Sergio Camus, quien apareció mencionado en arista Asipes junto a otros personeros de la Región, sólo emitió una declaración pública. Intendente pidió esperar trabajo del Ministerio Público.
Sergio Camus, quien apareció mencionado en arista Asipes junto a otros personeros de la Región, sólo emitió una declaración pública. Intendente pidió esperar trabajo del Ministerio Público.
Equipo Diario Concepción
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Es un hecho que el seremi de Educación, Sergio Camus, no lo está pasando bien, luego que se conociera que su nombre figuraba en un lista de personeros políticos que han recibido aportes y pagos de algunas pesqueras del Bío Bío, y que están siendo investigados por el Ministerio Público.
Lo anterior, en el marco de la arista Asipes del caso Corpesca.
Camus, quien también oficia en la actualidad como seremi (s) del Deporte (la seremi no cuenta con una autoridad titular desde la salida del actual gobernador de Ñuble Álvaro Miguieles, a fines de noviembre del año pasado), participó ayer de la ceremonia de lanzamiento oficial de los Juegos Deportivos Nacionales, efectuada en el hotel Sonesta.
Pese a ser la autoridad regional de área y en presencia del ministro del Deporte, Pablo Squella, Camus se retiró minutos antes del término de la ceremonia, evitando así los micrófonos de la prensa.
En ese contexto, fue el intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, quien debió salir al paso de publicaciones como la de este medio y Ciper.
La máxima autoridad regional aseguró que Camus tomó contacto con él, durante la jornada del lunes, y le comunicó que había recibido el llamado de Ciper. En el medio, en efecto, se manifiesta que hubo un intento de comunicarse con él, aunque en la seremi "dijeron que responderían la solicitud (…), pero nunca lo hicieron".
"Me reconoció que había efectuado un trabajo de acuerdo a su profesión, él es abogado. Y, sobre esa materia, hay una investigación y hago fe de lo que me ha dicho el seremi (Camus), no tengo por qué desconfiar de lo que me dice. Además, esto ocurrió el 2009, y él nunca ejerció una labor parlamentaria, no ha tenido nada que ver con lo que está en cuestión, que es la Ley de Pesca", manifestó el intendente.
La máxima autoridad agregó que no cuestionaba el hecho que un trabajador del sector público pudiera efectuar trabajos fuera de sus funciones ordinarias, lo anterior, al ser consultado por la eventualidad que el abogado haya realizado trabajos profesionales a privados siendo funcionario público.
"La libertad de trabajo está establecida en nuestra Constitución", aseguró, y ejemplificó lo anterior con el trabajo que podría realizar un conductor de TV animando eventos a empresas públicas o privadas.
Díaz dijo que lo que le parecía mal era la relación de la política con el dinero, y en ello, aclaró, "hay que dejar que el Ministerio Público trabaje".
De todas maneras, Camus, quien declinó contestar las preguntas de Diario Concepción, emitió una declaración pública, donde manifestó que "en 2009, presté servicios profesionales de seguimiento de causas judiciales a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), trabajo que fue remunerado a través de dos boletas de honorarios en octubre y noviembre de ese año, dicha relación de prestación de servicios se circunscribe únicamente a ese período, en el cual yo no trabajaba en el Gobierno ni tenía incompatibilidades para prestar dichos servicios jurídicos profesionales".
En la declaración, de cinco párrafos, el seremi agrega que "en ejercicio del cargo de secretario ministerial de Educación y en funciones anteriores, no ha existido razón alguna que ponga en duda la capacidad e idoneidad para cumplir las funciones que me han sido asignadas, con total apego a las leyes y normas vigentes".
Cierra desestimando "cualquier vinculación que se intente generar, a partir de servicios prestados y los casos que hoy investiga la justicia y que son de amplio conocimiento público".
Lota Protein
También hubo otras reacciones. La pesquera Lota Protein en un declaración pública de seis puntos, explicó que "los pagos realizados a Patricio Marchant corresponden a servicios prestados como asesor en relaciones con la comunidad de Lota. Estos servicios se prestaron mientras el señor Marchant no ejercía cargo público".
Como se recordará, uno de los hechos investigados por el Ministerio Público se relaciona con una veintena de boletas emitidas por el jefe comunal lotino a la citada empresa, entre el 23 de junio de 2010 y el 22 de agosto de 2012, que en total suman unos $18 millones.
Cabe precisar que Marchant condujo los destinos de la comuna minero entre 2012 y 2016, y antes lo había hecho entre durante dos períodos, entre el año 2000 y el 2008.
Diario Concepción también intentó hablar con la diputada del Distrito 45, Clemira Pacheco, pero al igual que Camus, sólo se refirió a través de una declaración pública.
Firmado por su asesora de prensa, el escrito dice que a la diputada "le interesa que las investigaciones que realiza la Fiscalía Regional en este ámbito avancen y permitan aclarar estos hechos para así despejar dudas y evitar especulaciones e interpretaciones. Que en ese sentido, no es su ánimo entorpecer esa labor emitiendo más declaraciones ni comentarios en torno a esta situación".
En relación a los aportes reservados, dice que se hicieron en el marco de la ley vigente, y "no tiene más que señalar al respecto".
Asipes "dispara"
Revelaciones periodísticas permitieron “conocer el financiamiento a las Pequeñas Empresas Pesqueras, agrupadas en Pymepes, a través de su gerente, Alfredo Irarrázaval”, señala Asipes.
La Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, a raíz de las últimas revelaciones periodísticas respecto de financiamiento irregular a la política, envió ayer un comunicado público afirmando que: “La investigación de Ciper permite conocer lo que Asipes ha denunciado desde largo tiempo, respecto que Lota Protein desarrolla en Chile una enorme y millonaria campaña destinada a imponer sus puntos de vista, financiando organizaciones afines a sus intereses y crear un clima político-comunicacional que permita el ingreso al mar chileno de la empresa Triple Nine Group, multinacional noruega a la que Lota Protein pertenece”.
En el documento, Asipes señala que es “importante recordar que durante la tramitación de la actual Ley de Pesca confluyeron dos grandes posiciones; una representada por la industria pesquera chilena y que públicamente mantuvo la defensa de la sostenibilidad de los recursos marinos y la prolongación de los derechos de extracción y, una segunda posición, representada por la pesquera noruega Lota Protein y organizaciones afines que fueron creadas durante esa época: Condepp y Fenaspar (pescadores artesanales) Pymepes (pequeñas pesqueras) y Fetrapes (trabajadores de plantas pesqueras), que impulsaban la subasta o licitación internacional de los recursos pesqueros chilenos y hoy la anulación del cuerpo legal”.
Y concluye que seguirá “colaborando con las investigaciones judiciales que la afectan”.