La determinación del ente fiscalizador de no presentar nuevas querellas criminales por elaboración de boletas falsas crearía una nueva situación en las investigaciones que se siguen a nivel nacional, que tendrá un impacto en Bío Bío. A pesar de esta resolución, el SII presentó ayer 5 nuevas querellas por delitos tributarios por el caso SQM, una de ellas en contra del presidente regional de RN. 

 

Marcelo Castro Bustamante
contacto@diarioconcepcion.cl

Era un escenario que los intervinientes en los casos de financiamiento irregular de la política venían vaticinando hace meses. La nula intención del Servicio de Impuestos Internos de presentar acciones judiciales en contra de las empresas y los boleteros de documentos ideológicamente falsos ligados al financiamiento irregular de la política.

Todo partió en el año 2014, cuando el martillero público Jorge Valdivia declaró sobre un sistema para defraudar al FUT, en donde uno de los participantes era el fallecido Hugo Bravo López, en ese entonces gerente general del Grupo Penta. Allí comenzó un vendaval de acciones, denuncias y diligencias que desentramó una serie de pagos a políticos de los distintos espectros del país, por parte de distintas empresas.

En esa época, como director del SII estaba Michel Jorrat, quien realizó una serie de denuncias en "contra de todos quienes resulten responsables", situación que permitió a los fiscales avanzar en distintas causas que tienen a más 200 personas formalizadas. De acuerdo al SII, el perjuicio fiscal por los casos que involucran a políticos alcanzan a $11.656 millones, de los cuales 4.139 se han obtenido vía sanciones pecuniarias.

En la Región del Bío Bío, los tres grandes casos –Penta, SQM y Corpesca- tienen involucrados. Pero, ¿la situación judicial de ellos se ve modificada con esta decisión?

En el Caso Penta la respuesta es no, puesto que existe una querella del organismo en contra del funcionario de la UDD, Ignacio Ternicier, quien facilitó una boleta por $5 millones de pesos a Jovino Novoa, dinero que fue a parar a la campaña de Ena von Baer. Eso sí, desde el Ministerio Público mantienen abierta la posibilidad de realizar un juicio abreviado en su contra.

Los culpables de la decisión

Fuentes del Servicio Impuestos Internos atribuyen la decisión a los escuálidos montos solicitados por la Fiscalía en las salidas alternativas que se han realizado en el caso SQM. En esta indagación, que suma 150 formalizados, 11 de ellos están ligados a pagos irregulares al actual presidente regional de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz.Cabe consignar que hasta el minuto, la red de boleteros que lideraba, emitió boletas para SQM por un monto que asciende a casi $200 millones de pesos.

Sin embargo, pese a la decisión del SII, informada el domingo por La Tercera, el mismo servicio ayer anunció la presentación de 5 nuevas ampliaciones de querellas por delitos tributarios en el caso SQM, una de ellas en contra del presidente regional de RN. 

No más querellas

En estos procedimientos, la Fiscalía pide una serie de condiciones para que al término de un año queden sin antecedentes. Entre estas se encuentra que paguen parte de lo defraudado, cifras que bordean el 5% o 10% del total. Desde el SII creen que a través de los procedimientos ante el Tribunal Tributario y Aduanero –TTA- lograran la restitución de mayor cantidad de dinero.

Tal como lo informó Diario Concepción en septiembre del año pasado, tres formalizados en esta arista accedieron a la salida alternativa. Se trata de Luisa Figueroa, Ninfa Gatica y Pilar Torres, quienes no deberán cometer ningún delito, fijar domicilio y pagar el 5% del monto defraudado en 10 ó12 cuotas. En esa ocasión, la fiscal Paola Castiglione señaló que el monto defraudado al erario nacional corresponde a $80 millones de pesos, de los cuales sólo terminarán pagando cuatro millones de pesos.

No hay querellas

La situación es distinta en el Caso Corpesca, puesto que no existen querellas del Servicio de Impuestos Internos en contra de ninguno de los mencionados en la arista que involucra a las pesqueras de la zona. Esto a pesar de que la Fiscalía Regional del Bío Bío, a cargo de Julio Contardo, remitió una serie de antecedentes que acreditarían la elaboración de boletas ideológicamente falsas a Asipes y sus asociadas.

Aquí se encuentran las boletas emitidas por la contadora Lilian Garrido Vega, entre los años 2011 y 2013 a Asipes, en donde no existen respaldos de los trabajos. Según la investigación, estos dineros habrían ido a parar a parlamentarios de la zona.

El nexo surge ya que Garrido Vega desempeñó funciones en la Sociedad Educacional San Pedro Limitada, cuya propiedad pertenece a los hermanos de la parlamentaria, y en la cual Pacheco tuvo participación hasta el año 2006.

Los distintos querellantes en la causa creen que la determinación del SII frenaría los delitos tributarios, y de paso, a los de cohecho y soborno, en donde no es necesaria una denuncia del recaudador.

Para la abogada Marisa Navarrete, que representa a Fenaspar, la situación es grave, puesto que representa un freno institucional, por parte del Ejecutivo, a investigaciones judiciales que los involucran.

Cabe consignar, que el SII es querellante en la causa, pero sólo en lo que involucra a Corpesca, en donde existe una denuncia realizada en el año 2014.

 

El inicio de las querellas nominativas por el SII

En la fallida formalización a Claudio Eguiluz de julio del 2015, comenzó el debate entre los tribunales y la Fiscalía sobre el tipo de querellas que debía presentar el Servicio de Impuestos Internos en estas investigaciones sobre el financiamiento irregular de la política.

En esa audiencia, la jueza –retirada- del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ema Tapia Torres, decidió no realizar la formalización, puesto que no existía una querella nominativa en contra de Claudio Eguiluz, sino que era "en contra de todos quienes resulten responsables".

En esa ocasión, la magistrada argumentó que existía "una falta de requisito para proceder penalmente". Tanto la decisión como el argumento sorprendieron a los fiscales, puesto que otros jueces del tribunal habían permitido formalizaciones sin la necesidad de una querella.

A lo anterior, se suma otra negativa de la jueza Tapia a favor de Eguiluz. Puesto que rechazó el alzamiento de las cuentas bancarias del actual presidente regional de RN, basándose en el artículo 154 de la Ley General de Bancos, en donde se expresa que el alzamiento lo es sobre operaciones bancarias específicas y no de forma amplia.

Finalmente, ambas decisiones de la magistrada Ema Tapia Torres fueron revocadas.