrían considerarse ajenos a los fines de la universidad, pero que, en rigor, están orientados a generar recursos para la misión de la casa de estudios. 

También se restringe realizar actos, contratos, convenciones u operaciones, entre otras, con las personas naturales y jurídicas que sean fundadores, asociados o miembros de la institución. "Nosotros tenemos 300 socios académicos", lamenta el rector. Esto implicaría cambiar la estructura de la corporación.

Lo público

Otro de los aspectos que cuestiona el rector UdeC, es que al establecer un proyecto de ley exclusivo para las estatales y evitar de este modo atribuir roles a las instituciones involucradas, se dejó de lado el tema. "Desapareció esa discusión prácticamente".

Saludó la decisión de establecer por ley el fondo basal para las estatales, pero manifestó su preocupación por la situación de las del G9. "Nosotros teníamos en las glosas un basal por desempeño que no aparece en ninguna parte… Pensamos que también por ley debería mantenerse los aportes basales de instituciones como la Universidad de Concepción, porque, para la contratación de sus académicos, para el apoyo a la investigación, etc., la UdeC requiere estabilidad en sus presupuestos".

En materia de aseguramiento de la calidad, además, Lavanchy plantea que "los integrante de la comisión siguen siendo mayoritariamente nombrados por el poder político… pensamos que esto no debe depender de entidades políticas en una proporción muy grande".

Política

Un tema determinante para la construcción de un buen proyecto de ley es evitar, reitera, que lo establecido quede sujeto a contingencias políticos, por esto, manifestó lo complejo que es llevar adelante esta discusión en un año electoral. 

"Los tiempos legislativos que tenemos para una ley de esta envergadura es corto. Sé que el Gobierno quiere que esto salga, pero no sé, depende de la dinámica del Parlamento, si va a ser posible. La ley de aseguramiento de la calidad, hace muchos años atrás tuvo 600 indicaciones y demoró mucho tiempo. Yo no sé si los parlamentarios van a ser capaces de colocarse de acuerdo en un año marcado por lo electoral, en plazos cortos.

– ¿Cómo ve lo que se ha dado a conocer de las propuestas programáticas de los candidatos? Por ejemplo, Sebastián Piñera ha hablado de eliminar la gratuidad…

– Me imagino que lo que va a determinar si es posible llegar (a la gratuidad universal) no es sólo la parte conceptual, sino también la económica. Este gobierno se había planteado también llegar al sexto decil, no sé si eso va a estar en el presupuesto de este año, suponiendo que así sea, de todas maneras el resto de los estudiantes que no acceda a gratuidad tienen que tener los instrumentos que son becas y créditos. 

– Se tiene que mantener la gratuidad…

– Sí, lo contrario es inviable.