Instituciones no estatales del Consejo de Rectores aseguran que no sólo hubo incumplimiento por parte del Gobierno de acuerdos asumidos previo a la votación. También lo hubo de parte de algunos rectores.
Instituciones no estatales del Consejo de Rectores aseguran que no sólo hubo incumplimiento por parte del Gobierno de acuerdos asumidos previo a la votación. También lo hubo de parte de algunos rectores.
Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl
Un incremento en $12 mil millones significó el acuerdo alcanzado la madrugada del lunes en la comisión mixta de presupuesto y ratificado ayer por las cámaras. De ellos, $8 mil millones fueron destinados a la ampliación de becas, de las que 3.500 estarán orientados a instituciones privadas, más de $3 mil millones serán destinados a la educación estatal y $500 a las universidades del G9 ubicadas fuera de la Región Metropolitana, lo que excluye a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decir, el monto deberá dividirse entre las ocho instituciones restantes.
De este modo, el presupuesto fortalece a las universidades estatales mediante un aporte financiado con un préstamo del Banco Mundial e incrementa el aporte basal que originalmente establecía $6 mil millones a más de $9 mil millones.
Aunque hubo diferencias en cuanto a lo aprobado, como en el caso del diputado Giorgio Jackson, quien calificó lo emanado de la comisión mixta como el resultado de un "chantaje", sí hubo consenso en cuanto a algunos avances de lo aprobado, por ejemplo, en cuanto a la ampliación de la gratuidad al sector técnico profesional, aunque con discrepancias en la fórmula.
Quedó pendiente la tramitación de una ley corta complementaria que permita mejorar lo aprobado hace unos días en materia de traspaso de los IPs y CFTs a sociedades sin fines de lucro y que fue asumido como un compromiso por parte del Ejecutivo.
Tal como lo planteó el diputado José Miguel Ortiz, quien presentó una indicación orientada a que "en el caso de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que no están organizados como personas jurídicas sin fines de lucro tendrá cumplimiento este requisito siempre y cuando el 100% de sus socios o accionistas sean personas jurídicas sin fines de lucro y los beneficios de su actividad se destinen al mismo IP o CFT o exclusivamente al giro de sus accionistas".
Se trata, dijo Ortiz, de una discusión que debiera llevarse a cabo en los próximos días.
Acento en lo estatal
El acento en lo estatal que tuvo esta ley de presupuesto generó reacciones de parte de los planteles no estatales al interior del Consejo de Rectores, quienes desde el principio de la tramitación habían abogado por un trato equivalente. Argumentaron que como consecuencia de lo aprobado se verán disminuidos sus recursos.
En este sentido, para el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, el aporte entregado a las tradicionales de regiones (los $500 millones), "es prácticamente simbólico".
"No evalúo bien el proceso, ni las iniciativas del Ejecutivo respecto de la presentación inicial del proyecto de financiamiento que es la que lleva al final a estas negociaciones", dijo.
Desde la Universidad Austral, el rector Oscar Galindo, criticó que "el país no puede seguir en esta línea de hacer políticas públicas de esta envergadura a partir de la ley de presupuesto. En la práctica aquí se acaba de cambiar o comprometer de forma estructural el sistema de financiamiento estudiantil en una discusión que se dio en unas horas de manera apresurada y sin garantizar ni contemplar los efectos".
Tanto el representante UdeC como el Uach lamentaron además el incumplimiento de compromisos como la reasignación del desaparecido Aporte Fiscal Indirecto, y de otros como el reajuste del 5% anual del Directo. "Nuevamente las grandes instituciones perjudicadas han sido las públicas no estatales del Consejo de Rectores", lamentó Galindo.
Ruptura en el Cruch
Lo sucedido marcará un quiebre al interior del Consejo de Rectores, en especial, luego de la intervención realizada por los rectores de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y de la de Santiago, Juan Manuel Zolezzi antes de la votación en la comisión mixta el lunes, donde se entregó una carta a los parlamentarios y se ejercieron declaraciones que pudieron influir en lo decidido en la sala.
"Hay algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría -dijo Zolezzi en la ocasión- que simplemente no les interesa el Estado de Chile, están en otra, comprometidos con otras universidades y eso hace la diferencia… Me han defraudado".
Desde el interior del G9 condenaron estas declaraciones que, dijeron se oponen a lo conciliado al interior del último plenario del Consejo de Rectores el jueves recién pasado en Magallanes. "Vemos que hay una posición de un sector del Cruch que contradice lo acordado… y otro rector como el de la Usach que critica a los parlamentarios que han tratado de defender a las universidades regionales", manifestó el representante UdeC.
"No las esperaba de él, creo que está profundamente equivocada, que su visión es extremadamente metropolitana y no comprende cómo se ha desarrollado el sistema de Educación Superior en regiones", complementó Galindo.