La descentralización busca desarrollar polos de poder político local, aumentando la relevancia política de las regiones

 

Este año nuestro país estrenará sistema electoral. La reforma de 2015 modificó el sistema electoral redefiniendo distritos, circunscripciones y número de escaños a escoger. Conforme la nueva división electoral, la región del Bio Bio estará representada por cinco senadores. Pero de aprobarse tal como está el proyecto que crea la nueva región de Ñuble, significará una disminución injustificada y desproporcionada del poder político de nuestra región. 

El proyecto disminuye los senadores de la región del Bio Bio de cinco a tres. Ñuble, por su parte, quedaría representada por dos senadores. No existe en la ley electoral una fórmula para determinar el número de senadores que corresponde a cada circunscripción. La ley directamente señala cuántos senadores habrá por circunscripción, sin especificar cuál es el criterio para determinarlo. No obstante, existe una correlación entre la población de las regiones y la cantidad de escaños. Actualmente Bio Bio escoge la misma cantidad de senadores que Valparaíso (1.800.000 habitantes), Maule (1.050.000 habitantes) y la Araucanía. (1.005.000 habitantes). Otras regiones, como Antofagasta y Los Ríos, escogen tres senadores, otras como Atacama y Aysen, escogerán dos. 

Si se aprueba el proyecto que crea la región de Ñuble, Bio Bio contaría con un aproximado de 1.600.000 habitantes. Maule y la Araucanía, que con una población aproximada de un millón de habitantes estarán representadas por cinco senadores. La consecuencia es que los habitantes del Bio Bio tendrán menor representación política que habitantes de regiones de igual o menor población. Pero también Ñuble queda en una situación de desventaja, ya que con una población proyectada mayor que la de la región de Los Ríos, escogería un senador menos que ésta. 

La descentralización busca desarrollar polos de poder político local, aumentando la relevancia política de las regiones. La aprobación de este proyecto hoy, sin haberse aprobado la ley de elección de gobernadores regionales y sin ley de traspaso de competencias, significa más centralización. Además, quiebra el principio básico de la democracia de la igualdad política, importando una disminución de nuestras las posibilidades de participación en la vida nacional. 

En estas condiciones, el proyecto genera distorsiones democráticas de dudosa constitucionalidad. Si bien la igualdad política no es una igualdad material o de resultado, y ningún sistema electoral asegura un peso idéntico del sufragio de cada votante, la libertad de configuración legislativa en esta materia no exime de respetar una proporcionalidad mínima. No sólo lo exige la lógica y el sentido común, son deberes que la Constitución expresamente asigna al Estado. Este debe asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional (art.1) y el desarrollo equitativo de las regiones (art. 3). Además, toda diferencia arbitraria se encuentran proscrita por la Constitución (art. 19 N°2). Agréguese que el sufragio es un derecho fundamental, que la Constitución expresamente señala debe ser igualitario (art.15) y es deber del Estado promoverlo y respetarlo (art. 5). 

Esta distorsión arbitraria de la representación todavía se puede corregir, y estos argumentos se han hecho presentes al Parlamento durante la discusión legislativa. Recordemos que al tratarse de una modificación a una Ley Orgánica Constitucional, su constitucionalidad ha de ser revisada obligatoriamente por el Tribunal Constitucional antes de entrar en vigencia. 

Las distorsiones que el proyecto introduce deben subsanarse por los poderes electos, adecuando la representación senatorial de las circunscripciones de un modo que se respete la igualdad política, y todos concurramos en igualdad de condiciones a la formación de la voluntad pública independiente de nuestro lugar de residencia. Es lo mínimo que le podemos pedir a la democracia.