Comisión de Educación fijó ayer el plazo para el ingreso de nuevas indicaciones: el próximo 12 de mayo. Esperan poder votar el proyecto durante la primera semana de julio.
 

Tania Merino Macchiavello
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El viernes 12 de mayo fue el plazo fijado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para presentar las indicaciones al proyecto de ley sobre Educación Superior, esto, un día después de que la sala votara a favor, aunque por estrecho margen, la idea de legislar. De este modo, la cámara estaría de posición de votar el texto a más tardar la primera semana de julio y dar cumplimiento a los plazos necesarios para lograr su posterior tramitación en el Senado, antes de la discusión presupuestaria 2018 y del retorno el proyecto sobre Nueva Educación Pública a la sala.

La iniciativa se basa en cinco ejes fundamentales, contemplados en una indicación sustitutiva presentada por el Gobierno el pasado 7 de abril que, entre otros, puntos zanja la creación de una nueva institucionalidad y la continuación de la gratuidad. A esto se suma la promesa de terminar con el Crédito con Aval del Estado, CAE, erradicando a la banca del sistema de financiamiento. 

Desde las instituciones de Educación Superior de la zona, valoraron el respaldo entregado en el Parlamento a la iniciativa. "Era claro que la idea de legislar no se iba a aprobar con amplio margen, pero lo importante es que tenemos un resultado favorable y podemos seguir avanzando", manifestó el rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz.

Para la autoridad académica lo fundamental en este paso es que consagrará el derecho de la gratuidad, evitando que, como ha sido en los dos primeros años, quede sujeto a la discusión del erario. "Vemos con muy buenos ojos que el proyecto se hace cargo de la gratuidad y que de esa forma se implementa a través de una ley estable, que permite una planificación a largo plazo, también la estabilidad del mecanismo y que no sea supeditado a intereses políticos fluctuantes en el tiempo", opinó.

Desde la Universidad del Bío Bío, el rector Héctor Gaete, catalogó también como positivo lo ocurrido en la votación del lunes. "Es bueno poder seguir avanzando. Era impensable que el Gobierno no pudiera ponerse de acuerdo con los parlamentarios en aspectos como incluir la promesa ya hecha en cuanto a la eliminación del CAE", dijo y detalló que "las transferencias que se hacen a la banca derivado del sistema de operación del CAE son superiores al aporte completo que hace el país en materia de educación superior… no tiene sentido esto".

Agregó que lo fundamental es, por el momento, consolidar la gratuidad y garantizar que la calidad sea "obligatoria". "Son temas esenciales que deben acordarse, a lo menos, en esta reforma. Después vienen aspectos de institucionalidad que permiten alcanzar este objetivo. Creo que serían pasos importantes".

Otro de los aspectos que cubre la indicación sustitutiva es la prohibición efectiva del lucro. Así "se consagra el deber de destinar los recursos de las instituciones de educación superior a los fines que les son propios; se incorporan deberes para los integrantes de los órganos de administración superior, particularmente el de velar por el interés de la institución; se regulan las operaciones con personas relacionadas; entre otras materias", explican desde la cámara baja.

Para Schmitz, lo importante es que se consolide una adecuada fiscalización en este aspecto. "Si esto se hubiese hecho en el pasado no estaríamos como estamos. Parece ser que el Ministerio no cuenta con los recursos ni la institucionalidad a mano para garantizar la adecuada vigilancia", indicó, recordando que no es a partir de esta ley que se origina la prohibición de lucrar, sino que ésta ya se encuentra presente en la actual normativa.

En este sentido, detallan desde el Parlamento, la propuesta de gobierno indica que la Superintendencia tendrá las facultades para la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y que, por su parte, las instituciones tendrán también obligaciones de informar para elevar los estándares de transparencia del sistema.