La iniciativa legal debe ser aprobada para su primer trámite de proyecto de ley, con un informe negativo de la comisión de Hacienda. Se trata de una iniciativa que lleva 23 meses durmiendo en el Congreso.
 

Marcelo Castro
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"Modifíquese el artículo 162 del Código Tributario, en el inciso primero elimínesela palabra "sólo" y agregase el siguiente inciso "El Ministerio Público podrá investigar y ejercer la acción pública por los delitos tributarios de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones que realizare". 

Este inciso forma parte del proyecto de ley que presentaron en 2015 los diputados PPD Jorge Tarud y Jorge Insunza para modificar la exclusividad que tiene el Servicio de Impuestos Internos en la presentación de acciones judiciales en delitos tributarios. 

La presentación de la iniciativa ocurrió el 19 de marzo de ese año, justo cuando comenzaba a conocerse la investigación que llevaba la Fiscalía en contra de Soquimich y días después de la masiva formalización en el Caso Penta.

De acuerdo a información de Diario Concepción, la votación de este informe se encuentra en el tercer lugar de la tabla de la sesión que ocurrirá la mañana de este martes en la Cámara de Diputados, en donde los parlamentarios deberán aprobar la idea de legislar la modificación del código tributario para permitir a la Fiscalía iniciar investigaciones sin previo requerimiento del SII.

El proyecto agrega un plazo para que Impuestos Internos formalice una denuncia, luego de recibir los antecedentes de una investigación.

Clamor de Ficalía

Esto es lo que están pidiendo desde hace días desde el Ministerio Público, luego de que se conociera que Impuestos Internos aplicará una serie de sanciones pecuniarias a empresas que rectificaron sus declaraciones ante el SII, a raíz de pagos irregulares a la política. Entre estas empresas se encuentran Ripley, Aguas Andinas, Alsacia, Copec, Arauco, entre otras.

Tramitación en la comisión

Este proyecto de ley ingresó a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el 31 de marzo de 2015 y fue analizado en las sesiones de los días 15 y 21 de abril, además del 6 de mayo, en donde participaron los diputados Pepe Auth, Sergio Aguiló, Felipe de Mussy, Enrique Jaramillo, Pablo Lorenzini, Patricio Melero, Ricardo Rincón, Alejandro Santana, Marcelo Schilling, Ernesto Silva, Osvaldo Urrutia, Manuel Monsalve y José Miguel Ortiz.

El resultado de esta comisión fue negativo para la iniciativa, en donde sólo Pepe Auth votó a favor, mientras que Enrique Jaramillo y Manuel Monsalve se abstuvieron y los otros participantes lo rechazaron.

La comisión citó a distintos actores del Ministerio Público, Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos y la Fundación Libertad y Desarrollo.

Desde la Fiscalía, argumentaron que "La novedad de la propuesta radica en que se fija un plazo para que el Servicio comunique su decisión de presentar la denuncia o querella. Transcurrido dicho plazo sin su pronunciamiento, habiendo manifestado su negativa o no ejerciendo las acciones dentro de los plazos que la establecidos, la Fiscalía quedaría facultada para recurrir al Juzgado de Garantía para solicitar autorización para investigar tales delitos tributarios. Una vez concedida la autorización, impide la posterior intervención del Servicio de Impuestos Internos en calidad de querellante o denunciante".

El entonces director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, explicó a los parlamentarios la forma de proceder del organismo y justificó la exclusividad en que "la recopilación de antecedentes es de naturaleza administrativa y se hace por fiscalizadores con alto conocimiento y especializados en auditorias tributarias". Y agrega que los criterios utilizados para las querellas son: reiteración, gravedad, naturaleza del delito, monto de perjuicio fiscal y función ejemplificadora.

Jorrat, además confirmó que existía una buena relación entre el SII y la Fiscalía, además que la demora en las querellas en el caso Soquimich no fueron tales, sino que tres meses es un plazo razonable para este tipo de casos.

La opción de diputados

El diputado socialista Leonardo Soto adelantó a Diario Concepción que votará a favor del proyecto, puesto que "los delitos tributarios no son sólo para evadir tributos, sino que pretenden influir en las políticas públicas para obtener ventajas. Estamos hablando de hechos de alta connotación social que dañan a la democracia y la reputación del país".

Este parlamentario cree que la votación de este martes demostrará quienes están a favor de las empresas y espera revertir el rechazo de la comisión, ya que la transparencia y la acción judicial deben primar.

El diputado Soto espera que sus colegas que han sido mencionados en investigaciones políticas se abstengan de votar, "ya que existirían intereses directos o indirectos de estos en la votación que los podría ayudar o perjudicar".