La Fiscalía Regional del Bío Bío envío tres oficios con antecedentes de delitos tributarios ligados a una decena de personas que habrían prestado boletas por servicios no realizados a pesqueras. A la fecha, el SII no ha dado respuesta.

Marcelo Castro Bustamante
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El 18 de mayo de 2015 finalizó al interior del Servicio de Impuestos Internos una política que generó un verdadero terremoto en el mundo político. Ese día, El Ministerio de Hacienda le solicitó la renuncia a Michel Jorratt, director del organismo que aplicó una serie de querellas criminales por delitos tributarios en el marco de las investigaciones por el financiamiento irregular de la política chilena. 

Días antes, la bomba de racimo en que se transformó la investigación del Caso SQM había dejado a su primer cadáver, el denominado hijo político de la Presidenta Michelle Bachelet, su entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. 

Esta semana, el SII, encabezado por su director nacional, Fernando Barraza, volvió a tomar una decisión que, a juicio de las fuentes consultadas, devolverá la tranquilidad a políticos que, de una u otra forma, se vieron involucrados en situaciones de financiamiento irregular de empresas. Ello después que el Servicio determinara que no presentará nuevas querellas judiciales en estas investigaciones, impidiendo, la posibilidad de acceso del Ministerio Público. Un verdadero retroceso en materia de transparencia y probidad, alcanzados durante la dirección de Jorratt.

En el ojo del huracán

En el año 2014, la Fiscalía Oriente se encontraba investigando un fraude al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), que involucraba a una serie de firmas que, a través del funcionario Iván Álvarez, modificaban informes que les permitía rebajar este tributo.

Entre quienes participaron de este sistema se encuentra Inversiones Santa Sarella, cuya propiedad pertenece al fallecido Hugo Bravo López, quien terminó develando todo un sistema que llegó a La Moneda y que hoy tiene bajo el ojo del huracán a uno de los organismos más confiables del Estado. 

Desde el ente recaudador expresaron que hasta la fecha han cobrado más de $11.650 millones por concepto de diferencias en impuestos ligados a ilícitos tributarios del financiamiento a la política. La mayoría se debe a declaraciones de rentas maliciosamente falsas. Según un informe del propio SII, desde el 2014 a la fecha se han presentado 35 querellas, 5 denuncias y 41 procedimientos sancionatorios en los Tribunales Tributaros y Aduaneros, además de 21 casos en donde no existen antecedentes suficientes.

Para el fiscal Carlos Gajardo, estos "son delitos demasiados graves que afectan al conjunto de la sociedad y que no es razonable que la decisión de perseguirlos o no dependan de una sola persona. En un sistema penal democrático, lo razonables es que delitos de tanta gravedad puedan ser investigados por oficio". El persecutor fue enfático en que sin querellas no puede haber investigaciones.

En tanto, la querellante en el Caso Corpesca, Marisa Navarrete explicó que esta situación demuestra la nula intención del servicio: "la forma de actuar que está teniendo el SII en este tipo de causas da a pensar que no quieren ejercer acciones legales en contra de los involucrados, ya que hay gente de todos lados. En este caso hay políticos del PS y la DC como Clemira Pacheco y Hosain Sabag".

Desde el Consejo de Defensa del Estado, otro de los intervinientes en estas causas, declinaron referirse a la determinación de Impuestos Internos.

Caso Penta: La luz en la oscuridad

El 30 de junio de 2014, el fiscal Carlos Gajardo inició de oficio una investigación con los antecedentes que provenían de las declaraciones de Hugo Bravo en el caso por Fraude al Fut. Estos fueron remitidos al Servicio de Impuestos Internos, que en Agosto presentó una denuncia en contra de siete personas ligadas a Empresas Penta, por una defraudación que rondaría los 660 millones de pesos.

Tuvieron que pasar dos meses para que la causa tomara ribetes políticos. Fue en una de las 10 declaraciones que prestó ante los persecutores, Hugo Bravo señaló que Penta había hecho donaciones irregulares a la Unión Demócrata Independiente (UDI) en las campañas parlamentarias de 2009 y 2013.

Este antecedente involucró a Jovino Novoa, Pablo Zalaquett, Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne y Ernesto Silva. En este periodo se presentaron cuatro querellas en contra de controladores y "todos quienes resulten responsables" de delitos tributarios del artículo 97 del código Tributario.

Con el término del secreto de la investigación, el 30 de diciembre de 2014, se publicaron una serie de antecedentes en los medios de comunicación, como mails entre políticos y controladores del grupo, en donde se solicitaba dineros para campañas. Recordada es la frase del "raspado de la olla" de Iván Moreira.

Para la audiencia de formalización de marzo de ese año, existían tres querellas en contra de los controladores de Grupo Penta y políticos de la UDI y RN.

El Servicio de Impuestos Internos presentó en esta causa una decena de acciones judiciales que se mantendrán a firme en el juicio oral. Según fuentes judiciales consultadas por Diario Concepción, de las acciones judiciales presentadas por el SII, la mitad se encuentra acá.

SQM: La investigación llega a La Moneda

El 25 de enero de 2015, el fiscal Carlos Gajardo abrió una nueva arista en la causa, involucrando a la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, en presuntos pagos irregulares a políticos. Fue mediante la investigación al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, en que lo persecutores llegaron a la empresa ligada a Julio Ponce Lerou. 

La primera del servicio se presentó en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el 23 de marzo de 2015, por delitos tributarios en contra de los representantes legales de SQM, además de dos sociedades.

Tras esta acción, surgió el nombre de Giorgio Martelli, cercano a la G90 del PPD, grupo al que pertenecía el ministro del Interior de la época, Rodrigo Peñailillo. Este nexo dio pie a tensiones entre el Servicio y Palacio, para que no se presentaran acciones legales en contra de la firma, ni de Martelli.

El 11 de mayo, mismo día en que Peñailillo salió del gobierno, el Servicio de Impuestos Internos se querelló en contra de la contadora de la DC, Clara Bensán, ligada a la campaña presidencial de Eduardo Frei y el propio Martelli por delitos tributarios.

En este caso, el SII presentó una decena de querellas en contra de los controladores de la minera y políticos de la derecha y algunos miembros del Partido Radical y Democracia Cristiana.

Además, tras la fallida formalización del consejero nacional de RN Claudio Eguiluz, el organismo tributario comenzó a presentar querellas nominativas, o sea, con nombre y apellido en desmedro de las acciones que apuntaban en contra de "todos quienes resulten responsables".

La última querella se presentó el 14 de abril de 2016, en contra de 30 boleteros, en donde se incluyen a los hijos de los militantes de la Democracia Cristiana, Roberto León y Jorge Pizarro.

Corpesca y Asipes: A la espera de respuestas

La investigación comenzó a principios de 2014, tras una denuncia por posible delito de cohecho por parte de la pesquera ligada al Grupo Angellini a los parlamentarios Marta Isasi y Jaime Orpis durante la tramitación de la Ley de Pesca. 

Los antecedentes permitieron arrojar nuevos delitos al senador de la UDI, que incluían la defraudación al Fisco, mediante la entrega de boletas falsas por asesorías parlamentarias no realizadas, hecho que tiene querella del SII.

También tienen acción judicial las boletas falsas emitidas por Orpis a Corpesca por servicios que nunca se prestaron.

En julio de 2016, el fiscal Emiliano Arias pidió al SII información tributaria de Asipes y pesqueras del Bío Bío, puesto que existen antecedentes en la investigación que involucran a delitos relacionados a la elaboración de boletas falsas por servicios que nunca fueron prestados.

El 16 de agosto de 2016, el Fiscal Nacional Jorge Abbott, sacó de la causa a Emiliano Arias y quedó a cargo de la investigación el Fiscal Regional del Bío Bío, Julio Contardo.

Fuentes de Diario Concepción en la Fiscalía Regional del Bío Bío, confirmaron el envío de tres oficios, aparte del realizado por Arias, en donde se presentan antecedentes de delitos tributarios ligados a una decena de personas que habrían prestado boletas por servicios no realizados a pesqueras. Hasta la publicación de este reportaje, el Servicio de Impuestos Internos no había respondido ninguna de las solicitudes.

La arista Asipes sería la mayor beneficiada con esta decisión de no perseguir judicialmente a quienes cometan delitos tributarios, puesto que los antecedentes todavía están surgiendo en la carpeta investigativa. Esto podría dejar fuera de la indagatoria al seremi de Educación, Sergio Camus y la contadora, cercana a la diputada Clemira Pacheco, Lilian Garrido Vega, entre otros.